España cae 10 puestos en el índice de percepción de la corrupción en medio de los casos que afectan a Sánchez

España baja cuatro puntos y diez puestos en el Índice de Percepción de la Corrupción de 2024 hasta colocarse en la posición 46 de un total de 180 países analizados, según Transparencia Internacional. Así las cosas, el nuevo puesto de España se da tras el estallido durante el año pasado de los casos PSOE, Begoña, de David Sánchez –el hermano del presidente del Gobierno– y la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por el Tribunal Supremo; todo ello causas judiciales que afectan a Pedro Sánchez.

Estos son algunos de los datos a los que ha tenido acceso EFE incluidos en el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 que publica anualmente esta ONG, dedicada a combatir y concienciar sobre los efectos de las malas prácticas públicas en el mundo.

El estudio, que se hará público este martes en su totalidad en una rueda de prensa, revela que España mantiene una calificación de 56 puntos sobre 100 (en 2023 fueron 60 puntos) y desciende hasta el puesto 46 cuando en el estudio anterior estaba en el 36.

Según estos primeros datos, el estancamiento a nivel nacional y el «desmantelamiento institucional a nivel autonómico» están mermando los esfuerzos anticorrupción por lo que advierten de que sin reformas estructurales «integrales y efectivas» el país seguirá sufriendo descensos sustanciales.

Y continuará «enfrentando grandes desafíos en materia de transparencia, buen gobierno y confianza institucional», insiste Transparencia Internacional como no acometa estas reformas.

España, en este índice, se sitúa en la posición 46 de un ranking global de 180 países, junto a Chipre, República Checa y Granada, sólo un puesto por encima de Fiji y a dos de Omán.

Por otro lado, nuestro país pasa del puesto número 14 de los 27 países europeos al 16, superado este año 2024 por Letonia, una circunstancia que Transparencia Internacional señala que se debe al «retraso» en la transposición de directivas europeas.

Siguen pendientes de trasponer a la legislación española 87 directivas comunitarias, de las que 30 están fuera de plazo, de acuerdo con este informe.