El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte y el ministro de Justicia, Félix Bolaños
Tribunales
Un tercio del Tribunal Supremo quedará vacante si Reynders no logra renovar el CGPJ antes de su dimisión
El comisario de Justicia de la UE confía en que en las próximas cuatro semanas PP y PSOE logren alcanzar un acuerdo para designar un nuevo órgano de los jueces, prorrogado desde 2018
Didier Reynders, el comisario de Justicia de la Unión Europea, saldrá de su cargo actual para defender su candidatura a la Presidencia del Consejo de Europa, el próximo 25 de abril, como él mismo comunicaba esta semana en una nota oficial. En ella, Reynders se reservaba un mes de plazo más, para lograr el acuerdo entre PP y PSOE para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) después de que la última reunión prevista en Madrid, bajo su mediación, quedase aplazada sin fecha tras comprobar que las negociaciones entre ambas formaciones políticas habían entrado en vía muerta. Y, con ello, cualquier posibilidad de atajar la sangría de vacantes que están sufriendo los más altos tribunales en nuestro país, ante un CGPJ que tiene bloqueados los nombramientos de jueces y magistrados.
Pese a ello, Reynders no ha querido renunciar a su cargo sin insistir en el pacto. Y es que él mismo, al término del último encuentro celebrado en Estrasburgo (Francia) con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el responsable del área jurídica de los populares, Esteban González Pons se mostró muy confiado en la posibilidad de llegar a un punto de entendimiento entre la negativa de los populares a cualquier designación, sin modificar el actual sistema de elección de los vocales, y el interés de los socialistas por continuar, una vez más, con el intecambio de cromos.
El todavía comisario de Justicia es consciente de la importancia de que el CGPJ español quede conformado con nuevos miembros cuanto antes, tras más de cuatro cinco años de prórroga, no sólo para fijar un nuevo mecanismo de elección, menos politicado y más adecuado a los estándares europeos, sino además para garantizar que el órgano recupera su función constitucional para poder cubrir los huecos de magistrados y jueces que se han ido dejando sin cubrir, en una gran parte de los tribunales españoles. Entre ellos, el Supremo que acumula ya más de un tercio de sus plazas desiertas.
Y es que, con la última excedencia voluntaria del magistrado Juan María Díaz Fraile, el pasado mes de enero, la Sala Primera del Alto Tribunal se quedaba con solo siete de los diez magistrados que deben conformarla. Una salida que se sumaba al resto de las ya sufridas por la cúpula judicial y que ascienden ya a cerca de las 90, en total. Un escenario que sitúa al Supremo en una delicada y preocupante colección de vacantes, al 70% de su capacidad, debido a la falta de acuerdo para renovar el CGPJ que debe arreglarlo.
De hecho, ante la imposibilidad de que sea el Consejo quien asuma los nombramientos, el pasado mes de febrero, el Alto Tribunal de veía obligado a incrementar los efectivos de su gabinete técnico, con un coste anual estimado en 2,5 millones de euros, según datos oficiales; y, a prever la apertura de procesos de comisión de servicio para subsanar de manera temporal la carencia de jueces y magistrados en puestos clave para el buen funcionamiento de la Administración de Justicia.
Reynders es consciente de que la situación del Supremo es muy preocupante pero no única, ni aislada. El patrón se extiende a la Audiencia Nacional, donde todavía no se ha cubierto la plaza de la ex presidenta de la Sala Penal Concepción Espejel, tras ser designada como magistrada del Constitucional; los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos que adolcecen de cerca de 35 profesionales, en total. Por su parte, las Audiencias Provinciales se sitúan en 25 más. A todos ellos, según el propio listado del CGPJ hay que añadir otros cinco magistrados autonómicos que se han jubilado y cuyos sustitutos no han podido ser designados hasta la fecha.
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