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El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López

Tribunales

El ministro Óscar López citado hoy a un acto de conciliación para evitar una demanda del novio de Ayuso

Alberto González Amador denunció al que fuera jefe de gabinete de Pedro Sánchez por referirse a él en términos que considera lesivos para su derecho al honor

Hace algunos días la jueza Inmaculada Iglesias, instructora de la causa tributaria abierta contra el novio de Isabel Díaz Ayuso, decidía aplazar de nuevo la declaración de éste que, en un principio, estaba prevista para este viernes 7 de febrero.

En el auto, la instructora del asunto accedía a la solicitud de la defensa del empresario Alberto González Amador de suspender las declaraciones de los investigados, entre los que se encuentra. El motivo era doble: por una parte el viaje profesional acreditado por el novio de la presidenta madrileña, entre el 4 y el 12 de febrero, con antelación a dicho señalamiento; en segundo lugar, que ya existía una cita programada para la misma fecha de hoy en el Juzgado de Primera Instancia número 46 de Madrid.

Una comparecencia, esta última, que según ha podido saber El Debate en primicia responde a un acto de conciliación, previo a la demanda por intromisión en el derecho al honor, que González Amador ha solicitado frente al ministro de Transformación Digital Óscar López.

Varias fuentes han indicado a este diario que ambos han sido convocados a las diez de la mañana para explorar la posibilidad de llegar a un acuerdo antes que la pareja de Díaz Ayuso presente una demanda formal contra López. No en vano, el recién estrenado secretario general de los socialistas de Madrid, se pronunciaba en esta última semana con crudos ataques a la presidenta de la Comunidad, la popular Isabel Díaz Ayuso, en lo que se interpretaba como toda una declaración de intenciones sobre el tono de la oposición que López habría llegado para hacerle en Madrid.

No en vano, tanto en la rueda de prensa en la que López lanzó su candidatura, como en una carta enviada a todos los militantes del PSOE-M, el fin de semana pasado, el que fuera jefe de gabinete de Pedro Sánchez en la Moncloa, se refirió al «ático millonario» en el que, presuntamente, vive Díaz Ayuso con su pareja y que sería propiedad de ésta. Una circunstancia que el ministro incluyó entre «los privilegios» de los que disfruta Díaz Ayuso y que asegura ha venido a denunciar.

De hecho, tras conocerse que el Supremo apuntaba a una operación de Estado orquestada «desde» la Fiscalía del Estado para desacreditarla, en relación a los asuntos judiciales de su pareja, López cargaba contra su rival política directa. La que ha «montado toda una operación» es ella para su pareja, Alberto González Amador, con el objetivo de «encubrir el delito y acusar a los demás, a quienes perseguían el delito», afirmaba el ministro.

Cabe recordar que, el pasado mes de octubre, la pareja de la presidenta de Madrid arrancaba una cruzada judicial contra gran parte del Gobierno. Así las cosas, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz; la concejala madrileña Rita Maestre; las ministras de Ciencia e Innovación, Diana Morant, y Vivienda, Isabel Rodríguez; el diputado José Zaragoza; la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; el ministro de Justicia, Félix Bolaños y el de Transformación Digital, Óscar López; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el director de Comunicación del PSOE, Ion Antolín, y la formación a la que pertenece; junto con Más Madrid, comparten el dudoso honor de protagonizar la decena de querellas y denuncias interpuestas por éste para defender su derecho al honor, imagen e intimidad y, por extensión, su inocencia.

El empresario decidía dar el paso para reclamar respeto a su condición de ciudadano particular frente a quienes le han señalado como «delincuente confeso», saltándose el derecho fundamental a la presunción de inocencia, recogido no solo en la Constitución sino, también, en el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y especialmente protegido en una Directiva comunitaria del Parlamento y el Consejo, del año 2016.

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