La exdirectora de la Guardia Civil adjudicó por emergencia dos millones de euros para el rescate de cayucos en el Estrecho y Canarias

La exdirectora de la Guardia Civil, María Gámez, adjudicó por la vía de la emergencia dos millones de euros para el rescate de cayucos en el Estrecho y Canarias.

Gauzón Ibérica fue la empresa elegida por la exdirectora del Instituto Armado en dos contratos adjudicados por emergencia -cada una por un millón de euros- para encargarse de la gestión de los buques Río Miño en el Grupo Marítimo del Estrecho, y los buques Río Tajo y Río Segura en el Grupo Marítimo de Canarias.

El primer contrato cubre abril y mayo de 2022. Como el contrato ordinario seguía sin estar listo, la Guardia Civil vuelve a adjudicar otro de emergencia, a la misma empresa y por el mismo importe, para cubrir junio y julio de 2022. Sendas adjudicaciones fueron firmadas por parte de Gámez -nombrada por el ministro del Interior, Grande-Marlaska- el 25 de abril y el 10 de junio de 2022. Tal y como informó este diario, la empresa elegida fue fuertemente criticada por la Intervención en dos ocasiones y recibió un fallo en contra del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

Auxilio a inmigrantes de pateras y cayucos

En ambas resoluciones de adjudicación de las emergencias se señala que si no se celebran los contratos por la vía excepcional, «los tres buques oceánicos de la Guardia Civil tendrían que amarrarse a puerto, quedando inoperativos para el servicio y sin poder realizar las funciones clave». Estas funciones clave consisten en el «refuerzo y apoyo al despliegue efectuado por España en las aguas del Estrecho y de Canarias», ofreciendo «cobertura logística al resto de las embarcaciones desplegadas, fundamentalmente a las patrulleras de altura de los Destacamentos Marítimos, participando en ocasiones activamente en la aprehensión de pateras y cayucos y en el socorro, proporcionando los primeros auxilios a los inmigrantes rescatados».

Descenso de la seguridad ciudadana

¿Cómo justifican la emergencia? Es decir, la adjudicación directa sin seguir los requisitos formales que marca la ley de contratos del sector público. Las mencionadas resoluciones de adjudicación argumentan que se busca «evitar situaciones que supongan grave peligro, y que en el caso que nos ocupa derivaría en un incremento del número de pérdidas de vidas humanas entre los inmigrantes que tratan de alcanzar nuestras costas, así como el aumento del número de ellos con la consiguiente repercusión en el descenso de los niveles de la seguridad ciudadana».

Los dos expedientes recuerdan, además, que se tiene «como objeto la contratación de la gestión marítima de los buques oceánicos del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, a fin de garantizar su navegación y estado operativo permanente, respecto de los buques Río Segura, Río Tajo y Río Miño» para diferentes periodos. En ambos periodos el mantenimiento se contrató a través de expedientes cuyos vencimientos no dan posibilidad de prórroga. Así es como se inicia «en el mes de marzo de 2021, la contratación por tramitación ordinaria anticipada (...) por un importe de 20.250.000 euros, de las prestaciones anteriormente descritas por un período de 36 meses».

Paralización de la flota oceánica de la Guardia Civil

Como esta licitación por más de 20 millones ha sufrido «incidencias» que provocan «demoras» que impiden la adjudicación en el tiempo previsto que podría «paralizar» la flota oceánica, se recurre a la emergencia.

Esta contratación por más de 20 millones de euros a las que alude la Guardia Civil es sobre las que ha informado este periódico, y que generó problemas con la Intervención, que en dos ocaciones emitió votos particulares llegando a pedir la exclusión de la adjudicataria Gauzón, empresa que a su vez recibió un duro fallo del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y que provocó que se quedara afuera de la adjudicación y el procedimiento se declarase desierto para después dárselo por emergencia.