Los documentos oficiales que acreditan que el inmueble de Perú que está a nombre de Ábalos se construyó con ayudas públicas españolas

El exministro José Luis Ábalos, sostiene que su nombre aparece como el propietario del inmueble de Chimbote (Perú) que ha desvelado El Debate «por diversas razones burocráticas». De la misma manera, el que fuera titular del Ministerio de Transportes afirma que es falso que se invirtieran 150.000 euros de subvenciones españolas destinadas a la realización de proyectos benéficos en la construcción del edificio. Este periódico publica los documentos oficiales de la Embajada de España en el país andino que acreditan las dos partidas públicas que se utilizaron para la construcción del centro social donde el exministro continúa a día de hoy apareciendo como el dueño.

Se trata de dos documentos que llevan el logo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), dependiente del Ministerio de Exteriores, tal y como se aprecia en el encabezado de las resoluciones. Ambas están tituladas de la siguiente manera: «Detalle de intervención». A lo largo del archivo, que también lleva el gráfico oficial de la Embajada, se explica cómo Fiadelso, la ONG fundada por Ábalos, recibió dos transferencias para «la construcción del centro social polivalente» de la urbanización Miguel Grau de Chimbote. Es decir, el inmueble que en estos momentos figura a nombre del exministro en el Registro de la Propiedad de Chavín, el área donde se encuentra edificado.

En concreto, las instituciones que pusieron los fondos fueron el Ejecutivo de Castilla-La Mancha, en ese momento presidido por el socialista José Bono, la Diputación de Valencia, la entidad Fons Valencià per la Solidaritat y por los ayuntamientos de Santa Pola y Liria, ambos gobernados por el PSOE en el momento en que se aprobaron la adjudicación de las ayudas. La primera de ellas fue de 107.931,67 euros y la segunda, que se otorgó para «mejoras de las condiciones de salud y saneamiento básico», de 38.972,64 euros. A pesar de los datos que aparecen en los documentos, que tienen carácter oficial, el exministro sostiene que «es falso» que el centro social fuera construido con estos recursos públicos.

Ábalos, investigado por el Tribunal Supremo por los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación, justifica que acudiera en 2019 al Consulado de Perú en Madrid para autorizar a Jénifer Balta Cueva como su representante para que pudiera gestionar el inmueble porque «una persona que en origen estuvo vinculada a la fundación en Perú promovió una ocupación ilegal y por la fuerza del edificio aprovechando la situación de extinción que atravesaba la fundación». Sin embargo, no aclara por qué se presentó ante la cónsul peruana como «propietario» del edificio si, según la versión que ahora difunde, no ha sido nunca el dueño del edificio.