El Tribunal de Contratos del Estado anuló a dos generales de Marlaska la gestión de buques de la Guardia Civil

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales le anuló a dos generales de Marlaska la adjudicación de un contrato de gestión y mantenimiento de buques de la Guardia Civil por 20 millones de euros por «chocar frontalmente contra el principio de igualdad y no discriminación entre los licitadores», tal y como refleja la propia resolución del tribunal.

Dicho tribunal está adscrito al Ministerio de Hacienda aunque «actúa con plena independencia funcional en el ejercicio de sus competencias», según señala su reglamento en el que se detalla que se encarga del conocimiento y resolución de recursos especiales en materia de contratación, adopta medidas cautelares, anula decisiones conformes a Derecho o impone multas por temeridad o mala fe.

En este caso, lo que el tribunal hizo fue admitir el recurso de una empresa -Remolcadores Nosa Terra- que se presentó al concurso para la gestión de los buques de la Guardia Civil pero se quedó afuera al ser elegida otra -Gauzón Ibérica- que había presentado una documentación por una vía contraria a la que marcan los pliegos y, por tanto, había ido así contra la norma -habida cuenta del carácter de lex contractus, es decir, de ley que tienen dichos pliegos-.

Aparte de oponerse el tribunal y ordenar dar marcha atrás a la licitación hasta antes de admitir las ofertas, la elección de Gauzón también fue criticada no una vez sino en dos ocasiones por parte de la Intervención Delegada.

Inmigración irregular

El contrato tenía como fin la gestión de los buques oceánicos del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, «a fin de garantizar su navegación y estado operativo permanente» y que obliga a contratar a una empresa externa ya que «actualmente no pueden llevarse a cabo en su totalidad por parte del personal adscrito», recuerda la memoria.

¿Por qué es necesario el mantenimiento de los buques? «Los buques están continuamente sometidos a unos regímenes de navegación intensos que afectan a las condiciones de los mismos». Más aún en el contexto de las «operaciones en el exterior, toda vez que, con motivo de las operaciones internacionales para prevenir la inmigración irregular que actualmente viene desarrollando el Servicio Marítimo de la Guardia Civil en aguas de la costa del continente africano, y especialmente en aguas jurisdiccionales de Mauritania y Senegal, puede hacerse preciso la realización de trabajos de mantenimiento correctivo en dichos países».

Contundente voto en contra

En febrero de 2022 la mesa de contratación de la Guardia Civil empezó a evaluar las ofertas de las dos empresas mencionadas -Remolcadores Nosa Terra y Gauzón Ibérica-. Así, se descubre en la reunión que esta última empresa usó un un enlace externo «debido al gran tamaño de documentación que debía presentar junto con su oferta», dice el acta de la mesa de contratación.

La mesa decide admitir la oferta presentada por Gauzón -con el voto en contra de la Intervención- con un argumento curioso: como Gauzón ya usó ese método con otra información, pidieron permiso y se les autorizó; la mesa ahora deduce que «como los criterios de presentación de la oferta deben ser similares» procede a admitirse también. La Intervención emite un contundente voto en el que pide que Gauzón quede excluida: «En ningún momento del procedimiento esta Intervención ha tenido conocimiento de la autorización que la mesa ha efectuado a la empresa Gauzón para realizar la descarga en la nube de la documentación».

Recuerda la Intervención, además, que «la preparación y presentación de ofertas se realizará exclusivamente de forma electrónica a través de la herramienta de Preparación y Presentación de ofertas de la Plataforma de contratación del Sector Público».

Tan solo unos días después -y con el voto contrario de la Intervención sobre la mesa- se celebra otra reunión de la mesa y se decide proponer como adjudicataria a la firma Gauzón Ibérica «por los precios unitarios indicados en su oferta y hasta un gasto máximo de 20.250.000 euros exento de impuestos».

Vuelven los problemas

Al mes siguiente, en marzo, se reúne nuevamente la mesa para comprobar parte de la documentación de Gauzón y vuelven los problemas. Otra vez, la empresa en cuestión tiene dificultades con el espacio- en este caso para demostrar su solvencia y adscripción- y dice que por ello no puede entregar la información completa.

Por eso, pidió presentarla mediante un enlace externo a la nube: la mesa no autorizó ese sistema e indica que se consulte a la Plataforma de Contratación. Esta señala que se comprima la documentación o se use un enlace, aunque previo permiso de la mesa. La mesa, como en la primera reunión, no se pone de acuerdo porque nuevamente se opone la Intervención que dice que no autoriza. ¿El resultado? El mismo que antes: votan y terminan dando un nuevo plazo a Gauzón para que presente la documentación con la discrepancia de la Intervención que emite un nuevo voto particular. Unos días después, en otra nueva reunión, se le da el visto bueno a la documentación recibida.

Procedimiento desierto

Se continúa con la tramitación «al cumplir Gauzón con todos los requisitos», dice el acta del día 15 de mazo, hasta que en la mesa de mayo se tiene que parar todo por el recurso del tribunal que ordena excluir a Gauzón y valorarse nuevamente la oferta de Remolcadores Nosa Terra que, deciden dejar fuera porque, argumenta la mesa, «no llega al umbral mínimo solicitado». El procedimiento se termina declarando desierto.