La fiscal que se opone a reabrir la causa sobre Miguel Ángel Blanco indigna a las víctimas: «No se produce indefensión»

La Fiscalía ha informado en contra de que la Sala de lo Penal del Supremo se pronuncie a favor de la reapertura del caso sobre el secuestro y asesinato del concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Eibar, Miguel Ángel Blanco, perpetrado por la banda terrorista ETA, el 12 de julio de 1997. Las víctimas, hace un tiempo, que solicitaban a la Justicia, tras el acceso policial a nuevos papeles de la organización armada, incautados en Francia, que retomase el procedimiento por la posible responsabilidad penal del Comité Ejecutivo que, en su momento, dio la orden, o al menos no impidió la actuación de los terroristas que perpetraron el cruel atentado.

Sin embargo, la Fiscalía se opone a dicha posibilidad, alegando que la causa está prescrita y que, por lo tanto, no corresponde investigar los hechos. Pese a que el instructor de la Audiencia Nacional competente en el asunto, hoy ya jubilado, el magistrado Manuel García-Castellón; el fiscal inicialmente encargado del mismo, Vicente González Mota, que fue purgado por negarse a mover su posición jurídica; y, un total de 13 fiscales de Sala del Supremo, la máxima categoría del escalafón, han entendido que es necesario investigar hasta determinar si hay indicios suficientes contra los dirigentes etarras y si de los mismos es posible derivar una «autoría mediata».

En concreto, la encargada de redactar el escrito que ha sido enviado a los jueces del Alto Tribunal que deberán tomar una decisión definitiva, la teniente fiscal y 'número dos' del fiscal general Álvaro García Ortiz, María Ángeles Sánchez Conde, entiende que las víctimas han tenido la ocasión de ejercer sus derechos, hasta la fecha, sin que se haya incurrido en «indefensión» de sus derechos, como sostienen varias de las asociaciones agraviadas y el Partido Popular, que también es parte interesada.

Una posición que ha indignado a las víctimas del terrorismo hasta el punto de calificar de «flojísimo» el recurso planteado por Sánchez Conde, «sumisa» a los intereses del Gobierno, «que se encuentra secuestrado por Bildu», y que defiende antes «los intereses de los responsables de la organización terrorista» que los de las «víctimas».

En los escritos, a los que ha tenido acceso El Debate, la teniente fiscal del Supremo defiende que el caso está prescrito, dado que desde que se cometieron los hechos hasta la interposición de las querellas habían transcurrido más de 20 años, el plazo límite que fija la ley para investigar este tipo de delitos. Sin embargo, para Dignidad y Justicia (DyJ) el texto «vuelve a demostrar que en España no vivimos en un Estado de Derecho sino en un Estado de Vergüenza, en el que el Gobierno coloca a piezas de un organismo supuestamente independiente para controlar la Justicia y que sus socios en el Ejecutivo le sigan sosteniendo».