La Asociación de Fiscales contra la reforma del Gobierno que potencia el «ejercicio abusivo del poder» de García Ortiz

La carrera Fiscal «se integra por profesionales de elevadas competencias jurídicas y una lealtad institucional indudable» arranca el comunicado institucional en el que la Asociación mayoritaria de Fiscales (AF) se opone al anteproyecto de ley con el que el Gobierno ha anunciado que reformará el Estatuto Orgánico de la Institución (EOMF). Una modificación que busca «afianzar» el «poder del fiscal general del Estado» Álvaro García Ortiz quien, en la actualidad se encuentra, además, imputado en el Supremo por un presunto delito de revelación de secretos.

«Es preciso que la ciudadanía recuerde las diferentes sentencias y resoluciones anulando nombramientos dudosos realizados por el fiscal general García Ortiz en la cúpula de la Fiscalía General del Estado, que el sesgo ideológico y la adhesión personal están detrás de esos ascensos y que los ascendidos permanecerán en sus funciones hasta su jubilación como integrantes de la Junta de fiscales de Sala», han alertado desde la AF.

Una política de nombramientos cuya «consecuencia» más directa ha sido una «colonización de la Carrera que ya fue anticipada en el «informe de idoneidad», negativo para su reelección en el cargo, que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) emitió en su día.

De hecho, en cada una de las ocasiones en las que se han producido discrepancias internas en asuntos de gran calado jurídico como «la Ley de Amnistía o el debate de su dimisión tras ser imputado» penamente, esa mayoría afín a García Ortiz colocada por él mismo o por su predecesora en el cargo, y amiga, Dolores Delgado, le ha permitido salir airoso siempre.

Algo que, lejos de revertir acentúa la reforma anunciada por el propio ministro de Justicia, Félix Bolaños. «El Estado de Derecho implica necesariamente el funcionamiento de un sistema de pesos y balanzas que eviten el ejercicio abusivo del poder; sin embargo, el anteproyecto no responde a esas exigencias», denuncia el comunicado de la AF.

No en vano, «el Consejo Fiscal, único órgano de carácter democrático, ve reducidas sus competencias y queda diluido y desdibujado como órgano de control interno del FGE y el sistema de elección, que limita la facultad de elección de candidatos, solo pretende potenciar la presencia de las asociaciones minoritarias como la que apoya al Fiscal General. Casi podía ahorrar el anteproyecto el propio proceso electoral».

«La Junta de fiscales de Sala», el denominado 'generalato', seguirá «dominada» por García Ortiz tras sus últimas designaciones entre las que se incluyó la de dos fiscales –el jefe de delitos económicos y el de delitos contra la Administración Pública–, uno de los cuales tendrá capacidad para decidir, al margen de Anticorrupción, la postura del Ministerio Público en los asuntos de corrupción política que salpican al Gobierno; y, también, en la propia causa que asfixia al fiscal general.

El diagnóstico es desolador tras un análisis pormenorizado del texto de la norma que se tramitará en las próximas semanas, en sede parlamentaria. Para la AF: «Se potencia la jerarquía y las funciones del FGE». Un fiscal general que, además, podría ser el primero en dirigir una Carrera al frente de la instrucción penal, en detrimento del papel que, hasta la fecha, ha correspondido a los jueces competentes.

«La adjudicación de asuntos al fiscal investigador por la jefatura no prevé mecanismo alguno de discrepancia ni criterios rigurosos de adjudicación», advierten, en este punto desde la AF.

Además, «la Disposición Transitoria Única permite la continuidad» del García Ortiz «o, eventualmente, el nombramiento de un FGE con antelación a su entrada en vigor, de perfil similar a los dos últimos fiscales generales y una arquitectura interna de la carrera diseñada para mantener la colonización de la institución».

No en vano, y como han puesto de relevancia desde la AF, no hay ni una sola referencia a «reforzar la institución y garantizar su independencia» dotándola de «autonomía presupuestaria y de auténtica potestad reglamentaria».

«No es este el momento de entrar en los muchos problemas técnicos que presenta el texto, pero sí lo es de alzar la voz para decir que el anteproyecto es inaceptable, reduce los contrapesos democráticos y no es respetuoso con los fiscales», sentencia el comunicado de la Asociación mayoritaria.

La APIF plantará a García Ortiz si es procesado

Por su parte, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), personada en la causa por revelación de secretos que se sigue contra García Ortiz en el Supremo, ha lanzado un comunicado, casi simultáneo al anterior, en el que anuncia que plantará al fiscal general si resulta procesado penalmente y se empeña en seguir en el cargo.

No en vano, en la nota a la que ha tenido acceso El Debate, la entidad asociativa ya ha «declinado» la invitación recibida para reunirse con el fiscal general el próximo día 20 de mayo, a quien consideran «no idóneo» para representar a la Institución «después de que el Tribunal Supremo lo condenara por desviación de poder y anulara nombramientos» posteriormente propuestos por él.

Además, «el Sr. García Ortiz ostenta la titularidad de FGE y, simultáneamente, ha adquirido la condición de investigado por la Sala II del Tribunal Supremo como presunto responsable de la comisión de un delito grave de revelación de secretos en el ejercicio profesional y prevaricación, estando muy próximo la apertura de juicio oral». Un escenario por el que la APIF pidió su dimisión que no ha sido atendida por el fiscal general hasta la fecha.

Sin embargo, «una vez que se acuerde, por el Tribunal Supremo, la apertura de juicio oral contra el FGE y contra la fiscal jefe Provincial de Madrid se daría la paradoja que, conforme señala el artículo 145 del Reglamento del Ministerio Fiscal, el FGE deberá acordar –obligatoriamente -la suspensión provisional» de su subordinada mientras él, en cambio, «seguirá al frente del Ministerio Fiscal». Una «grave contradicción» que desde la APIF, acusación popular en la causa del Alto Tribunal, que debería haberse corregido en la reforma anunciada por el Gobierno para el Estatuto Orgánico de la profesión y que, sin embargo, ha sido silenciado.

Así las cosas, García Ortiz «podrá ostentar el cargo de FGE pero, precisamente por lo expuesto anteriormente, carece de autoridad para presidir una reunión con esta Asociación Asociación Profesional» que, además, tampoco «sería entendida ni por nuestros asociados ni por los fiscales en general, ya que, precisamente por haber recurrido su nombramiento y por estar personados en la causa penal contra el FGE podría considerarse como un blanqueo de la posición anómala en la que se encuentra» y que está «afectando gravemente a nuestra Carrera».