El PP trata de evitar en el Congreso que Sánchez ceda la inmigración y el control de fronteras a Cataluña

El pasado mes de marzo el PSOE y Junts llegaron a un acuerdo para que el Ejecutivo ceda las competencias de inmigración y control de fronteras a Cataluña. El texto suscrito por las formaciones lideradas por Pedro Sánchez y el prófugo de la Justicia Carles Puigdemont recoge –entre otros aspectos– que «los Mossos d'Esquadra gestionarán la seguridad de puertos, aeropuertos y las zonas críticas en cooperación con el resto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», y que «Cataluña gestionará las devoluciones de extranjeros».

De esta manera, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha presentado una Proposición no de Ley (PnL) «relativa a la defensa de las competencias exclusivas del Estado en materia de inmigración y seguridad». El documento del PP –firmado por su portavoz en la Cámara Baja, Miguel Tellado, y al que ha tenido acceso El Debate– subraya que «la pretensión de delegar a la Generalitat de Cataluña el control de fronteras para proponer la devolución de inmigrantes y de la gestión de los Centros de Internamiento de Extranjeros suponen un paso inaceptable en la fragmentación de nuestra estructura competencial y territorial».

Además, desde la formación que preside Alberto Núñez Feijóo consideran que «los efectos negativos sobre la seguridad jurídica» de la norma pactada entre el PSOE y Junts «al no aplicar de manera uniforme la normativa estatal generan también incertidumbre en el control de los flujos migratorios y suponen la base para imponer diferencias arbitrarias entre ciudadanos según su ubicación geográfica».

«Con este proceso de transferencias, el Gobierno pretende consolidar un modelo de Estado asimétrico en el que algunas comunidades reciben competencias estratégicas mientras otras continúan dependiendo exclusivamente de la Administración General del Estado. Tal asimetría no solo atenta contra la igualdad entre los españoles, sino que establece un sistema de privilegios basado en la negociación política y en el chantaje a cambio de apoyos parlamentarios en lugar del interés general», agrega la iniciativa parlamentaria del PP.

Por su parte, el texto menciona que «la reciente aprobación de una serie de transferencias adicionales a Cataluña, como la gestión de becas y ayudas al estudio» –adelantada por El Debate– «la administración de infraestructuras hidráulicas, la cesión de edificaciones y recursos del Estado o la gestión de los funcionarios locales con habilitación de carácter nacional, refuerza un modelo de desigualdad territorial, en el que determinados gobiernos autonómicos reciben privilegios a cambio de apoyos políticos».

En consecuencia, el PP señala que «el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a no permitir las cesiones de competencias en materia de inmigración, control de fronteras y gestión de los Centros de Internamiento de Extranjeros a la Generalitat de Cataluña, garantizando que la Guardia Civil y la Policía Nacional mantengan el control exclusivo sobre las fronteras y los flujos de inmigración regulares e irregulares», y a «rechazar cualquier cesión futura de competencias en materia de extranjería, control de fronteras, y/o seguridad nacional a comunidades autónomas, respetando la unidad de la legislación y la autoridad del Estado en todo el territorio nacional».

Igualmente, pide al Ejecutivo de Sánchez «garantizar que la distribución de recursos y competencias a las Comunidades Autónomas se realice bajo criterios de equidad e interés general, evitando que determinadas regiones reciban privilegios en detrimento de otras y siempre bajo el amparo de la Constitución», y «promover medidas para la defensa de la unidad territorial y la igualdad entre todos los españoles, estableciendo límites claros a la descentralización de competencias estratégicas del Estado».