El novio de Ayuso defiende que el móvil del fiscal general «es la única manera de conocer» su papel y el de su cúpula en las filtraciones

Un demoledor documento de 55 páginas entregado al Supremo ha desmontado el segundo intento de la Abogacía del Estado por anular el registro de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el despacho del fiscal general del Estado.

Según ha podido saber El Debate, de fuentes próximas a la causa, el abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso se ha opuesto, una vez más, a las razones planteadas por los letrados públicos para que no se conozca, entre otros, el contenido de los dos móviles propiedad de Álvaro García Ortiz –que fueron incautados por los agentes judiciales–, con un demoledor escrito en el que repasa, con todo detalle, el hilo temporal de lo ocurrido en la Fiscalía hasta la presunta filtración a varios medios de comunicación de los datos confidenciales del empresario Alberto González Amador.

Mientras la Abogacía sostiene que no debió producirse dicho acceso a los dispositivos electrónicos, previa entrada en la sede de la Fiscalía General del Estado (FGE), el pasado 30 de octubre, el letrado de González Amador sostiene que no sólo dicha diligencia, acordada por el magistrado instructor Ángel Hurtado, fue proporcionada, necesaria, garantista y adecuada a los hechos investigados.

Es más, según ha podido saber El Debate, en la contestación al segundo recurso (de apelación) presentado por la Abogacía del Estado, en defensa de García Ortiz, el equipo jurídico de González, defiende que sólo de la incautación de sus dos terminales (el personal y el profesional) «se podrá obtener la información» real e imprescindible para aclarar lo ocurrido en el seno de la FGE, por el «equipo Fortuny» –integrado inicialmente por tres fiscales, a los que se suman dos más días después– entre el 8 y el 14 de marzo de 2024.

Esto es, desde que se tiene conocimiento del proceso penal asignado al fiscal Julián Salto, por un presunto doble delito tributario del novio de la presidenta de Madrid, hasta que los medios de comunicación se hacen eco de la supuesta confesión de éste, recogida en un mail protegido por la obligación de confidencialidad prevista en los pactos de conformidad con el Ministerio Público.

Un proceso de una semana en el que el fiscal general del Estado cuenta con el apoyo, entre otros de la fiscal jefe de la Secretaria Técnica, Ana García León, y el teniente fiscal de la institución y su hombre de confianza, Diego Villafañe. Dos piezas que del relato temporal de los hechos, recogido por el escrito del abogado del novio de Ayuso, parecen cobrar un papel mayor al que hasta ahora se había conocido.

Cabe recordar que ya en el primer informe presentado por la UCO al instructor Ángel Hurtado ya se apuntalaba a la participación no menor del fiscal Villafañe. Y es que, de acuerdo con la pesquisas de los agentes la información inicial publicada el 12 de marzo por eldiario.es, sobre el supuesto fraude fiscal de González Amador contenía varios «fragmentos de la denuncia de la Fiscalía» y de «dos informes de la Agencia Tributaria», una documentación que había sido proporcionada, el 8 de marzo, «por la Fiscalía Provincial de Madrid a la cuenta de correo de Villafañe».