El Gobierno no da al PP ninguna garantía de que el cupo arancelario sea un invento de Junts

La ambigüedad de la disposición adicional segunda del decreto ley de medidas urgentes ante los aranceles de Estados Unidos, publicado este miércoles en el BOE, ha añadido desconfianza a la negociación entre el ministro Carlos Cuerpo y el PP en torno a un pacto arancelario. Pacto que pasaría, en primer lugar, por el voto favorable del PP a la convalidación del decreto ley en el Congreso, a donde llegará la segunda semana de mayo.

Junts presumió el martes de haber pactado con el titular de Economía que el 25 % de los fondos movilizados irían para Cataluña, en consonancia con el peso de las empresas catalanas en las exportaciones a Estados Unidos. Ello, vía disposición adicional en el decreto ley. El PP reaccionó amenazando con volar los puentes ante este «cupo arancelario» y, por la tarde, Cuerpo telefoneó a Bravo para explicarle que no había ningún criterio territorial ni un porcentaje preasignado a Cataluña, como había contado Junts.

Pero los populares decidieron esperar a conocer la literalidad del texto y a las garantías que pudiera darles Cuerpo durante su comparecencia de este miércoles en el Congreso. Sin embargo, ni lo uno ni lo otro tuvieron. La disposición adicional no contiene porcentajes, pero se presta a interpretaciones. Amén de que se titula Garantía de proporcionalidad territorial en la aplicación de los fondos. Y dice: «El Gobierno garantizará que la puesta a disposición a las empresas de los instrumentos financieros regulados en el presente real decreto-ley se efectúe, con respeto al equilibrio territorial, sobre la base del porcentaje de las exportaciones de bienes con destino a Estados Unidos de las empresas de cada comunidad autónoma respecto al total de España en 2024 con particular atención a aquellas comunidades que tengan una mayor exposición».

En su intervención, Cuerpo habló de las garantías contenidas en el texto, pero es que no las hay: «El acceso a todas estas medidas que ponemos sobre la mesa va a estar garantizado con un criterio no arbitrario, con un criterio precisamente que tenga en cuenta este grado de exposición al shock que viene, grado de exposición a las exportaciones a Estados Unidos. Esto queda totalmente garantizado en el real decreto-ley que se publica hoy y que se aprobó ayer», sostuvo el ministro.

La alerta la lanzó Alberto Núñez Feijóo, de viaje en Bruselas para reunirse con la presidenta de la Comisión Europea y con los comisarios de Defensa y Comercio. «Esta disposición adicional puede dotar de arbitrariedad y de confusión en el reparto de préstamos y avales, y eso no podemos compartirlo. Incluye un criterio territorial en los préstamos y en los avales. Imagínense ustedes qué tiene que ver el territorio. Las empresas afectadas son las empresas españolas, actúen en el territorio que actúen. Nada que ver el criterio territorial con el criterio de facturación y exportación a los Estados Unidos. Hoy no estamos más cerca que ayer en la posibilidad de apoyar el decreto ley, que es un parche y no una solución ante las dificultades de las empresas españolas. Nosotros no nos hemos movido, se ha movido el Gobierno», sostuvo.

Su reacción fue más contundente que la de su vicesecretario de Economía, que a esa hora debatía con el ministro en la Cámara Baja. Bravo le dijo a Cuerpo: «Partimos de la presunción de que su objetivo son los españoles, pero le avisamos: si vemos que eso cambia y que ustedes empiezan a hacer juegos políticos con el futuro de las empresas españolas nos iremos de las negociaciones. Nosotros estamos en el mismo sitio, mano tendida. Si usted también, todo sigue igual. Pero si usted es el que cambia y empieza a hacernos trampas nos iremos». Sonó a segunda oportunidad.

Este jueves, el ministro de Economía se verá con los consejeros de las comunidades para explicarles qué hay y qué no hay en el decreto ley. Desde el Ministerio explican a este periódico que las comunidades tendrán un papel fundamental en calibrar y actualizar los daños de la política arancelaria de Trump y en facilitar la interlocución entre las empresas y el Estado. Porque será el Estado el que gestione los instrumentos habilitados.

El PP no entiende, o no comparte, que el Gobierno haya jugado a dos barajas: buscando el apoyo de los populares a este decreto ley pero, también, el de Puigdemont. Fuentes del Gobierno argumentan que querían una mayoría «lo más amplia posible», dado que éste es un desafío de país. Las mismas fuentes asumen con normalidad que Junts siempre intenta hacer «un relato interesado» de los acuerdos que alcanza con ellos y que el PP está incómodo en el bloque del ‘sí’ cuando están ahí el Gobierno y Junts, ambos. «Coincidir con Junts en el ‘no’ no les importa, pero en el ‘sí’ es otra cosa».

En cualquier caso, en el Ejecutivo opinan que el PP lo tiene muy difícil para votar en contra, y recuerdan lo que le sucedió con el decreto de la revalorización de las pensiones: el PP votó en contra a la primera y a favor a la segunda, «y después de un amplio desgaste» entre medias, sostienen.

De momento queda casi un mes para que el decreto ley se someta a su convalidación en el Congreso. Durante estas semanas, los populares aspiran a seguir negociando con el ministro de Economía en un plan que vaya a los «problemas estructurales». Porque, según Feijóo, el Ejecutivo está «obcecado» en los préstamos y los avales.