Los Abogados del Estado, tras cancelarse la compra de munición a Israel: «No hay razones de interés nacional, sólo político»

«En un contrato hay que estar a lo pactado», no sólo por «las obligaciones jurídica derivadas de su incumplimiento» sino porque «cancelar los compromisos adquiridos» con terceros, supone una «pérdida de prestigio internacional». «No había ninguna razón objetiva para denegar la autorización administrativa de importación» de la munición procedente de Israel que había encargado el Gobierno «por razones de interés nacional». «Se ha tratado de mero interés político».

Así valora la Asociación de Abogados del Estado por el Estado de Derecho la polémica decisión por la que el Gobierno de Pedro Sánchez cancelaba el contrato adjudicado a una empresa israelí para la compra de munición compatible con el modelo Ramon de pistola que utiliza la Guardia Civil. Unos proyectiles sin los que «además», los agentes «ya no pueden asumir los entrenamientos necesarios para el correcto desempeño de su trabajo», tal y como han denunciado varias entidades policiales.

La semana pasada, el Ejecutivo cedía finalmente a las presiones de parte de sus socios de legislatura, entre los que se encuentra Sumar, y «denunciaba» la adjudicación formalizada a favor de la compañía Israel Military Industries (IMI) por valor de más de 6 millones de euros. Un importe que, «al tratarse de una licitación ya confirmada y publicada a todos los efectos» obligará a nuestro país a «pagar la totalidad del importe», incluso, aunque se haya renunciado al material, confirman los expertos consultados por El Debate.

«En este caso no cabe el desistimiento con pagos parciales, para lo que hubiera sido necesario que el 'cambio de idea' se hubiese dado antes de la adjudicación», apunta Francisco Espinosa, abogado del Estado y fundador de la segunda asociación de letrados públicos.

«La retirada de España» responde a una decisión «unilateral y, por lo tanto, penalizable», apunta Espinosa. No en vano, «la licitación ya estaba confirmada», como lo estaba la «inexistencia de impedimentos» para la entrada del producto en nuestro país, «previamente verificada y validada» por el ente público competente para hacerlo. Cabe recordar que antes de la polémica surgida en el seno del Gobierno no había ninguna prohibición de entrada de productos o mercancías activa contra el fabricante de la munición, ahora, descartada por su origen israelí.

De hecho fue este motivo, y no otro, el desencadenante de tal cisma interno en el Consejo de Ministros que Moncloa aceptaba retirar la adjudicación para calmar las aguas frente a sus socios de Sumar entre acusaciones de no respetar el pacto para no realizar operaciones de compraventa de armamento con Israel, suscrito el pasado octubre.

No en vano, en el comunicado remitido por los dos sectores del Gobierno quedaba claro que «los procesos de compra que siguen abiertos se iniciaron antes de dicha fecha y, los que sean armamento, no se van a ejecutar». El acuerdo se extiende a otros nueve contratos de compra de armamento a compañías de Israel, se apresuraban a matizar desde el Ejecutivo socialista. Varias partidas de misiles, cohetes y lanzacohetes que están totalmente adjudicados y, también, pendientes de cerrar.