Marlaska se dispara en el pie con balas israelíes

En un episodio de alta tensión política, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha visto obligado ha frenar una crisis en su Ejecutivo con una decisión tan simbólica como polémica: ordenar la rescisión de un contrato de 6,6 millones de euros con una empresa israelí para la compra de más de 15 millones de balas destinadas a la Guardia Civil. Lo hizo corrigiendo públicamente al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y buscando preservar el equilibrio de su Gobierno de coalición con Sumar.

La decisión, anunciada este jueves, ha servido para sofocar —al menos por ahora— una tormenta política que amenazaba con desestabilizar el Ejecutivo tras la adjudicación, publicada en el BOE, a IMI Systems, filial del grupo Guardian LTD Israel. El contrato, que Interior defendió legalmente con el respaldo de la Abogacía del Estado, contravenía el compromiso que el propio Sánchez había proclamado en el Congreso: desde el 7 de octubre de 2023, fecha de los atentados de Hamás en Israel, España no firmaría contratos de compraventa de armamento con empresas israelíes.

El anuncio de la rescisión no fue una decisión menor. Supuso una desautorización en toda regla a la posición sostenida por Interior, que horas antes había advertido de que romper el contrato implicaría compensar a la empresa adjudicataria sin recibir el material comprometido. Desde el departamento de Marlaska se insistía en que el proceso estaba en una fase tan avanzada que la anulación no era viable sin coste. Pero Sánchez decidió lo contrario.

La fórmula hallada por el Ejecutivo para sortear el dilema jurídico fue la denegación del permiso de importación por razones de «interés general», lo que en la práctica deja sin efecto el contrato. La Abogacía del Estado y los ministerios implicados ya estudian las posibles consecuencias legales.

Díaz toma la iniciativa

Detrás de la maniobra del presidente está la presión ejercida por Sumar, que ha convertido este asunto en una línea roja política. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se atribuyó abiertamente la decisión de cancelar el contrato y reveló que había negociado personalmente con Interior y con Presidencia. «España no puede comprar ni vender armamento a empresas israelíes», dijo con rotundidad, apelando a los derechos humanos como argumento irrenunciable.

Izquierda Unida —una de las fuerzas que integran Sumar— fue aún más contundente. Su portavoz, Enrique Santiago, llegó a plantear la ruptura de la coalición si no se rectificaba. Antonio Maíllo, coordinador federal de IU, calificó el contrato como una «tropelía» que habían logrado evitar.

Podemos, por su parte, recibió con escepticismo la rectificación del Gobierno. Su portavoz adjunto, Javier Sánchez Serna, advirtió de que la decisión buscaba «apaciguar» la relación entre socios sin un verdadero compromiso con el fin de las relaciones comerciales con Israel. «Todo seguirá igual», sentenció, acusando al Ejecutivo de contribuir al «sostenimiento financiero» del «exterminio en Gaza».

El rearme, telón de fondo

La polémica por las balas estalló un día después de que el Consejo de Ministros aprobara un plan para alcanzar este año el 2% del PIB en gasto en Defensa. Un proyecto que el Ejecutivo defiende como cumplimiento del compromiso con la OTAN, pero que ha incomodado a su ala más a la izquierda. Para muchos dentro de Sumar, esa decisión marca un giro hacia una «legislatura del rearme», como la definió Podemos, que teme ver diluido el carácter progresista del Ejecutivo.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego (IU), fue más allá y exigió auditorías en Interior y Defensa para conocer todos los contratos vigentes con empresas israelíes. En el centro del foco está también otro acuerdo en vigor con IMI Systems: uno de 319.000 euros para placas de chalecos antibalas, que Interior defiende como «material de protección» y no sujeto a la prohibición.

La derecha no dejó pasar la oportunidad de criticar lo que considera un acto de debilidad institucional. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se mostró contrario a la rescisión del contrato, subrayando que este había sido firmado con una empresa privada y no con el Estado israelí. A su juicio, cancelar un contrato «por un problema personal» de Sánchez y por presiones políticas «es propio de países de otras latitudes».

Feijóo lamentó además la «inestabilidad» del Ejecutivo y cuestionó quién asumirá los costes legales de la rescisión. La vicesecretaria de Organización Territorial del PP, Carmen Fúnez, calificó la decisión como «el ejemplo más claro de debilidad posible» y acusó al Gobierno de estar «pegado solo por el pegamento de los sillones».

Fúnez recordó que hace justo un año Sánchez protagonizó su célebre «espantada» para reflexionar sobre su continuidad en Moncloa. «Hoy seguimos pagando ese coste», dijo, ligando esta decisión a otras como la ley de amnistía o el voto a los 16 años. «No hay proyecto de país. Solo un proyecto: el de Sánchez para mantenerse en el poder», remató.

Explicaciones en el Congreso

En paralelo, las formaciones independentistas y nacionalistas de izquierda —ERC, EH Bildu y BNG— han pedido la comparecencia urgente de Grande-Marlaska en el Congreso para explicar la adjudicación del contrato con Israel. Denuncian que se incumplen los compromisos adquiridos por el Gobierno en relación con el conflicto palestino y exigen aclarar responsabilidades.

Mientras tanto, desde Moncloa se insiste en que no ha existido riesgo real de ruptura de la coalición, aunque la secuencia de los hechos sugiere lo contrario. La rapidez con la que se reaccionó tras la escalada de críticas internas, y la simultaneidad en los comunicados emitidos por ambas partes del Gobierno, dan cuenta de una gestión de crisis hecha a contrarreloj.

Suministro garantizado

Interior ha querido cerrar el capítulo con una aclaración técnica: el suministro de munición está garantizado y no habrá desabastecimiento. Se prevé una nueva licitación para cubrir las necesidades operativas de la Guardia Civil. Una manera de rebajar el tono tras una semana en la que las balas que nunca llegaron a dispararse terminaron disparando una de las crisis más sonoras dentro del Gobierno de coalición.

Gaza, el rearme español y la tensión entre aliados parecen haber cristalizado en un contrato de munición que se ha convertido en símbolo de algo mayor: los límites del pragmatismo en una coalición política forzada a convivir entre la coherencia ideológica y la presión geoestratégica. Una bala política que Sánchez, por ahora, ha logrado esquivar. No así Marlaska, que se ha disparado en el pie y suma esta a una ya larga lista de polémicas.

Polémicas

Por ejemplo, puede recordarse la tragedia en la valla de Melilla en junio de 2022, donde al menos 23 inmigrantes murieron al intentar cruzar la frontera. Organismos internacionales, como la ONU y Amnistía Internacional, denunciaron un uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades marroquíes y españolas. Marlaska defendió inicialmente la actuación policial y negó que los hechos hubieran ocurrido en territorio español, una versión que fue rebatida por diversas investigaciones periodísticas. La falta de transparencia y las contradicciones en su relato lo colocaron en el centro de las críticas.

También fue objeto de controversia por los ceses de altos mandos de la Guardia Civil, como el del coronel Diego Pérez de los Cobos, en 2020. El Ministerio justificó el relevo por «pérdida de confianza», pero la Audiencia Nacional concluyó que se trató de una decisión arbitraria e ilegal. Este episodio tensó aún más la relación entre Interior y los cuerpos de seguridad del Estado.

Además, Marlaska ha enfrentado críticas por su gestión de los disturbios tras la detención de Pablo Hasél o por la falta de avances en materia de renovación de infraestructuras policiales. Su perfil ha ido difuminándose a medida que se acumulan decisiones controvertidas y tensiones internas en el Ejecutivo.