Enchufismo y absentismo en la Diputación: las razones que han llevado al hermano de Sánchez al banquillo

La magistrada Beatriz Biedma, que investiga por corrupción a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado por concluida la instrucción judicial sobre el músico después de un año de investigación. De esta manera, la causa sigue adelante pero, en esta ocasión, el hermano de Sánchez tendrá que sentarse en el banquillo acusado de los delitos de tráfico de influencias y corrupción y se arriesga a ser condenado a una pena de prisión de hasta seis años.

Su Señoría ha dictado un auto este jueves en el que desestima el recurso de reforma presentado por David Sánchez contra la decisión de continuar el procedimiento por tráfico de influencias y malversación. La resolución judicial, de más de 70 páginas, no solo rechaza los argumentos de la defensa, sino que lanza afirmaciones demoledoras sobre la actuación de las instituciones implicadas, la adjudicación del puesto público y el uso de recursos para intereses personales.

En uno de los párrafos más severos, la magistrada afirma que el puesto de «Coordinador de Actividades de los Conservatorios» fue creado «con la finalidad de ser adjudicado a David Sánchez Pérez-Castejón» y que esta circunstancia «era conocida en los Conservatorios y en el Área de Cultura con anterioridad» a que Sánchez fuera siquiera candidato. La juez no deja lugar a dudas: la plaza fue diseñada para él, y así lo sabían todos, incluso antes de que se publicaran las bases. En palabras de Biedma, «lo anterior no tiene otra explicación lógica posible que no sea que los Directores de los Conservatorios […] ya conocían que la creación de dicho puesto estaba destinada al Sr. Sánchez».

Una de las pruebas clave es un correo interno fechado el 19 de mayo de 2017, con el asunto «El hermanísimo», en clara referencia a Sánchez. El mensaje fue enviado antes incluso de abrirse el proceso selectivo. La juez lo resume con ironía: «Es inverosímil que […] se supiera que el puesto era para él […] y que el propio beneficiado no lo supiera y encontrara la oferta de empleo de casualidad». Añade además un dato llamativo: un día antes de la entrevista para el puesto, David Sánchez reservó alojamiento en Badajoz en Airbnb, afirmando que se trasladaba allí a trabajar, lo que refuerza la tesis de que ya sabía que iba a ser elegido.

La instructora también cuestiona el desempeño de Sánchez en el cargo. Según su análisis, se desvinculó muy pronto de las tareas para las que fue contratado y dedicó la mayor parte de su tiempo y esfuerzo al proyecto Ópera Joven, una iniciativa personal que no figuraba en la descripción original de su puesto. «El trabajo del Sr. Sánchez […] ha consistido en las funciones que él mismo fue eligiendo», subraya la juez. Los directores de los conservatorios, añade, «ya no se relacionaban laboralmente con él desde hacía bastante tiempo».

Para dar cobertura legal a esa desviación de funciones, se promovió un cambio de denominación del cargo a «Jefe de la Oficina de Artes Escénicas». Pero según la juez, fue un simple intento de legalizar «una realidad ya existente», una maniobra administrativa sin respaldo legal. «Resulta extraordinariamente llamativo», escribe, que ni el propio David Sánchez ni los testigos supieran explicar en qué consistía exactamente la nueva oficina.

La causa continúa

El auto también apunta a la creación de un segundo puesto para beneficiar al colaborador personal de Sánchez, Luis Carrero, amigo íntimo suyo. Ambos, señala la juez, daban por hecha su incorporación «23 días antes de la publicación de las bases» del nuevo puesto. Se trata, según la resolución, de una maniobra para «que éste siguiera auxiliando a David Sánchez, como ya venía haciendo de facto».

Beatriz Biedma se muestra especialmente crítica con los intentos de la defensa de minimizar el asunto o de desviar la atención. «No se hace referencia al absentismo del Sr. Sánchez en el sentido de que no ha realizado ninguna actividad laboral», aclara, sino que «no ha desarrollado la misma como fue concebida». El contrato exigía dedicación plena y presencial en Badajoz, pero el investigado, según se acredita, iba «cuando era necesario», sin un lugar fijo de trabajo durante años.

La magistrada remacha su análisis con otra afirmación contundente: «El hecho de que se siguieran todos los trámites administrativos es lo normal en estos casos, porque así se asegura que la decisión primigenia pasa todos los filtros de control de legalidad». Lo relevante, insiste, es la finalidad real de las decisiones tomadas: beneficiar a una persona concreta por su relación personal y familiar.

El auto desestima el recurso de reforma y confirma la resolución de continuar el procedimiento. Se abre ahora la vía del recurso de apelación, aunque la contundencia de las afirmaciones de la juez Biedma marca un precedente especialmente grave para la defensa del hermano del presidente del Gobierno.