Cárteles colombianos y marroquíes subcontratan bandas locales para la logística de la droga en el Guadalquivir

«Hay un pacto entre grupos marroquíes, colombianos y españoles para introducir la droga por el Guadalquivir», advierte un agente de la Guardia Civil. De esta forma, tan aparentemente sencilla, se explica la situación actual del narcotráfico en uno de los lugares donde más se ha incrementado el tráfico de drogas, especialmente el de la cocaína.

Este agente explica que «lo que antes eran clanes locales ahora se han convertido en redes internacionales» y eso se hace a través de las grandes organizaciones del narcotráfico, colombianas y marroquíes, según se trate de cocaína o hachís, quienes contratan a los grupos locales «en función de sus necesidades». Así, «unos establecen guarderías (lugares donde se almacena la droga), otros el petaqueo, otros las narcolanchas... Son grupos locales que se especializan en una dinámica», explica el agente, «ya no hay clanes como tal».

Esta 'subcontratación' de los grupos locales permite que trabajen con conocimiento del terreno y de las normas en España. «Se las saben todas», advierte el guardia civil. Así, por ejemplo, borran las numeraciones de los motores de manera que, en caso de ser capturados, no se les pueda identificar con los motores que se utilizan para narcotráfico, por lo que, si no se demuestra que esas lanchas pertenecen a una organización de tráfico de drogas, no se les puede acusar de nada.

La normativa sobre el petaqueo tan laxa facilita también la abundancia de embarcaciones que transportan combustible para llenar las narcolanchas a mitad de camino. Por esta causa, sin ir más lejos, fueron puestos en libertad todos los integrantes de la banda de 'El tarta' el pasado lunes, unos de los más activos en el transporte de combustible.

«El tema del petaqueo hay que sancionarlo cuanto antes», afirman los que cada día luchan por impedir que los narcos campen a sus anchas por el Guadalquivir. La Guardia Civil está especialmente dolida con la puesta en libertad de los 19 detenidos junto con 'El tarta'. Estuvieron año y medio investigando y atando cabos para que el juez dejara en libertad a todos al considerar que no estaba acreditado que utilizaran el combustible para las narcolanchas y, por lo tanto, no se les podía considerar miembros de organización criminal ni acusar de un delito contra la salud pública.

Tan solo un auto judicial de la Audiencia de Cádiz del pasado martes ha abierto una puerta a la esperanza al considerar que «la tenencia o el depósito de sustancias o aparatos explosivos, inflamables, incendiarios o asfixiantes, o sus componentes, así como su fabricación, tráfico o transporte, o suministro de cualquier forma, no autorizado por las Leyes o la autoridad competente, serán castigados con la pena de prisión de cuatro a ocho años, si se trata de sus promotores y organizadores, y con la pena de prisión de tres a cinco años para los que hayan cooperado a su formación»

Pero este sistema de 'subcontratación' a grupos locales también ha provocado que se desate una guerra entre esos grupos por hacerse con los servicios de los grandes traficantes de droga. «No es que los grupos de narcos sean más agresivos ahora», afirma este guardia civil, «es que se pelean entre ellos mismos y por eso van más armados, lo que también nos puede afectar a nosotros».

Más medios y más condenas

Por todo ello, desde las asociaciones de guardias civiles reclaman no solo más medios, sino también más condenas para que el tráfico de droga no se quede impune.

Para la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) «además de condenar con más contundencia el narcotráfico hay que reforzar el carácter de los agentes de la autoridad» ante el incremento de la agresividad contra las patrullas de la Guardia Civil que también se produce.

«No se reconoce esta grave situación de seguridad y el grave riesgo que están sufriendo los guardia civiles en la lucha contra el narcotráfico», considera la asociación de guardias civiles al recordar que la Guardia Civil no está reconocida como profesión de riesgo.

«No tenemos ni los medios necesarios ni el personal suficiente», asegura AUGC. «Los narcos utilizan afluentes naturales, ríos, para introducir la droga y, si nos ven en uno, enseguida se van a otro. Porque no tenemos personal para controlar todos los rincones del litoral», se lamentan desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles.