Dolores Delgado y Álvaro García Ortiz
Protección de Datos
El CGPJ inicia actuaciones tras la denuncia de García Ortiz y Delgado al filtrarse sus números de móvil
El fiscal general del Estado remitió un escrito alertando del riesgo de que hubiesen trascendido varios de sus datos protegidos, en el informe que la Guardia Civil entregó al juez instructor Hurtado
La Dirección de Supervisión y Control de Datos del Consejo General del Poder Judicial ha iniciado actuaciones previas en relación con los escritos recibidos en el órgano, a raíz de la notificación a las partes personadas en la causa que se sigue en el Tribunal Supremo, contra él, por un presunto delito de revelación de secretos, de un informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
El dictamen de los agentes era remitido al Supremo, este lunes, y relativo al tráfico de llamadas de los dos terminales incautados al fiscal general durante el registro de su despacho para el período comprendido entre el 8 y el 14 de marzo, clave para determinar lo sucedido en la filtración de la información protegida de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Diaz Ayuso, sobre su investigación por fraude fiscal. En el mismo, se reflejaban números de teléfono completos tanto de García Ortiz como de las personas con las que habló en los días de autos, como su predecesora y amiga, Dolores Delgado.
«Esta Dirección llevará a cabo las actuaciones que resulten oportunas a la vista de los escritos remitidos por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y por la fiscal de Sala coordinadora de la Unidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado, Dolores Delgado», reza la nota de confirmación que ha remitido, esta mañana, la oficina de prensa del Consejo.
En la misma, se recuerda que «las funciones propias de las autoridades de protección de datos respecto de las operaciones de tratamiento efectuadas con fines jurisdiccionales por los Juzgados, Tribunales y las Oficinas judiciales corresponden, con arreglo a lo establecido en el apartado 1 del artículo 236 octies de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), al Consejo General del Poder Judicial».
Unas funciones que, dentro del órgano, «se ejercen», con arreglo a lo dispuesto en la misma norma, «por la Dirección de Supervisión y Control de Protección de Datos».
La decisión es resultado del escrito remitido a la Secretaría de Estado de Seguridad por el propio García Ortiz, en el que alertaba del incremento del riesgo que ha supuesto para su seguridad personal la difusión de datos sensibles como su número de teléfono móvil. En la misma, hacía referencia, además, a la legislación vigente en la materia y a las medidas relativas al bloqueo cautelar de los mismos.
