Pepa Millán: «Sánchez ha ido a China a rendir nuestros intereses y los de toda Europa a la dictadura comunista»

Pepa Millán lleva algo más de un año y medio como portavoz de Vox en el Congreso, donde apunta que a su grupo se lo ponen «especialmente difícil», aludiendo a los insultos y ataques que recibe, y también a la censura por parte de la presidencia de la Cámara, que denuncia que actúa como una «comisaria del PSOE». Lanza críticas a los socialistas y sus socios, pero también al PP, al que le recrimina no ejercer la oposición y «salir al rescate de Sánchez». Millán, que ha hablado con este periódico sobre la postura de su partido sobre los aranceles, visita la redacción de El Debate para analizar otras muchas cuestiones de actualidad nacional e internacional.

— ¿Cómo han visto desde su partido la visita del presidente del Gobierno a China? Ha trasladado que aboga por una «agenda positiva» con el país asiático y por mantener una «elevada interlocución política»…

— Sánchez se va a China a rendir nuestros intereses y los de toda Europa a la dictadura comunista después de haber rendido pleitesía al genocida Ho Chi Minh. No caben peores socios para España. Y en lugar de negociar en Washington, como hace Meloni, un acuerdo satisfactorio para nuestra nación respecto a los aranceles, traiciona al campo y la industria españoles. No es la primera vez, ya que Sánchez pidió hace unos meses a la UE que no aplicara aranceles a los coches chinos. Estos son los aliados de Sánchez: China, Venezuela y todos los regímenes contrarios a la libertad.

— Ustedes se han mostrado muy críticos con el plan de rearme de la Unión Europea que se planteó hace unas semanas. ¿Qué alternativa proponen?

— Nosotros creemos que es imprescindible una política de defensa que atienda a los intereses nacionales y en nuestro caso, a las necesidades de seguridad que tiene España en estos momentos. Ese plan de rearme y esa idea de crear un ejército europeo lo que estamos viendo es que únicamente responde a la idea de crear una Europa federal por medio de la cesión constante de soberanía por parte de las naciones y hacer a la Von der Leyen de turno omnipotente. Y no podemos estar a favor de eso. Hemos dicho desde el primer momento que el gasto en defensa no es un gasto, que es una inversión, que es necesario cumplir con ese 2 %, pero que cualquier plan de defensa que se plantee tiene que atender a las necesidades que tiene España.

Nos cuesta mucho trabajo creer que un Gobierno que está cediendo las fronteras y la política de extranjería a partidos separatistas, que hace la vista gorda con la amenaza de Marruecos sobre Ceuta, Melilla y Canarias, que abre nuestra frontera o que desmantela unidades policiales o de la Guardia Civil para hacer frente al narcotráfico diga que va a garantizar la seguridad en Europa y en un país como Ucrania. De momento lo que estamos viendo es otra hipocresía por parte de este Gobierno.

La inmigración ilegal es un delito y el delito no se puede gestionar, se tiene que combatir. Y se tiene que frenar ese drama humanitario que lleva consigo

— Le pregunto ahora por una de las iniciativas que se votaron esta semana en el Pleno del Congreso, el decreto del Gobierno para el reparto de menores extranjeros entre las comunidades autónomas.

— Lo que estamos viendo es otra medida que da un paso más en ese efecto llamada a la inmigración ilegal. ¿La solución a la invasión inmigratoria que plantea el Gobierno es seguir con esas políticas de efecto llamada para continuar con esa saturación y seguir repartiéndolo por toda España? Nos parece una absoluta irresponsabilidad.

El problema de la inmigración ilegal es una cuestión de seguridad nacional. No solamente es un problema humanitario. Y el Gobierno lo que va a hacer con este decreto es colaborar con esas mafias que trafican con personas, consolidando ese negocio por el cual muchas personas pagan dinero a las mafias para venir aquí dejándose la vida en el mar, traerlos aquí condenándolos a un futuro que ni siquiera somos capaces de garantizar a nuestros hijos y sembrar por toda España los problemas de inseguridad. Estamos viendo lo que está pasando en los centros de menas, como en Fuenlabrada o en Melilla.

No es solidaridad lo que mueve al Gobierno, sino traer masiva e ilegalmente a personas con el objetivo de configurar el mercado electoral y sacar algún tipo de beneficio político. También económico, porque estamos hablando de personas que tienen una baja cualificación, que van a ser beneficiarias netas de un sistema público al cual no pueden aportar en la misma proporción, y la consecuencia última va a ser la devaluación de nuestra economía.

— Ustedes han propuesto hacer pruebas de edad para comprobar si los menores realmente lo son, dado que, por ejemplo, en Aragón se vio en su día que el 90 % eran mayores. ¿Qué propondrían hacer con los que sí son menores?

