La vicepresidenta Díaz es abrazada por el fiscal general del Estado ante el presidente del Constitucional
¿De quién depende la Fiscalía?
El Gobierno retoma su plan de quitar las instrucciones a los jueces y dárselas a la Fiscalía que controla
El Ministerio de Justicia diseña una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que crea la figura del «fiscal investigador», una idea que ya abordó el Gobierno en 2020 no sin polémica
Con Félix Bolaños al frente del Ministerio de Justicia, el Gobierno ha retomado su plan para que las instrucciones dejen de estar en manos de los jueces y pasen a ser competencia de la Fiscalía General del Estado, que dirige Álvaro García Ortiz en medio de una fuerte contestación interna.
Esta propuesta llegó a estar encima de la mesa de Pedro Sánchez en noviembre de 2020, en plena pandemia, cuando el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de una nueva Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal. Por aquel entonces llevaba la cartera de Justicia Juan Carlos Campo, hoy magistrado del Tribunal Constitucional.
Sin embargo, los meses y los años fueron pasando sin avances. Hasta ahora, precisamente cuando el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno está instruyendo el caso PSOE, con ramificaciones en varios ministerios -Transportes a la cabeza- y en los gobiernos de Baleares y Canarias. Caso, además, que podría acabar en el Tribunal Supremo si el magistrado señala a algún aforado. Por ejemplo, José Luis Ábalos.
«Del siglo XIX»
El propio Bolaños adelantó hace dos semanas que el Ejecutivo quiere desbloquear este año la aprobación de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal porque la actual data de 1882, recordó (aunque ha sido reformada varias veces). Para ello, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes la ha incluido en el Plan Anual Normativo de 2024, que es la agenda legislativa que se marca el Gobierno para cada año. Cuando lo anunció, el ministro no dio más detalles. Simplemente sostuvo que la Lecrim debe adaptarse «al siglo XXI» porque es del «siglo XIX».
Sin embargo, el Portal de la Transparencia ha publicado ahora el Plan Anual Normativo 2024 íntegro y, en él, el Ministerio de Justicia confirma de forma crípticamente dos de los puntos esenciales de la futura norma: «Se pretende modernizar y actualizar la regulación del proceso penal a partir de dos principios: la coherencia con el modelo constitucional de la justicia y la armonización con el derecho de la Unión Europea. Asimismo, se atribuye la investigación al fiscal y se incorpora la nueva figura del Fiscal Europeo».
La pretensión del Gobierno es crear la figura del «fiscal investigador» y que éste tenga las competencias para practicar las diligencias, una tarea que actualmente recae juez instructor en las causas penales. El Ejecutivo sostiene que, en la mayoría de los países de la UE ya son los fiscales los que instruyen, no los jueces. Sin embargo, el problema es que en España la Fiscalía General del Estado depende orgánicamente del Gobierno, como se encargó de dejar claro Pedro Sánchez en aquella célebre entrevista en RNE. De hecho, él nombró a Dolores Delgado fiscal general del Estado recién cesada como su ministra de Justicia.
El fiscal general del Estado junto al ministro Bolaños
Tanto entonces con ella al frente como ahora con su sucesor y pupilo, Álvaro García Ortiz, la Fiscalía ha dado muestras de su obediencia a las consignas del Ejecutivo. El caso más reciente es lo sucedido en la Fiscalía del Tribunal Supremo. En febrero, la Junta de Fiscales del alto tribunal se mostró partidaria del procesamiento de Carles Puigdemont por terrorismo, al considerar sus miembros que el expresidente catalán ejerció el «liderazgo absoluto» de Tsunami Democràtic.
Como la decisión no gustó al Ejecutivo, García Ortiz se las ingenió para que el criterio definitivo no fuera el de la Junta de Fiscales sino el de la teniente fiscal del Supremo y persona de su confianza, María Ángeles Sánchez Conde. Ésta emitió un informe rechazando la imputación de Puigdemont por ese presunto delito, aunque finalmente la Sala de lo Penal del TS hizo caso omiso y abrió causa penal contra el prófugo a finales de febrero.
El Gobierno no tiene en su agenda una reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal que complemente la nueva Lecrim
Ya cuando el Gobierno aprobó aquel primer anteproyecto en 2020, jueces y fiscales advirtieron de que, si la investigación iba a recaer en los segundos, la nueva Lecrim debía ir necesariamente acompañada de una reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal que cambie el sistema de elección de los fiscales y refuerce su autonomía. Sin embargo, el Plan Anual Normativo de 2024 no recoge ningún plan al respecto por parte del Gobierno.
Las reuniones de Bolaños
Precisamente esta semana, Bolaños ha mantenido reuniones con los representantes de las tres asociaciones mayoritarias en la carrera fiscal: la Asociación de Fiscales, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales. La nueva Lecrim fue uno de los asuntos tratados con ellos, aunque el comunicado enviado por su gabinete fue muy escueto al respecto. Hablaba de la determinación del ministro por dar «el impulso definitivo de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para situar nuestro procedimiento de instrucción en los mismos parámetros que los de nuestros homólogos europeos, en los que la Fiscalía tiene un papel mucho más relevante en la investigación de delitos y en el impulso de procesos judiciales».
Esta nueva Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal que persigue el Ejecutivo parece cerrar la puerta a la oferta que hizo Sánchez a Puigdemont en febrero, después de que Junts echara atrás la ley de amnistía porque no contaba con suficientes garantías frente a los jueces, según ellos. Entonces, el presidente lanzó la propuesta de reformar el artículo 324 de la Lecrim para que los jueces no pudieran prorrogar sus investigaciones más allá de los 12 meses iniciales, salvo que lo pidiera la Fiscalía.
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