El Gobierno ha adjudicado 46 contratos por 1.044 millones a empresas de armas israelíes desde la guerra de Gaza

El Centro Delàs de Estudios por la Paz ha publicado un adelanto de su próximo informe sobre las relaciones militares entre España e Israel, que recoge que el Gobierno central ha adjudicado 46 contratos a empresas de armas israelíes entre el 7 de octubre de 2023 –cuando se produjeron los ataques de Hamás y el 24 de abril de 2025.

En un comunicado este viernes, el centro de estudios ha publicado un listado de los 46 contratos adjudicados a industrias militares israelíes por un valor total de 1.044.558.955 de euros, y aún no han sido formalizados 10 contratos más, según la última consulta que realizaron este jueves en la Plataforma de Contratación del Estado.

En concreto los 10 contratos no formalizados de adquisición de material militar israelí por parte del Gobierno incluyen los lanzacohetes SILAM (576,4 millones euros) y los misiles Spike (237,5 millones euros), así como otros contratos con las empresas de defensa israelíes IMI Systems LTD, Netline Communications Technologies (NCT) Ltd y Guardian Homeland Security S.A, según recoge el informe.

El Centro Delàs ha reclamado centrar el análisis en un «prisma político, humanitario y ético, cuando hay de más de 50.000 víctimas civiles directas por la acción militar israelí desde el 7 de octubre de 2023», y no en el impacto económico de la cancelación de los contratos formalizados o de las penalizaciones económicas que ello suponga.

Este informe llega después de que el Gobierno acordase este jueves –por las presiones de Sumar– rescindir de forma unilateral del contrato del Ministerio del Interior para comprar 15 millones de balas a una empresa israelí, y a pesar de que un día antes el departamento que encabeza Fernando Grande-Marlaska anunciara que iba a formalizar el contrato ya que «la anulación hubiera supuesto abonar el precio a la empresa sin recibir el material contratado, necesario para que la Guardia Civil».

Desde el Centro Delàs han acusado al Ejecutivo central de mantener la contratación de productos militares a empresas israelíes «a pesar de haber reiterado que esto no ocurría en diversas ocasiones tanto en medios de comunicación como en sede parlamentaria».

El centro de estudios por la paz ha sostenido que si el Gobierno hubiera acordado un embargo integral de armas a Israel ninguno de estos contratos se hubiera celebrado: «Si el Gobierno tuviera voluntad política podría imponer ese embargo a través de un decreto ley en la próxima reunión del Consejo de Ministros», han sugerido.