Destruir a la alternativa política

Publica hoy el Debate con carácter de exclusiva que el Gobierno está redactando un anteproyecto de Ley a la carta que tiene por finalidad cortar la financiación de Vox. El texto, respecto del cual se transcriben algunos párrafos, pretende prohibir y restringir dos fuentes de financiación perfectamente lícitas, conforme a la Ley Orgánica de Financiación de partidos políticos vigente –aprobada en el año 2007– que Vox ha utilizado, legal y correctamente, como es la financiación mediante entidades financieras de un Estado miembro de la Unión, y los ingresos por actividades promocionales.

El Gobierno de Sánchez continúa su plan para liquidar la libertad política y la democracia en España, con otro proyecto de ley dirigido a «liquidar» a Vox, como alternativa política y oposición real a su gobierno. Digo otro porque la llamada «Ley Begoña» que persigue, contra una larguísima tradición jurídica en España que tiene su refrendo en el artículo 125 de la Constitución, impedir el ejercicio de la acusación popular por los partidos políticos tiene por clara finalidad liquidar la libertad y acción política de Vox, desarrollada en su permanente persecución de las conductas presuntamente delictivas cometidas por el gobierno y sus agentes, socios y cómplices.

Si la ley pretende prohibir lo permitido, se concluye fácilmente que Vox ha actuado legalmente siempre

La mera voluntad de prohibir la financiación bancaria procedente de entidades financieras comunitarias o poner trabas infranqueables a la actividad promocional de los partidos demuestra que Vox ha actuado conforme a la Ley y que cuantos han hablado de financiación ilícita o irregular mentían, a sabiendas; pues si la ley pretende prohibir lo permitido, se concluye fácilmente que Vox ha actuado legalmente siempre. Tomen nota los que practican el resentimiento como modo de actuación pública.

Vox siempre ha defendido, desde su nacimiento hasta la fecha, que los partidos políticos –como los sindicatos y asociaciones empresariales– se financien exclusivamente mediante medios privados y transparentes. Obviamente, en interés del proyecto político que representa a millones de españoles, en tanto no se modifique la Ley en el sentido de prohibir la financiación pública (que requerirá mayoría absoluta al menos en el Congreso de los diputados) no puede renunciar a utilizar cualquier medio de financiación legalmente previsto pues de otro modo sería negligente en su acción política.

Vox, como es sabido pero no puedo dejar de mencionarlo, acudió a la financiación bancaria de una entidad financiera de un Estado miembro de la Unión por las dificultades de acceder a la financiación de las sucesivas campañas electorales del año 2023 en entidades financieras españolas, que perdieron de ese modo, hurtándolo al beneficio de sus accionistas, la justa retribución del interés crediticio.

El anteproyecto del gobierno filtrado por el Debate demuestra claramente que Vox ha actuado conforme a Derecho y que Sánchez –y quienes desde los medios tirios y los medios troyanos buscan la muerte de Vox y acusaron mintiendo a sabiendas de financiación ilícita– carecen de todo escrúpulo moral, político o jurídico y van a degüello contra la verdadera y única oposición frontal, que ni compadrea ni llega a componendas inexplicables con el socialismo imperante y sus socios.

El Anteproyecto de Ley es contrario a la libertad política, a la democracia, al pluralismo y atenta contra la idea misma de Estado de Derecho y de Ley pues no es ley la norma singular que privilegia o persigue a sujetos particulares. Sánchez actúa como lo que es: un peligro para España.

El Anteproyecto del Gobierno atenta contra la libre circulación de capitales. La libre circulación de capitales es una de las cuatro libertades fundamentales del mercado único de la Unión; y gracias a la peculiaridad de incluir a terceros países, es también la más amplia. La libre circulación de capitales constituye la base del mercado único y complementa a las otras tres libertades.

Hoy es Vox, pero mañana podrá ser cualquier otro español, familia o empresa que Sánchez considere debe ser eliminado

El Anteproyecto del Gobierno vulnera la doctrina del mismo Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En sentencia de 18 de junio de 2020 el Tribunal declaró que Hungría habría incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 63 Tratado de Funcionamiento de la UE y de los artículos 7, 8 y 12 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea al establecer restricciones discriminatorias e injustificadas respecto de las donaciones extranjeras en favor de organizaciones de la sociedad civil mediante la Ley LXXVI de 2017, relativa a la transparencia de las organizaciones que reciben ayuda del extranjero por encima de un determinado importe y que contemplaba la posibilidad de aplicar sanciones a las organizaciones que incumplan tales obligaciones; y con ello declaró nula la Ley por contraria a los Tratados y Carta de Derechos Fundamentales.

No deja de ser llamativo que ponente o abogado general en aquel caso –que pidió la condena de Hungría– era Manuel Campos Sánchez-Bordona, ex magistrado del TS y de vicepresidente del Tribunal actuó doña Rosario Silva de Lapuerta, abogado del Estado. Ambos españoles, claro.

Es obvio, recapitulando, que el proyecto del Gobierno vulnera el principio de libre circulación de capitales y la doctrina del TJUE citada; con lo que concluimos de nuevo que quienes se llenan la boca, con eslóganes vacíos, sobre europeísmo, pretenden abolir la libre circulación de capitales en Europa para dañar a Vox y con ello la libertad política de millones de españoles.

Hoy es Vox, pero mañana podrá ser cualquier otro español, familia o empresa que Sánchez considere debe ser eliminado.