El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
La nueva ley de partidos
El Ejecutivo regulará la financiación de partidos a través de bitcoins para evitar más Alvises
El anteproyecto elaborado por el departamento de Bolaños establece mecanismos de control sobre nuevas modalidades de financiación: los criptoactivos y el crowdfunding, introducido por Podemos
El anteproyecto de la reforma de la Ley Orgánica sobre Financiación de los Partidos Políticos que ha redactado el Ministerio de Félix Bolaños pretende regular dos fórmulas de financiación que ha traído la nueva política: el micromecenazgo o crowdfunding y las donaciones a través de criptoactivos. Además de impedir, o limitar al menos, que plataformas como X financien a partidos españoles dejándoles anunciarse gratis.
El primer método lo popularizó Podemos, que presume de ello en su página web, en la que también se jacta de renunciar a la financiación bancaria: «Hemos sido pioneros en el uso de esta herramienta por parte de partidos políticos en España». Los criptoactivos eran una fórmula desconocida hasta la llegada de Alvise Pérez, que en mayo pidió a sus seguidores donaciones en bitcoins para financiar la campaña electoral de Se acabó la fiesta a los comicios europeos. Los fondos que obtuvo acabaron mezclados con 100.000 euros en metálico que le dio un empresario de las criptomonedas, según denunció después este último y reconoció Alvise. Álvaro Romillo, que así se llama, está investigado en una presunta estafa piramidal.
El eurodiputado Alvise Pérez, líder de la agrupación Se Acabó la Fiesta
El Debate viene desvelando en exclusiva el contenido de la reforma de la Ley de Financiación de Partidos que va a elevar el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes al Consejo de Ministros. Es parte del llamado Plan de Acción por la Democracia que el Gobierno aprobó en septiembre y que ahora tiene que desarrollar.
En la actual ley, que data de 2007, hay un vacío total sobre el dinero virtual, puesto que entonces no existía. Lo que sí estipula es que, tanto las cuotas y aportaciones de los afiliados por un lado, como las cantidades donadas a partidos políticos por terceros por el otro, deberán abonarse en «cuentas abiertas en entidades de crédito exclusivamente para dicho fin».
«Imprescindible reforzar el control»
El departamento de Bolaños justifica esta reforma en que es «imprescindible reforzar los mecanismos de control» de la financiación de los partidos políticos, a propósito de las nuevas modalidades surgidas en las últimas dos décadas y las «injerencias», internas y externas, de quienes pretenden «menoscabar la democracia española».
El anteproyecto de reforma también entra a regular la publicidad en redes sociales, pensando en la «tecnocasta» que viene denunciando Pedro Sánchez, al frente de la que sitúa a Elon Musk. Si un partido se anuncia gratis en una plataforma -X, Facebook, Tik Tok…, sin que la plataforma le cobre ni tenga contraprestación, se considerará una donación y tendrá el mismo tratamiento y los mismos límites. «Especialmente se considera donación en especie cualquier aporte consistente en la prestación de servicios de publicidad en redes sociales o el posicionamiento en plataformas digitales, cuando dicha acción de realice con fines de promoción de partidos políticos o de sus representantes, y se otorgue de manera gratuita o sin contraprestación económica directa», señala el articulado.
Además, la nueva norma introduce y regula el concepto de los microcréditos, concertados con entidades de crédito o con particulares y que cuantifica en hasta 10.000 euros. Y también los micromecenazgos o crowdfunding, una modalidad que introdujo Podemos y que después emuló Sumar. En abril de 2023, cuando Yolanda Díaz puso en marcha su plataforma, pidió 100.000 euros a sus simpatizantes para poder despegar un «proyecto autónomo».
Como viene contando este periódico, el anteproyecto de ley orgánica también pretende poner todas las trabas posibles a los préstamos a partidos españoles por parte de bancos extranjeros, como el que recibió Vox en 2023 de una entidad húngara acusada de vínculos con el primer ministro, Viktor Orbán. «El Gobierno de Sánchez continúa su plan para liquidar la libertad política y la democracia en España, con otro proyecto de ley dirigido a 'liquidar' a Vox, como alternativa política y oposición real a su gobierno», según escribe el eurodiputado Jorge Buxadé en El Debate en respuesta.
Al texto le queda un largo periplo. Una vez que lo revise el Consejo de Ministros será enviado al Tribunal de Cuentas y la Junta Electoral Central —entre otros organismos— para que emitan sus informes al respecto. Además, se abrirá un trámite de audiencia e información pública. Con todo, después volverá al Consejo de Ministros ya como proyecto de ley y, de ahí, al Congreso para su tramitación parlamentaria. Al ser una ley orgánica, el Gobierno necesita mayoría absoluta para su aprobación, 176 diputados.
