Marlaska rompe su silencio sobre la cesión de las fronteras para contradecir lo que afirmaba hace seis meses

Casi una semana ha tardado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en pronunciarse sobre el acuerdo sobre inmigración que pactó el Gobierno con Junts para entregar las competencias a Cataluña.

Y lo ha hecho para defender el pacto: «No hay cesión en fronteras y flujo migratorio irregular», ha asegurado y para darle un razonamiento gráfico ha indicado que «la Policía Nacional será quien acuerde quién entra y quién sale del territorio nacional y, por ser muy expresivo, será quien ponga el sello en los pasaportes».

Marlaska ha tenido que romper su silencio después de que el presidente del Partido Popular se haya reunido con 15 asociaciones y sindicatos policiales en el Congreso de los Diputados en una clara muestra del respaldo del PP a la indignación mostrada por los policías y guardias civiles.

El ministro ha comentado que «la Policía y la Guardia Civil seguirán haciendo las funciones que desarrollan en fronteras una vez que se apruebe la ley», ya que los Mossos d'Esquadra asumirán funciones complementarias dentro de un acuerdo que supone un avance en el «autogobierno» de Cataluña.

Estas afirmaciones contradicen los términos del propio acuerdo entre PSOE y Junts y, sobre todo, las palabras que el propio ministro del Interior pronunció el pasado mes de septiembre cuando aseguró que ni el control de fronteras y los flujos migratorios podían ser transferidos o delegados.

Marlaska ha limitado el papel que jugarán los Mossos en temas como las devoluciones, insistiendo que el Estado asume aquellos casos de situación irregular. «Una persona en situación de irregularidad, es decir, que ha entrado irregularmente en España, y la sanción que conlleva esa irregularidad es la expulsión, será la Administración General del Estado», ha dicho.

«Los Mossos actuarán en fronteras en el marco de las competencias que finalmente reseñe esa proposición», ha añadido, hablando de las devoluciones pero limitándolo a los casos de «aquellas personas que tienen la prohibición expresa de entrar en España».

Obligación del catalán

Al ser preguntado sobre otros puntos polémicos como el control en los CIEs por parte de los Mossos o la necesidad de aprender catalán por parte de los extranjeros como un requisito, como esgrime Junts, el ministro se ha remitido a la «defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales» que menciona el texto de la futura ley, «y más de los migrantes en situaciones de vulnerabilidad».

«Y respecto al uso del catalán, creo que la legislación actual determina claramente lo que son el uso de las lenguas oficiales, como en este caso el uso del conocimiento del catalán», ha indicado.

Según Marlaska, «es un elemento que determina circunstancias como el arraigo y susceptible de ser valorable; en modo alguno, y también va a ser determinante de que una persona tenga la residencia o que una persona sea expulsada, eso es algo obvio».