Un momento de la quema de la bandera
El Gobierno pide juzgar como ultraje la quema de una bandera de España en unos carnavales de Navarra
En el mismo acto también se quemó una bandera de Israel
El Gobierno de Pedro Sánchez ha llevado ante los tribunales la quema de la bandera de España que se produjo el pasado 4 de marzo en el marco de los carnavales de la localidad navarra de Alsasua, según lo ha anunciado mediante una respuesta parlamentaria.
Después de que el Ejecutivo acordara con sus socios de Ejecutivo la derogación de los delitos contra la Monarquía con la anulación de la Ley de Seguridad Ciudadana, ahora considera que la quema de la enseña nacional puede suponer un delito de ultraje a la bandera. Eso sí, lo ha anunciado sin levantar la voz, como si lo quisiera esconder a los partidos nacionalistas que lo sustentan.
Sin embargo, el Gobierno está obligado por Ley a responder las preguntas que le realizan los diferentes grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, y en este caso, el Ejecutivo explica que tras la denuncia pública que realizó Unión del Pueblo Navarro (UPN), pidieron un informe a la Guardia Civil de Navarra mientras que la Delegación del Gobierno en la Comunidad Foral hizo otro tanto a la Abogacía del Estado.
La Abogacía determinó que se podía haber incurrido en un delito de ultraje a la bandera todavía tipificado en el artículo 543 del Código Penal, por lo que el Gobierno puso estos informes en conocimiento de un juzgado de Instrucción.
En otra respuesta parlamentaria, el Ejecutivo precisa que los hechos fueron grabados y difundidos en redes sociales y se aprecia que varios individuos ataviados con el traje de Momotxorro, personaje típico del carnaval de Alsasua, y con la cara tapada prendieron fuego a una bandera de España y a otra de Israel.
Según el Ejecutivo, desde ese mismo momento y siguiendo el protocolo habitual ante este tipo de actos, la Guardia Civil realiza las gestiones necesarias para su esclarecimiento e identificación de los responsables.
Jurisprudencia
Si nos atenemos a la jurisprudencia del Supremo, el castigo en cualquier caso no sería demasiado elevado. En abril de 2022 el máximo tribunal condenó con dos multas de alrededor de 2.000 euros por un delito de ultraje a la bandera a las tres personas que rajaron una enseña nacional en la Universidad Autónoma de Barcelona y la tiraron al suelo.
El citado artículo 543 de Código Penal establece que «las ofensas o ultrajes de palabra, por escrito o de hecho a España, a sus Comunidades Autónomas o a sus símbolos o emblemas, efectuados con publicidad, se castigarán con la pena de multa de siete a doce meses».