Sánchez se inventa una consulta pública sobre la OPA al Sabadell para acabar haciendo lo que Junts quiere

El presidente del Gobierno que tramitó la ley de amnistía como proposición de ley y no como proyecto de ley para sortear a los órganos consultivos del Estado; el que se niega a presentar los Presupuestos de 2025 si sus socios no le garantizan su apoyo por adelantado -que va a ser que no-; el que no someterá a votación del Congreso los 10.471 millones extra de gasto en Defensa porque sabe que perdería… ese mismo presidente del Gobierno anunció este lunes que el Ejecutivo abrirá mañana una consulta pública antes de tomar una decisión sobre la OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell.

«Nuestra intención y nuestro deseo es que nuestras empresas crezcan, que ganen volumen, también competitividad», justificó Pedro Sánchez durante la inauguración de la cuadragésima Reunión Anual del Cercle d'Economia, en Barcelona.

Lo que subyace es algo bien distinto. El Gobierno se encuentra entre la espada y la pared con esta OPA de enorme calado y consecuencias políticas, puesto que Junts la rechaza de plano. Así que el Ministerio de Economía necesita una coartada para impedirla, aun a costa de molestar al PNV, que sí la respalda. Por lo pronto, el departamento de Carlos Cuerpo tiene de plazo hasta el 26 de mayo para decidir si eleva el análisis al Consejo de Ministros.

El pasado miércoles, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia dio su visto bueno a la operación con condiciones, pero por unanimidad, sin ningún voto particular. Ni siquiera el vocal de la CNMC a propuesta de Junts, Pere Soler, se opuso. La posición de este último sorprendió a propios y extraños, puesto que el Ejecutivo contaba con que los argumentos de Soler en un hipotético voto particular en contra sirvieran a Economía para empedrar el camino hacia el veto a BBVA, como contó El Debate.

La reacción del partido de Carles Puigdemont a la decisión del regulador fue furibunda. El viernes, el secretario general de Junts, Jordi Turull, pidió a Sánchez que frene la OPA porque afectaría «gravemente» a la competencia en territorio catalán. «Ahora es el momento de la política», señaló Turull, quien exigió al presidente del Gobierno no perderse en menudencias técnicas y tomar una decisión política: la que Junts quiere.

El domingo, el propio Puigdemont añadió presión a la Moncloa, invocando «el interés general y el impacto social» de una operación así. «Si el Gobierno español, el PSC y el PSOE son coherentes con lo que dicen, la OPA no es viable», zanjó. Este lunes, Junts dio un paso más anunciando la presentación en el Congreso de una enmienda a la totalidad contra el proyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas que el Consejo de Ministros aprobará este martes. Dio una bofetada a Sánchez en la cara de Yolanda Díaz.

Cabe recordar que, en enero, el Sabadell anunció la vuelta de su sede social a Barcelona siete años después de haberla trasladado a Alicante por la inseguridad jurídica que generó el procés. El movimiento se interpretó como un guiño de la entidad a la Generalitat de Salvador Illa, en busca de la protección de los socialistas frente al banco que preside Carlos Torres.

La convocatoria de una consulta pública entre organizaciones, ciudadanos y asociaciones es un movimiento inesperado, en tanto que el Gobierno acostumbra a todo lo contrario: a tomar decisiones unilaterales. Fue Sánchez el que, sin consultar con nadie, cambió la postura histórica de España respecto al Sáhara, comprometiendo la política exterior del país para las próximas décadas. También fue él quien ordenó derogar el delito de sedición del Código Penal y rebajar el de malversación por la vía de la proposición de ley y no del proyecto de ley, evitándose así tener que pedir opinión a los órganos consultivos del Estado, como el CGPJ y el Consejo de Estado. Luego repitió operación con la ley de amnistía, a pesar de su más que dudosa constitucionalidad.

Tampoco hubo consulta alguna cuando el presidente acordó con ERC una quita de la deuda de Cataluña de 17.104 millones de euros. Ni cuando pactó con Junts la delegación de las competencias en materia de extranjería y seguridad a Cataluña, a pesar de que la Constitución atribuye ambas al Estado, en exclusiva.

La última decisión unilateral de Sánchez ha sido su plan de rearme, que no someterá a votación en el Congreso para que sus socios parlamentarios no se lo tumben.