La versión única de Jessica complica la estrategia de Ábalos contra la UCO en el Supremo

A juicio del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, uno de los principales imputados en la causa que se sigue en el Supremo contra la presunta corrupción que salpica al Gobierno, en el marco del 'caso PSOE', uno de los últimos informes presentados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al juez Leopoldo Puente, buscaba «no sólo proyectar la idea de negocios encubiertos, sino además cuestionar su compromiso con determinados valores».

Una afirmación que pierde fuerza a medida que se conocen los detalles de la intrahistoria que rodeó la etapa de Ábalos al frente del Ministerio y cómo haciendo uso de su posición en el mismo participó no sólo, presuntamente, en uno de los rescates más polémicos de la pandemia, los 475 millones de euros entregados a Air Europa; sino, además, en la posible colocación irregular de la que entonces era su amante, Jessica Rodríguez, en dos empresas públicas —Ineco y Tragsa— dependientes del Departamento que dirigía el socialista.

La joven 'sobrina' del entonces titular de Transportes, y hombre fuerte de Pedro Sánchez en el partido, ha resultado ser, entre las versiones contradictorias de los supuestos negocios turbios de la trama orquestada por el conseguidor Víctor de Aldama, y pese a la presión mediática desatada sobre ella, un faro de las andanzas de quienes, prevaliéndose de sus cargos, destinaron fondos públicos o 'mordidas' de empresarios a pagarle servicios que nada tenían que ver con sus aptitudes profesionales.

Jessica reconocía en sede judicial, citada como testigo y, por tanto, obligada a decir la verdad ante el magistrado instructor del caso, que manteniendo una relación sentimental con Ábalos, le había enviado su currículum para que, a su vez, lo reenviase a alguno de los contactos que, finalmente, prepararon el contrato que le permitió, hasta en dos ocasiones distintas, percibir un sueldo con cargo al erario, pese a no saber dónde estaba físicamente su puesto y no haber asistido ni un solo día a trabajar. Un versión que trató de desmentir sin éxito su jefe directo, Joseba García, hermano de Koldo, ex asesor del ministro.

Jessica confirmaba al juez Puente que tampoco había pagado ni una sola de las mensualidades, de más de 2.000 euros, a las que ascendía el piso de Plaza de España, que eligió porque «estaba cerca de Ferraz», en el que vivió durante cerca de dos años.

También que, durante ese tiempo, había acompañado al ministro en «unos 15 o 20 viajes oficiales» de los que las conversaciones extraídas de los móviles incautados, a varios detenidos, los agentes de la UCO acreditaban que, al menos, en 3 de ellas la chica hizo uso de la «sala de autoridades» de alguno de los aeropuertos de salida, escala o destino.

Así las cosas, frente a la estrategia de defensa de Ábalos ante el Supremo, calificando de «tendencioso» el trabajo de la Guardia Civil —en ciertos aspectos patrimoniales derivados del dictamen de 17 de marzo de 2025 y en busca de un «ansiado indicio acusatorio» contra él— Jessica se reiteraba por escrito, en todo lo dicho ante el Alto Tribunal, para justificar en el Senado su ausencia por motivos de salud, en la Comisión de Investigación en la que estaba citada, este mismo lunes. Un relato que han ido apuntalando, a medida que avanzan las pesquisas, las informaciones, datos y documentos aportados por los policías judiciales a la instrucción del caso.

«Yo no cambio de opinión», aseguraba ayer la joven. «No tengo dos versiones de lo que ya me fue preguntado ante la Sala Segunda» del Alto Tribunal, insistían en su texto. Toda una declaración de intenciones con la que buscaba dar fuerza a lo dicho en su momento al juez Leopoldo Puente que fue y «es rigurosamente cierto y en ello me ratifico íntegramente», apostillaba en un escueto folio enviado a la Cámara Alta, tan sólo diez minutos antes de la hora prevista, las 11.00, para dar la cara.