Félix Bolaños y Vicente Guilarte
Tribunales
El Supremo pide a Bolaños más refuerzos para las vacantes de magistrados que el CGPJ no puede nombrar
El Alto Tribunal acumula más de un tercio del total de la plantilla, prevista en la ley, sin cubrir
Las veinticinco vacantes de magistrados que acumula el Supremo, tras el bloqueo del Gobierno a los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hacen la situación del Alto Tribunal insostenible. Así se lo han trasladado, este lunes, los presidentes de cada una de las Salas –por la Segunda, Manuel Marchena; de la Tercera, en funciones, Pablo Lucas; por la Cuarta Antonio Sempere, también en funciones; y, de parte de la Quinta, Jacobo Barja de Quiroga; además de los miembros electos Ignacio Sancho, Antonio del Moral, Susana Polo y Dimitry Berberoff; el secretario de Gobierno, Tomás Ruano; y, el director del Gabinete Técnico, Juan Manuel San Cristóbal– al ministro de Justicia, Félix Bolaños.
Todos ellos a quien le han pedido que amplíe el plan de refuerzo vigente para suplir las carencias de las bajas por jubilación, fallecimiento y/o excedencia de un tercio del total de los jueces que, de acuerdo con la ley, deben integrar la plantilla del órgano. Sin embargo, tras agradecer el «sobreesfuerzo» de los juristas en activo, Bolaños se ha limitado a asegurar que la reducción de efectivos «no se está viendo reflejada» en un descenso de los asuntos resueltos por el TS.
La Sala de Gobierno ha estado encabezada por el presidente interino del Supremo, Francisco Marín Castán, ha insistido, también, en cómo el refuerzo del Gabinete Técnico debe hacerse mediante comisiones de servicio anuales y no semestrales y que se acompañe de personal administrativo de apoyo. Es decir, que permita atender el volumen de tareas –traslado de expedientes, registro de asuntos, volcado de resoluciones, etc– resultado del incremento de los niveles de resolución del Alto Tribunal logrados gracias al refuerzo de los técnicos.
Además, el órgano de gobierno del Alto Tribunal ha indicado que ese plan de refuerzo debería mantenerse por el tiempo necesario aún en el caso de que se produjera la renovación del Consejo General del Poder Judicial, para lo que todavía no hay una fecha prevista, y el consiguiente nombramiento de nuevos magistrados y magistradas, cuya incorporación no haría desaparecer la acumulación de asuntos que se ha producido en este periodo.
Cabe recordar que, desde la entrada en vigor de la reforma exprés aprobada por el PSOE y Podemos, durante la pasada legislatura, que impide al CGPJ realizar nombramientos discrecionales, mientras se encuentre en funciones, ha provocado que el Supremo se encuentre, a día de hoy, sin presidente ni vicepresidente titulares, lo que representa una merma del 31,25 % del total de sus miembros en circunstancias normales.
La necesidad de una plantilla estable
Una de las preocupaciones expresadas por la Sala de Gobierno durante la reunión ha sido la referida a la falta de estabilidad de la plantilla y a las dificultades para la cobertura de plazas vacantes, derivada de las condiciones económicas en el Alto Tribunal.
Así, el personal funcionario está mejor retribuido en cualquier órgano judicial de las Comunidades Autónomas con las competencias transferidas en materia de Justicia y, especialmente, en los Juzgados de Instrucción, donde se cobran las guardias. Esta situación se extiende a los letrados del Gabinete Técnico, cuya retribución salarial anual neta es muy inferior a la de los de órganos constitucionales como el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional.
A esto se añade la desigualdad salarial entre letrados coordinadores en función de su cuerpo de origen, ya que los de procedencia no judicial no perciben el mismo complemento de destino. La Sala de Gobierno estima necesaria la aprobación de la Ley del Estatuto del Gabinete Técnico del Supremo. Una materia pendiente que se deriva del mandato de la Ley Orgánica del Poder Judicial desde el año 2015.
Para solucionar estos problemas, los presidentes de las cinco Salas del Supremo han reclamado estímulos económicos y profesionales que hagan del Alto Tribunal un destino atractivo para letrados y funcionarios, modificando -previas las reformas legislativas necesarias- el sistema de acceso de estos últimos, que en la actualidad se basa solo en criterios de antigüedad.
Además, entre las necesidades más acuciantes del Supremo señaladas por su Sala de gobierno se encuentra la de disponer de un equipo propio de Informática que haga posible la asistencia inmediata ante cualquier incidencia. El servicio de Informática del Alto Tribunal está dotado de poco personal en la actualidad y, para solventar cualquier problema, es preciso abrir una incidencia en el Centro de Atención al Usuario (CAU) y esperar la respuesta de éste, lo que puede demorar la resolución de las situaciones más urgentes.
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