El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska
Tras adjudicar 7 contratos de emergencia por 17 millones de euros
Altos cargos de la Guardia Civil adjudican 23 millones y desprecian a la Abogacía del Estado y a la Intervención
El exnúmero dos del ministro Marlaska ha participado en la operación que se tuvo que suspender por errores y que luego salió adelante pese a que la empresa adjudicataria no había demostrado su solvencia
Altos cargos de la Guardia Civil y el exnúmero dos del ministro Marlaska adjudicaron un contrato por más de 23 millones de euros para la gestión de buques a una empresa externa -debido a la falta de personal- y con el criterio en contra no solo de la Abogacía del Estado, sino también de la Intervención Delegada.
El objeto del contrato —que se encuentra en plena ejecución— fue desvelado este mismo martes por El Debate, que puso de manifiesto que se necesitaron hasta siete declaraciones de emergencia —contratos adjudicados en situaciones extraordinarias y sin seguir los cauces habituales— por 17 millones para poder poner en marcha la gestión de buques oceánicos del Instituto Armado con el objetivo de garantizar su navegación y operatividad.
Los buques merecen esta gestión —según justifican los generales de Marlaska en la memoria— porque están «continuamente sometidos a unos regímenes de navegación intensos que afectan a las condiciones de los mismos».
Lucha contra la inmigración en Senegal y Mauritania
Además, con estos se realizan operaciones en el exterior en el marco de la lucha contra la inmigración ilegal: «Con motivo de las operaciones internacionales para prevenir la inmigración irregular que actualmente viene desarrollando el Servicio Marítimo de la Guardia Civil en aguas de la costa del continente africano, y especialmente en aguas jurisdiccionales de Mauritania y Senegal, puede hacerse preciso la realización de trabajos de mantenimiento correctivo en dichos países», concluye la memoria.
«Error material, claro y evidente»
Las emergencias vinculadas a la gestión de estos buques se debieron a prórrogas inaplazables, reparos de la intervención y procedimientos desiertos, es decir, falta de ofertas . Pero tras todo ello, continuaron los problemas. Así, cuando se tramitaba el expediente de gestión por 23.179.333 euros la licitación se tuvo que suspender debido a la presencia de un «error material, claro y evidente» en uno de los pliegos.
El error estaba, en concreto, en los apartados 10.1 y 26 del pliego de cláusulas administrativas particulares, que presentaban problemas de redacción que establecían una entrega de documentación en soporte digital cuando parte de ella no podía hacerse llegar a la Guardia Civil de otra forma que no fuera la física. La licitación del expediente se suspendió y los pliegos se anularon. Una vez subsanado el error, volvió a publicarse dando un nuevo plazo para presentar ofertas.
La empresa no demuestra su solvencia
Se reúne la mesa de contratación en diciembre de 2024 para valorar las ofertas y se propone adjudicar el contrato a la empresa Gauzón Ibérica. En una segunda reunión de dicha mesa -en enero del año pasado- se generan discrepancias porque ni la Intervención Delegada ni la Abogacía del Estado ven oportuno que se deba elegir a esta empresa porque no cumple con las condiciones del pliego. ¿Cuáles? En un voto particular, la Abogacía del Estado señala que la empresa no presentó la relación de servicios prestados exigida para acreditar la solvencia técnica exigida para otorgar el contrato.
La Abogacía del Estado recuerda en este voto «que los pliegos son ley de contrato -lex contractus-», que la citada relación de servicios es el «medio principal de acreditación de solvencia técnica frente a otros documentos como los certificados» y que ha de cumplirse el artículo 150.2 de la ley de contratos del sector público. La Intervención Delegada, por su parte, se adhiere al voto anterior.
La mesa decide votar a favor de aceptar la documentación tal y como está. Votan a favor el presidente -coronel Fernando Pérez-Íñigo García Malo de Molina, el vocal del servicio técnico -comandante del Servicio Marítimo, Juan Antonio González Gil- y el vocal de servicio de contratación -guardia civil, José Antonio Carballar Triguero. En contra, la Abogacía y la intervención. Finalmente, el contrato es firmado por Rafael Pérez Ruiz, exsecretario de Estado de Seguridad y exnúmero dos de Marlaska.
Insistencia en el voto particular
En una tercera reunión de la mesa, el 14 de enero de 2025, «la vocal representante de la Abogacía del Estado y la vocal representante de la Intervención Delegada se reiteran en el voto particular emitido por las mismas, indicado en la sesión de la Mesa de Contratación Nº 16/2025 celebrada el día 7 de enero de 2025».