— Sean mayores o menores de edad, en España no puede entrar ninguna persona de forma ilegal. La inmigración ilegal es un delito y el delito no se puede gestionar, se tiene que combatir. Y se tiene que frenar ese drama humanitario que lleva consigo. Toda persona que entre de forma ilegal tiene que ser repatriado a su país de origen. Y en el caso de los menores, tienen que ser reagrupados familiarmente, y el Gobierno está obligado a llevar a cabo todos los trámites que permitan devolverlos con sus familias. No estamos hablando de nada nuevo. Existe una ley, existen unas fronteras y existen unos acuerdos internacionales que son los que hay que hacer valer.

— Han puesto como condición al PP para apoyar sus presupuestos en las regiones que se opongan a ese reparto de menores y a la inmigración ilegal en general y también al Pacto Verde. ¿Hay algún avance en otras comunidades después del paso dado en Valencia?

— El PP sabe perfectamente qué pedimos para que salgan adelante unos presupuestos: el rechazo total a toda política que contribuya al desarrollo de las medidas en política inmigratoria del PSOE y el rechazo a la política derivada del Pacto Verde. No es lo único; pedimos un rechazo de plano a todas las políticas del PSOE.

En el caso de Valencia es especialmente sensible porque tiene que ser reconstruida, y esa reconstrucción pasa por rechazar todas esas políticas que lastran la seguridad y la economía de los valencianos. Hemos conseguido que el PP dé ese primer paso de apartarse de estas políticas, y se está trabajando en que haya unos presupuestos donde se prime a los valencianos, que incluyan una rebaja de impuestos, el recorte del gasto superfluo, cortar el desarrollo de las políticas de ideología climática y de las políticas migratorias, entre otras. Y es lo que pedimos al resto de comunidades.

— ¿Cree que va a ser posible?

— Eso se lo tendrán que preguntar al PP.

Sánchez ha demostrado que no tiene escrúpulos de nada y ha hecho de la mentira su forma de hacer política. Nadie puede fiarse de él

— Cambiando de tema, esta semana se ha aprobado la reforma de la Ley Reguladora del Derecho de Asociación. En El Debate publicamos que un letrado del Congreso ha pedido su baja de la Comisión Constitucional por considerar que esta, y otra norma también registrada por el PSOE, es inconstitucional. Su partido ha presentado una enmienda a la totalidad. ¿Qué supone esta ley?

— El Gobierno lo que está haciendo es aplicar su rodillo ideológico con consecuencias también como las que estamos viendo, que por supuesto hay mucha gente que no está dispuesta a echar por tierra su reputación con tal de firmar todo lo que le pongan por delante, como sí hace, por cierto, el letrado mayor del Congreso, colocado por el PSOE.

En nombre de una ley de memoria democrática, con toda esa normativa que pende de esas leyes que son de revisionismo histórico, se están llevando a cabo unas actuaciones que van a consistir fundamentalmente en la censura, en la persecución al disidente, a todo el que no comparta la verdad oficial. El PSOE quiere reescribir la historia para blanquear su presente criminal; tienen que cambiar nuestro pasado y tienen que enfrentar a la sociedad. Y lo que van a hacer con esa ley de asociaciones, es esto mismo. Nada de esto estaría ocurriendo si el PP en su momento hubiera derogado la ley de Memoria Histórica.

— ¿Cuál cree que es la magnitud de los casos de corrupción que cercan al presidente del Gobierno?

— Todavía está por ver. Al principio de esta legislatura, Vox advirtió que lo peor de Sánchez estaba por venir, y efectivamente es lo que estamos viendo. El desfile por el juzgado de diversos empresarios y de miembros del PSOE y del Gobierno lo que está evidenciando es que no estamos ni ante el caso Begoña, ni ante el caso Koldo, ni ante el caso Ábalos; estamos ante el caso PSOE. Cada paso que se da en los juzgados evidencia que estamos ante una enorme trama de corrupción, que, por otro lado, es algo a lo que siempre se ha dedicado el PSOE, y ahí tenemos su historial en la Junta de Andalucía. Nosotros estamos personados y vamos a seguir hasta el final.

— ¿Por qué cree que pese a estos casos de corrupción, los atropellos del Gobierno y el peligro que supone para la democracia, como su partido ha denunciado, no se ha logrado que esto cale en una mayoría social?

