Junts envenena la negociación entre el ministro Cuerpo y el PP para un pacto arancelario

Las negociaciones del ministro de Economía para intentar llegar a un acuerdo de amplio espectro político sobre el decreto ley con medidas para hacer frente a los aranceles de Donald Trump derivaron este martes en un sainete. Fruto de una conjunción bastante habitual en esta legislatura: la inclinación de Pedro Sánchez a establecer negociaciones paralelas y, casi siempre, divergentes; y la capacidad de Junts para contaminar cualquier medida de radioactividad independentista.

Con esa mezcla, los populares a punto estuvieron de dar la espantada, después de cinco días de reuniones, llamadas, papeles cruzados y algunas concesiones por parte de Carlos Cuerpo para conseguir el voto favorable del PP a la convalidación del decreto ley, cuando éste llegue al Congreso (no será hasta mayo). No obstante, en ningún momento los de Alberto Núñez Feijóo llegaron a anunciar su voto en contra, para no comprometer su estrategia ni empeñar su palabra.

Lo que parecía un pacto hilvanado -que no cerrado- entre el Gobierno y el principal partido de la oposición casi salta por los aires cuando el portavoz adjunto de Junts en el Congreso, Josep Maria Cruset, compareció en el patio de la Cámara Baja para anunciar su propio acuerdo con el Ejecutivo de Sánchez. Como siempre, al margen del resto de partidos.

Cruset alardeó de que Cataluña se quedaría con la cuarta parte de los 14.320 millones de euros movilizados por el Gobierno, dentro del llamado Plan de Respuesta y Relanzamiento Comercial. Como Cataluña supuso el 24 % del peso de las exportaciones a Estados Unidos el año pasado, los independentistas pidieron al Ejecutivo un porcentaje similar de la tarta de los créditos y el resto de las ayudas a cambio de sus siete votos. Más de 3.000 millones, según los cálculos de Junts.

La sorpresa del PP fue mayúscula. Poco después, el ministro Cuerpo compareció en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y en ningún momento habló de ese supuesto «cupo arancelario». Es más, todo fueron arrumacos del ministro de Economía al PP. En las horas previas, Cuerpo había introducido en el decreto ley algunas de las peticiones del responsable económico del PP, Juan Bravo.

No eran todas, pero sí las imprescindibles para predisponer al PP a votar a favor de su futura convalidación: reducir el plazo de la moratoria contable para las empresas en riesgo de disolución, un plus de 220 millones en la partida prevista para ayudar a las empresas a buscar nuevos mercados, el compromiso de incorporar a las comunidades a la negociación y una comparecencia del ministro Cuerpo en el Congreso cada tres meses.

El cálculo que hacían en la Moncloa a esa hora era que es un decreto ley al que el PP tenía muy difícil oponerse y que a los populares les interesaba apoyarlo para distanciarse de Vox en el asunto de los aranceles, dadas las complicaciones del partido de Santiago Abascal para explicar su postura. Así que, incorporando algunas de sus peticiones al decreto ley, el Gobierno les daba una pista de aterrizaje para que el PP lo apoyara sin que pareciera a cambio de nada.

Los populares esperaron durante horas una llamada del ministro para que les aclarara qué había pactado con Junts y qué no (no podían saberlo a ciencia cierta porque el decreto ley se aprobó este martes en el Consejo de Ministros, pero no se publica en el BOE hasta este miércoles). Sin embargo, en vista de que no llegaba, pasadas las cinco de la tarde el PP emitió un comunicado en estos términos: «El Gobierno ha decidido expulsar al Partido Popular del marco negociador para la respuesta a la crisis arancelaria tras pactar unilateralmente con el independentismo un cupo arancelario que reparte de manera desigual los recursos de todos los españoles».

Fuentes de la formación consultadas por El Debate añadieron que Cuerpo no había hablado ni negociado con ellos ningún criterio de reparto, y menos aún territorial. Según las mismas fuentes, el planteamiento que en todo momento Bravo había hecho al ministro era que las ayudas debían ser finalistas y repartidas por sectores afectados. En ningún caso por comunidades.

Con la bola de nieve creciendo, el ministro de Economía llamó a Bravo para aclararle que lo que estaba contando Junts no era cierto. Y que las ayudas se distribuirían en función del grado de exposición de los sectores, en ningún caso por criterios territoriales. Ello suavizó las cosas, aunque el PP quiere verlo negro sobre blanco porque no se fían. Aun así, los populares no van a adelantar aún el sentido de su voto porque creen que queda negociación por delante hasta que el decreto ley llegue al Congreso.

Es estas circunstancias, Feijóo viaja este miércoles a Bruselas para reunirse con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y con el comisario de Defensa, Andrius Kubilius. Según su partido, expresará el apoyo del PP a Von der Leyen en el diseño de una respuesta «firme pero medida» en la batalla comercial iniciada por Estados Unidos. «Una batalla que en España perjudica a empresas y trabajadores», lamentan los populares.