El PP exige a la ministra Saiz que comparezca por el auto del Supremo que obliga al Gobierno a hacerse cargo de mil menas

La semana pasada la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo admitió la medida cautelar solicitada por el Gobierno canario y dio un plazo de diez días al Ejecutivo de Pedro Sánchez para que garantice el acceso al Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional de unos mil menores inmigrantes no acompañados (menas) que están en el archipiélago español y que han solicitado asilo.

De hecho, el Alto Tribunal subrayó que es una medida «imprescindible para corregir la actual situación de hacinamiento en que estos menores –según resulta notorio– se encuentran, abiertamente incompatible con el superior interés del menor que resulta obligado proteger».

Así las cosas, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha solicitado –en un escrito fechado el pasado 27 de marzo y al que ha tenido acceso El Debate– la comparecencia urgente de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, Elma Saiz, para «informar sobre qué medidas piensa adoptar el Gobierno para dar cumplimiento al auto del Tribunal Supremo que obliga a la Administración General del Estado a garantizar la acogida de los menores extranjeros no acompañados que hayan solicitado protección internacional o manifestado su voluntad de solicitarla».

Además, el PP ha subrayado en la solicitud –presentada ante la comisión de Trabajo, Economía Social, Seguridad Social y Migraciones de la Cámara Baja– que estos menas están «actualmente a cargo de los servicios de protección de menores de la Comunidad Autónoma de Canarias».

Igualmente, desde la formación que preside Alberto Núñez Feijóo quieren que Saiz «dé cuenta de la dejación de funciones del Ejecutivo al negar el acceso de estos menores al Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional».

Tras la resolución del Supremo, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, destacó que «es un fallo que llega posteriormente a una aprobación legislativa que se convalida el próximo día 10 de abril en el Congreso», a la vez que manifestó que desde el Gobierno lo están «analizando».