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15 de junio de 2024

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, preside la Junta de Sala del Supremo

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, preside la Junta de Sala del SupremoMinisterio Fiscal

Tribunales

García Ortiz activa a su mayoría afín en la Junta de fiscales para archivar la querella del novio de Ayuso

Una parte del Pleno apoya a la fiscal del caso que se ha negado a cumplir el criterio impuesto por la número dos de la Fiscalía. Considera que en la nota de la Fiscalía Provincial de Madrid pudieron cometerse varios delitos y «hay que investigar para esclarecerlo»

La Junta de fiscales de Sala del Supremo tendrá que intervenir, este miércoles a partir de las 09.00 horas, en un Pleno extraordinario instado por la teniente fiscal Ángeles Sánchez Conde para resolver el cisma provocado en el seno del Ministerio Público por su intento de imponer el archivo de la querella del novio de Isabel Díaz Ayuso, contra la Fiscalía Provincial de Madrid, tras la filtración de sus datos confidenciales contenidos en una investigación tributaria.

La cita no será un trago sencillo para la número dos de Álvaro García Ortiz, quien se ha visto obligada a convocar al 'generalato' de la Fiscalía después de que la fiscal al frente del caso, María de la O Silva, activase el artículo 27 del Estatuto Orgánico (EOMF) que le permite negarse a cumplir las órdenes recibidas para emitir un informe contrario a la querella, ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). García Ortiz, quien se abstuvo de tomar parte tras reconocer su «responsabilidad última» en la nota oficial emitida por la Fiscalía de Madrid, no presidirá en esta ocasión el cónclave de los fiscales del Alto Tribunal. Sin embargo, fuentes próximas a la institución confirman a El Debate que confía en que la mayoría afín de los mismos apoye un pronunciamiento favorable al archivo dictado por Sánchez Conde.

No en vano, desde que Dolores Delgado jurase como fiscal general del Estado en 2018, y hasta la actualidad, los candidatos de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que ambos pertenecieron antes de iniciar su andadura en política, han ido colonizando la Junta de fiscales. La propia Delgado forma parte de la misma tras ser ascendida a la primera categoría del escalafón y resultar designada titular de Memoria Democrática, un nombramiento que podría quedar anulado en próximas semanas.

Tras la dimisión de su predecesora, García Ortiz tomaba el relevo para adoptar una política continuista y situar en el Pleno a un total de 19 miembros de la entidad izquierdista entre los 38 que lo conforman, como ha publicado este diario. Un escenario de monopolio frente a los 9 que son de la Asociación mayoritaria (AF). Los diez restantes no están vinculados a ninguna de ambas entidades aunque «hay varios de ellos que se aproximan» a las posiciones de la UPF, según ha podido saber El Debate.

Esta aritmética es en la que confía el fiscal general del Estado para obtener el respaldo de la cúpula del Ministerio Público a las instrucciones de archivo dadas por su teniente fiscal, Ángeles Sánchez Conde, en la querella del novio de Díaz Ayuso contra los fiscales Julián Salto, instructor de su causa tributaria, y Pilar Rodríguez, fical jefe de la Audiencia Provincial de Madrid, por un presunto delito de revelación de secretos. Una mayoría que se topará con la «oposición férrea» de varios de los miembros de la Junta de Fiscales que, como la fiscal Silva, entienden que es necesario practicar diligencias preliminares antes de darle carpetazo a «un asunto de este calado».

Una decena de fiscales quiere investigar

Al igual que María de la O Silva y su superior jerárquico directo, Carlos Ruiz Alegría, cerca de una decena de los fiscales de la Junta de Sala del Supremo estarían considerando que, como plantea la pareja de la presidenta madrileña en su escrito penal, con la difusión de la nota de la Fiscalía Provincial pudieron cometerse hasta dos delitos diferentes: una revelación de secretos (contenida en el artículo 197 del Código Penal) y un impedimento contra el ejercicio del derecho de defensa (previsto en el artículo 542 del mismo).

Según ha podido saber El Debate, este sector discrepante con la tesis impuesta por la Fiscalía General a través de su número dos –para neutralizar cualquier intento de que la comprometida querella prospere y que los fiscales del TSJM se han negado a cumplir– entiende que «lo normal sería apoyar la admisión» de la misma para determinar, «como mínimo, la competencia del tribunal». Por no hablar de la necesidad de «esclarecer si los fiscales contra los que se dirige la acción son sus correctos destinatarios o, en cambio, a quien corresponde investigar es a otros cargos de la Fiscalía», apuntan varias fuentes consultadas.

«Para inadmitir una querella hay que dara razones muy fundamentadas de la negativa» y «no parece» que en este polémico caso «existan» cuando la fiscal Superior de Madrid, Almudena Lastra, se negó y «de manera muy bien razonada», a cumplir con la orden inicial recibida. Cabe recordar que, como El Debate publicó en exclusiva, Lastra declinó la posibilidad de firmar y circular, desde su negociado, una nota en la que se revelaban datos personales protegidos por la «confidencialidad» que «da sentido a los pactos de conformidad» con la Fiscalía, permitidos por nuestro ordenamiento y diseñados por ella misma durante su etapa como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Así las cosas, cualquier dictamen que emane de la Junta de Fiscales de Sala del Supremo, este miércoles, para inclinar la balanza a favor de las posiciones de García Ortiz y Sánchez Conde, no será unánime. La mayoría controlada por el sector más afín a la cúpula fiscal «es muy posible que gane la votación» pero «no lo hará sin reticencias, ni sin poder evitar algunos pronunciamientos particulares discrepantes».

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