Dolors Montserrat en el Parlamento Europeo
El PP exige a la Unión Europea que estudie la imputación de García Ortiz como desviación del Estado de derecho
La dirigente del PP en la Eurocámara, Dolors Montserrat, ha destacado en una carta que «es evidente que la permanencia del fiscal general, pese a su imputación, podría vulnerar el principio de independencia judicial» recogido en la legislación comunitaria
La portavoz del PP en la Eurocámara, Dolors Montserrat, ha pedido al comisario de Justicia de la Unión Europea (UE), Michael McGrath, que estudie la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, como desviación del Estado de derecho en España.
En una carta a la que ha tenido acceso El Debate, Montserrat ha recalcado que «un poder judicial independiente es esencial para asegurar que quienes cometan actos de corrupción sean llevados ante la justicia, sin importar lo influyentes que puedan ser». «La Comisión debe emplear los mecanismos disponibles para proteger los valores fundamentales de la Unión, pues está en juego nuestra credibilidad», ha agregado.
Además, la dirigente 'popular' ha comunicado al comisario que –a pesar de estar imputado penalmente por revelación de secretos para dañar a la oposición política– el fiscal general del Estado se niega a renunciar a su cargo a pesar de que asociaciones de fiscales han solicitado su dimisión inmediata.
Igualmente, la carta suscrita por Montserrat indica que «durante la fase de instrucción se ha conocido la eliminación masiva de mensajes de correo electrónico y WhatsApp por parte de García Ortiz, no una vez, sino dos veces el pasado 16 de octubre, lo que podría ser constitutivo de encubrimiento o destrucción de pruebas (arts. 413 y 451 del Código Penal) y demuestra un comportamiento de obstrucción a la justicia».
«En concreto, un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revela que los mensajes del teléfono del fiscal general fueron borrados el mismo día que el Tribunal Supremo abrió la causa contra él», se añade.
Desde el PP sostienen que «mantener en su cargo a un fiscal general con una actitud completamente contraria a los principios de actuación del Ministerio Fiscal en un procedimiento penal dinamita la credibilidad de la institución y, por tanto, la salud del Estado de derecho en Europa».
Igualmente, han subrayado que «todo ello se produce en un contexto en el que también tenemos serias dudas sobre las actuaciones del Tribunal Constitucional (TC) y, en especial, de su presidente, Cándido CondePumpido, muy cercano al Gobierno. Como prueba, desde su cargo, el Ejecutivo no ha perdido ninguna de las causas más ideológicas revisadas por la Corte, aunque para ello haya sido necesario excluir de forma expedita a un magistrado».
«Señor comisario, en estos momentos geoestratégicos de suma importancia para Europa, donde los populistas destruyen la imagen de nuestras instituciones, es responsabilidad de todos demostrar a los ciudadanos que nadie está por encima de la ley, incluidos los políticos, fiscales o jueces del Tribunal Constitucional. La desviación de poder para beneficiar a dirigentes políticos es constitutiva de prevaricación e incluso de cohecho si se demuestra que hubo contraprestaciones. Ningún cargo otorga inmunidad absoluta en casos de delitos dolosos. No dejemos que se produzcan derivas autoritarias y manipulaciones jurídicas que violan íntegramente los principios de nuestro Estado de derecho», concluye el documento.
