La reforma exprés de Sánchez contra la acción penal afectará de lleno a víctimas del terrorismo y a la prensa

El anuncio del PSOE ha puesto a la comunidad jurídica y a la oposición política en alerta. Una proposición de ley instada por el grupo parlamentario socialista que, aparentemente busca reformar el ejercicio de la acción penal en nuestro país, cercenando el uso de la acción popular pero que, en definitiva, y según los expertos, supondrá «la definitiva liquidación del Estado de Derecho en España».

La norma es «el último de varios pasos seguidos hacia ese final» en que tras la intervención de las instituciones más relevantes, el Poder Judicial se convertía en objetivo de un Gobierno, salpicado por la corrupción, que busca controlar la acción de la Justicia para «salir impune» de ella.

Primero fue el reconocimiento del lawfare, concesión a los separatistas catalanes a cambio de los siete votos de Junts, el partido del prófugo Carles Puigdemont, con el que se reconoció la existencia de «procedimientos judiciales con fines de persecución política, desacreditación o destrucción de la imagen pública e inhabilitación de un adversario político».

Después llegó la modificación que eliminó de nuestro Código Penal la sedición como delito y rebajó la malversación para aquellos casos en los que no se pudiese acreditar un «enriquecimiento personal» de quienes la hubiesen cometido. Esto es, una regulación a la carta para los cabecillas del procés de Cataluña y una base a medida para exonerar en el Tribunal Constitucional de Cándido Conde-Pumpido, y en contra de la doctrina histórica consolidada, a los socialistas condenados por los ERE de la Junta Andalucía. Uno de los casos de corrupción política más escandalosos de nuestra democracia.

Más tarde se indultó a los responsables del golpe de Estado en Cataluña, que habían sido condenados por el Tribunal Supremo, algunos de ellos a más de nueve años de prisión. Y, posteriormente, se aprobó una Ley de Amnistía para impedir que aquellos que no habían respondido ante la Justicia, no tuvieran que hacerlo.

Ahora, se pretende impedir la prosecución de los procesos penales abiertos en el entorno del Gobierno, cercenando retroactivamente la acción popular, lo que de no mantener la iniciativa el Ministerio Fiscal, cuyo máximo responsable, además, se encuentra imputado por revelación de secretos y no ha dimitido, determinaría el archivo de muchos de los procesos abiertos.

Entre ellos, por ejemplo, permitiría la expulsión de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) de las diligencias abiertas contra el fiscal general del Estado en el Supremo, cuando el magistrado instructor avaló, en una reciente resolución, su papel «en defensa» del «prestigio» de la Institución, frente a la 'número dos' del escalafón que, jerárquicamente dependiente del propio imputado, Álvaro García Ortiz, «no busca esclarecer» los hechos, tras cinco peticiones de archivo.

No en vano, la disposición transitoria incluida en la norma que el PSOE aspira a aprobar de manera urgente, aplica lo recogido a lo largo de la misma a las causas ya en curso. Es decir, «se fabrica como un traje a medida para beneficiar a los casos que cercan a la familia» de Pedro Sánchez «y al titular de la Fiscalía», pero no únicamente.

Las asociaciones de víctimas del terrorismo también se verían «afectadas en su legítimo interés por impulsar acciones ante los tribunales, orientadas a perseguir a los responsables». Ya no cabría, por ejemplo, que como ha sucedido recientemente, la Audiencia Nacional «decretase la reapertura de una investigación contra los presuntos autores intelectuales de un delito de terrorismo, que no hubiese prescrito», en base a «nuevas líneas de investigación o indicios de prueba aportados por estas entidades», si el Ministerio Público «decide no apoyar la iniciativa».

Son tales las prisas del partido en el Gobierno por sacar esta iniciativa adelante que se ha recurrido a una vía legislativa (proposición de ley y no proyecto de ley) con la que se evita el dictamen preceptivo, aunque no vinculante, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de otros organismos encargados de informar sobre estas cuestiones, como el Consejo de Estado y el Consejo Fiscal.

Además –tras el eslogan sobre los «recortes de prensa» de un Gobierno molesto con las diligencias penales que han sido causa directa de investigaciones periodísticas– el PSOE está dispuesto a prohibir el uso de informaciones publicadas en prensa como germen para el arranque de procedimientos judiciales. Un escenario que, de consumarse, impediría que a futuro pudiesen conocerse, perseguirse y condenarse a los responsables de casos pasados como lo GAL, Nós, los ERE andaluces, el caso Roldán o el mismísimo Watergate.

Y ello, además, cuando «existen resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que defienden el uso de las informaciones publicadas en la prensa en el ámbito judicial», destacan algunos expertos consultados por El Debate.