
David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno
La defensa de David Sánchez cree que los testigos avalan la legalidad de su contratación
Lo ha hecho después de que las testificales de tres técnicos de la Diputación de Badajoz en el juzgado donde se sigue la causa contra el hermano del presidente del Gobierno
El abogado de David Sánchez, Emilio Cortés, ha afirmado este miércoles ante los medios que lo aportado por tres técnicos de la Diputación de Badajoz, que han declarado como testigos en el caso que se sigue contra el hermano del presidente del Gobierno por varios delitos en un juzgado pacense, revela que el proceso de contratación del investigado se realizó «desde la más estricta legalidad».
«Los tres técnicos han puesto de manifiesto que todos los procesos administrativos que están controvertidos en este proceso penal se han realizado desde la más estricta legalidad», ha expresado en declaraciones recogidas por EFE. Y ha defendido que se desprende de los testimonios que no se alertó de ninguna circunstancia irregular en este procedimiento, algo que «ya se sabía, pues no hubo ningún reparo ni nadie alzó la voz».
Así, para el letrado se confirman sus «buenas sensaciones» dado que los técnicos han declarado «prácticamente como peritos de la legalidad» y se demuestra que «no hubo ninguna tacha en la creación de la plaza, ni en sus bases, ni en su desarrollo, ni en el cambio de nomenclatura, ni en las contrataciones que vinieron después», ha sostenido.
Por su parte, la coordinadora nacional jurídica de Vox, Marta Castro, que ejerce como portavoz de las acusaciones populares en la sala donde se declara, considera que «se quiere hacer ver que los expedientes cumplieron con la legalidad», pero si se analiza «de quién partió la iniciativa» de la contratación, «cómo se desarrolló» el proceso o «cómo se ejecutó», el contrato presenta «irregularidades».Y desde Hazte Oír, que es otra de las acusaciones populares en el caso, creen que los testimonios de hoy «no le han venido bien a las defensas». El abogado de la entidad, Javier María Pérez, ha señalado que los técnicos que han declarado «solo han reconocido que controlan la legalidad formal, sin entrar en el fondo del asunto, por lo que sus informes favorables no acreditan nada».