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Un inmigrante sentado en la calle, a 20 de septiembre de 2024, en Monterroso, Lugo, Galicia (España)

Un inmigrante sentado en la calle, a 20 de septiembre de 2024, en Monterroso (Lugo)Europa Press

El Gobierno busca ahora regular a 400.000 inmigrantes para enmendar los errores del reglamento de extranjería

Los socialistas ya preparan un nuevo texto de la ILP que lleva aparcada desde abril de 2024

De llevar un año aparcada y sin avances–desde abril de 2024–a querer sacarla a toda prisa, «antes del verano». El País, nuevo portavoz oficial del Gobierno, ha publicado este lunes una información en la que asegura que el Ejecutivo pretende ahora aprobar la ILP (iniciativa Legislativa Popular) para «la regularización extraordinaria de cientos de miles de inmigrantes», esto es, de unos 400.000 extranjeros que se encuentran en España en situación irregular.

Las prisas no son por otra cosa que para tratar de enmendar los errores de la reforma del Reglamento de Extranjería que se aprueba este martes 20 de mayo en el Congreso y que dejará a miles de solicitantes de asilo sin papeles por no cumplir con los nuevos requisitos. Pese a que el nuevo reglamento busca simplificar y agilizar los procedimientos, evitando la presentación excesiva de documentos o por vías inadecuadas y la doble comprobación de los mismos requisitos, lo cierto es que a partir de mañana muchos inmigrantes quedan en el limbo ya que la reforma del reglamento impide que el tiempo que los solicitantes de asilo pasan en España de forma legal, esperando una respuesta a su solicitud, pueda usarse para solicitar el permiso de residencia en caso de que la resolución de protección internacional sea negativa. Eso significa que muchos de ellos, que ahora tienen contrato de trabajo temporal, deberán abandonar sus puestos y o volver a su país o pasar a la clandestinidad.

Para subsanarlo, el Ejecutivo socialista ha planteado un nuevo texto de la ILP que, al parecer y según la información, ya trata con Podemos y que después hará llegar al resto de partidos.

El PP no se mostró partidario del primer texto, así como tampoco el PSOE, aunque ambos se vieron presionados a la hora de votarlo y presentar su apoyo por cuestiones externas. Los populares, para no contradecir a la Conferencia Episcopal y los socialistas, a sus socios. El único que votó en contra de esa ILPG fue Vox.

Ahora falta conocer el nuevo texto definitivo y la postura que adoptarán los principales grupos en el Congreso ante la misma ya que de no salir adelante y con celeridad, los socialistas ya han manifestado que supondrá «un problema».

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