— En gran parte porque tenemos una oposición que no hace oposición. Tenemos un teórico principal partido de la oposición, que es el PP, aunque solamente sea por términos numéricos, pero no pierde ninguna ocasión de salir al rescate de Sánchez. Lo estamos viendo con el reparto del Consejo General del Poder Judicial, con la regularización masiva de medio millón de inmigrantes ilegales, cuando se reúnen con Sánchez en la Moncloa,…

Con Sánchez no se puede sentar nadie. Sánchez es el que ha pactado con Bildu, el que ha pactado con Podemos, el que está llevando a España a una ruina social y económica sin precedentes, que ha demostrado que no tiene escrúpulos de nada y que ha hecho de la mentira su forma de hacer política…Nadie puede fiarse de él.

Pero al fin y al cabo, PP y PSOE son socios en Europa, comparten las mismas políticas climáticas, fiscales, en materia de inmigración, en materia de memoria histórica, en materia de gasto político… El principal problema que tiene España es el PSOE, pero el segundo es un PP que no hace oposición. Y esa actitud servil del PP con el PSOE y hostil con Vox es la que está dificultando que en España exista una alternativa al tiránico Gobierno de Sánchez.

— ¿Qué respondería a quienes recriminan a Vox que se dedique a hacer casi tantas críticas al PP como a Sánchez?

— Bueno, es que la oposición a Sánchez y al PSOE, que es nuestro principal enemigo, implica la oposición a toda convivencia y entendimiento con Sánchez. Es una pregunta que más bien tendría que responder el PP, que yo creo que tiene que aclararse sobre qué es lo que quiere ser: si quiere ser una verdadera alternativa a los españoles o quiere seguir siendo el que salga al rescate del PSOE mientras habla en secreto con Junts, como hizo el pasado verano.

— ¿Cree que habría que empezar a preocuparse por la limpieza de las futuras elecciones?

— Nosotros estamos convencidos de que Sánchez hará todo lo posible por mantenerse en el poder. Y, además, es muy significativo que haya aprovechado cada desgracia y cada mal momento que han atravesado los españoles para sacar rédito político. Lo hizo con la pandemia, lo ha hecho con la riada de Valencia y lo está haciendo con una guerra en Ucrania. Está aprovechando situaciones graves para la sociedad para imponer unas medidas que van a suponer un recorte de libertades y de derechos, como vimos en la pandemia, y que también van a servir como excusa para el expolio, con la imposición de nuevos impuestos.

Y hemos visto cómo no tiene ningún tipo de pudor a la hora de colonizar las instituciones. Ahí tenemos al fiscal general del Estado, imputado precisamente por ejercer de abogado del clan Sánchez, y a Pumpido maniobrando para anular sentencia que no le gusta al PSOE. Llegado el momento, si tiene que utilizarlas para evitar que los españoles hablen en las urnas, lo va a hacer, porque su único afán es erigirse en el líder absoluto de un régimen totalitario, que es a lo que está conduciendo a España.

El PP tiene que aclararse sobre qué es lo que quiere ser: si quiere ser una verdadera alternativa a los españoles o quiere seguir siendo el que salga al rescate del PSOE

— Pasando ahora a hablar de su partido, en los últimos meses se han producido varias salidas de Vox, desde Juan García-Gallardo a su portavoz en Navarra o a una diputada en Ceuta hace unos días. ¿A qué cree que obedece?

— En Vox no pasa nada distinto de lo que ocurre en la vida de otros partidos. En todos hay salidas, entradas… Por ejemplo, el grupo del PP en el Congreso cambió por completo después de las elecciones del 23 de julio; o el Gobierno de Ayuso cambió a la mayoría de consejeros. En todos los partidos cambian las caras, pero eso no significa nada.

Lo que ocurre es que a Vox se le pone un foco mediático sobre cuestiones ordinarias, no sabemos muy bien con qué objetivo. Y ese foco que se pone sobre esas cuestiones internas alimentadas de forma interesada es indirectamente proporcional al que se puede poner a nuestro trabajo parlamentario, que es mucho.

— Si estuviera Vox en el Gobierno, ¿qué haría con el aborto y la eutanasia? ¿Qué medidas concretas adoptaría al respecto?

— Las políticas que deben guiar a cualquier poder público en España y al Gobierno fundamentalmente tiene que ser la preservación del derecho a la vida. En los últimos años, la izquierda, en connivencia con el PP, lamentablemente ha avanzado en la imposición de la cultura de la muerte y nosotros creemos que el derecho a la vida es el primero de todos, que se debe preservar, que se debe prestar ayuda a las mujeres embarazadas y fundamentalmente a aquellas que se encuentran en una situación de dificultad económica o de vulnerabilidad.

Y en el caso de la eutanasia, la vida es un valor que hay que preservar y nosotros echamos en falta esa inversión en cuidados paliativos y ese compromiso de los poderes públicos con enfermedades especialmente graves, como ocurre con la ELA. Se aprobó una ley que lamentablemente es un brindis al sol, porque no se ha destinado ninguna financiación.