El expediente tributario del novio de Ayuso se pidió en la Fiscalía porque era la pareja de la presidenta de Madrid

Si algo ha dejado claro la declaración como testigo del novio de Isabel Díaz Ayuso en el Supremo es que su condición de pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid fue el «desencadenante» de la movilización interna de la Fiscalía que ha acabado con el titular de la misma, al borde del procesamiento.

Así lo expresan para El Debate varias fuentes presentes durante la comparecencia de Alberto González Amador, este viernes, en el Alto Tribunal. Una diligencia que se practicaba a petición de la Abogacía del Estado que representa al principal imputado en la causa abierta por un presunto delito de revelación de secretos, Álvaro García Ortiz.

Según adelantaba este diario, al término del interrogatorio celebrado ayer, González Amador se ratificaba en la querella presentada contra el máximo titular del Ministerio Público y aseguraba que, si bien en su momento pidió a su abogado, el fiscalista Carlos Neira que llegase a la mejor solución posible en el asunto tributario por el que tiene abierta una investigación penal, con el objetivo de preservar su anonimato; sin embargo, no «consintió» expresamente el envío del mail concreto, ni el contenido del mismo, en el que el letrado reconoció dos presunto delitos al fiscal Julián Salto.

De tal manera que el correo de fecha 2 de febrero de 2024 que su abogado remitió al Ministerio Público –y que más tarde daría origen a toda una guerra de informaciones cruzadas que desembocó, finalmente, en la publicación ilegal de sus datos confidenciales– «lo hizo por su cuenta».

González Amador nunca tuvo «una copia previa» para validar, ni vio el literal del texto hasta que trascendió en varios medios de comunicación afines que, ahora, han acudido al notario para dar fe de sus versiones, sin más soporte que la narración de su relato, «en descargo» del fiscal general del Estado.

Sin embargo, más allá de la lectura inicial, con la que el novio de Díaz Ayuso ha querido dejar constancia de que su papel en todo este asunto nada tiene que ver con el de un «defraudador confeso», como se le ha llamado desde que trascendió el correo electrónico de la polémica, su declaración ha apuntado a cómo el tratamiento que ha recibido se debe a su condición de pareja de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM).

No era un «contribuyente cualquiera» y, por ello, lo que «había funcionado en otros casos» en el marco de los pactos de conformidad instados por Neira, en esta ocasión ha servido como «pretexto» para «señalar a un ciudadano particular» que, «precisamente porque lo era», buscó una solución discreta a su problema, apuntan varias fuentes consultadas por este diario. «Rápido y sin hacer ruido» pidió González Amador a su abogado, según él mismo afirmaba ayer ante el magistrado Ángel Hurtado.

De hecho, Neira habría enviado ese mail al fiscal Salto, en esos términos, porque ya lo había hecho en otras ocasiones para «acelerar» la solución acordada y había funcionado. Nunca imaginó el abogado, en el que González Amador tuvo y tiene plena «confianza», que el resultado de su trabajo se iba a ver reflejado en las portadas de algunos medios y reenviado internamente en la Fiscalía, dentro del expediente de su cliente, que circuló porque éste era pareja de la presidenta madrileña (como se pedía el mismo en las comunicaciones interceptadas), subrayan las mismas fuentes.

Llegados a este punto cabe recordar cómo, de acuerdo con el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que elevó la causa contra García Ortiz al Supremo (por su condición de aforado), fue el día 8 de marzo de 2024 –una semana después del envío de la comunicación y apenas cinco días antes de que la misma se filtrase– cuando la propia fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, también imputada, «informó» a Salto de que el empresario «tenía un vínculo» con Díaz Ayuso y «le pidió copia de la denuncia» presentada «y ya visada» .