El ala izquierdista del TC sacrifica a Delgado para apaciguar al Supremo y contrarrestar el próximo fallo de la amnistía

Una de cal y una de arena. La decisión por la que el Pleno del Constitucional, sin Conde-Pumpido, ha considerado que los recursos presentados por Dolores Delgado contra las sentencias del Supremo, que anularon su nombramiento como fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática, carecen de especial trascendencia constitucional, no tendrá consecuencias prácticas. Esto es, aunque las tres impugnaciones han sido rechazadas y, con ello, confirmado el resultado del Alto Tribunal que decidió anular su designación para el puesto, Delgado seguirá conservando su plaza.

Y ello, con la ausencia de Cándido Conde-Pumpido que no ha participado en la deliberación tras haberse abstenido previamente ya que fue fiscal general del Estado y, por lo tanto, superior jerárquico de Delgado, lo que le situaba en un claro «conflicto de intereses» para este caso.

«Por eso» al bloque izquierdista de la Corte –que sí aceptó revisar el ascenso de la que fuera ministra de Justicia, a la primera categoría del escalafón–«no la ha importado dar la razón a la Sección Cuarta de la Sala Tercera en esta ocasión», apuntan algunas fuentes a El Debate. Lo previsible habría sido lo contrario y, sin embargo, la mayoría ha preferido no dar la batalla en este asunto, a cambio de «lavar un poco su imagen, dando apariencia de objetividad» para «compensar lo que está por venir en asuntos de mayor trascendencia como el aval a la Ley de Amnistía», que se cuece para antes de «este mismo verano», anticipan las mismas fuentes.

Un asunto al que el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido ha dedicado no pocos recursos técnicos, destinando hasta un total de seis letrados «en exclusiva» que reforzarán a la magistrada Inmaculada Montalbán en la redacción de la sentencia.

No en vano, el hecho de que, este mismo martes hayan quedado inadmitidas a trámite las tres impugnaciones interpuestas por Delgado contra las sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal –que fueron dictadas en mayo y junio de 2024– para dejar sin efecto su elección como titular de la plaza que ocupa actualmente, se ha leído entre los expertos como un «sacrificio» controlado.

Subsanada por García Ortiz

La anulación del Real Decreto 461/2023, de 13 de junio, de nombramiento de la demandante en amparo se produjo en virtud de tres sentencias del Tribunal Supremo, que tenían por objeto tres recursos contencioso-administrativos de diferentes sujetos (la Asociación de Fiscales (AF), la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) y un particular, L.I.C). Dicha nulidad fue, posteriormente, subsanada por el propio Álvaro García Ortiz que convocó al Consejo Fiscal, de nuevo, para reeditar su decisión que fue confirmada por el Gobierno.

Aunque varios vocales del órgano consultivo, los elegidos de entre las dos asociaciones que pleitearon contra la maniobra de García Ortiz, se negaron a votar la propuesta, el Supremo entendió que el cónclave se había configurado correctamente y computó su no votación como una abstención que permitió al fiscal general repetir la jugada, esta vez, de manera válida.

Cabe recordar, además, que el pasado mes de enero, el Pleno del Tribunal se aseguró de que prosperase el recurso de amparo de Dolores Delgado contra la sentencia de la misma Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, que anuló su ascenso como Fiscal de Sala Togada del Alto Tribunal, al entender que su sucesor en el cargo –el actual titular del Ministerio Público, Álvaro García Ortiz– había incurrido para ello en «desviación de poder». En este asunto, del que depende el requisito previo necesario para poder optar a la segunda designación, los magistrados izquierdistas sí «se aseguraron de entrar en el fondo del asunto».