El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a su llegada al Tribunal Supremo
Interior refuerza la seguridad de García Ortiz tras la difusión de datos personales
El motivo son los documentos adjuntados al último informe entregado por la UCO al Supremo, que contienen números de teléfono, direcciones postales y DNI del fiscal, entre otros
ante la acumulación de informaciones sobre Álvaro García Ortiz, que está siendo investigado por el Tribunal Supremo por presunta revelación de secretos, el Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska, ha reforzado la seguridad del fiscal general del Estado, a raíz de la difusión de datos personales suyos y de uno de sus escoltas, entre otras personas, que figuran en anexos de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregado Alto Tribunal y notificado por la sede judicial a las partes del caso.
Este mismo lunes, como ha contado El Debate, se desvelaba un oficio de la UCO en el que los agentes confirmaban que García Ortiz borró los mensajes de WhastApp de su móvil el mismo día en que el Supremo le imputó, el 16 de octubre, y recalcaban también que el fiscal tuvo una «extraordinaria actividad» telefónica el día en que se produjo la filtración.
El Debate accede al oficio de la UCO
García Ortiz efectuó un total de 20 llamadas el día de la filtración en cuatro horas
Según fuentes consultadas por Europa Press, García Ortiz ha dirigido un escrito a la Secretaría de Estado de Seguridad advirtiendo del riesgo que supone para su seguridad personal la difusión de este tipo de datos, tras lo cual el Ministerio de Interior ha acordado reforzarla. Fuentes de este departamento confirman que se ha revisado.
El motivo son los documentos adjuntados al último informe entregado por la UCO al Supremo, relativo al tráfico de llamadas telefónicas realizadas y recibidas por el fiscal general del Estado entre el 8 y el 14 de marzo. Los referidos documentos contienen datos personales –números de teléfono, direcciones postales y DNI– tanto del fiscal general del Estado como de ese escolta, así como de otro fiscal, un abogado y un periodista, entre otras personas.
Esta documentación forma parte de la causa donde el TS investiga a García Ortiz, además de a otros dos fiscales –Pilar Rodríguez y Diego Villafañe–, por la presunta filtración contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
En concreto, el instructor Ángel Hurtado investiga la filtración del correo electrónico enviado el 2 de febrero de 2024 por la defensa de González Amador al fiscal Julián Salto –donde le ofreció reconocer dos delitos fiscales a cambio de llegar a un acuerdo–; y de la denuncia presentada por la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid contra el novio de la mandataria regional.
Además, Hurtado investiga la nota de prensa difundida el 14 de marzo por la Fiscalía para desmentir lo que consideraba un «bulo», en alusión a la noticia publicada a las 21.29 horas del 13 de marzo por El Mundo, donde se decía que fue el Ministerio Público quien ofreció pactar a González Amador. En ese comunicado, se daba cuenta del cruce de 'emails' entre Salto y la defensa, que incluían datos personales.
El fiscal acude al CGPJ
García Ortiz ha enviado un escrito al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para solicitar su intervención por la filtración de sus datos personales. Tras ello, fuentes del órgano de Gobierno de los jueces avanzan a Europa Press que estudiarán la petición del fiscal general del Estado.
