Vox celebra que Prohens acepte el español como lengua vehicular, derogar la ley de memoria y no acoger más menores

Tras meses de negociaciones, este viernes el Partido Popular y Vox han llegado a un acuerdo para los presupuestos en Baleares. Un acuerdo de unas 50 medidas en materia fiscal, educativa, de política agraria, de inmigración o de vivienda que ambos partidos han celebrado. Se trata del segundo pacto presupuestario entre quienes hasta julio del año pasado eran socios de gobierno, después del alcanzado en la Comunidad Valenciana.

La portavoz del grupo parlamentario de Vox, Manuela Cañadas, ha expresado en rueda de prensa que considera que la presidenta regional, la popular Marga Prohens, ha dado «un paso importante» al firmar este acuerdo, que recoge varias de las reivindicaciones principales de la formación de Santiago Abascal. Según ha indicado, este pacto supondrá «un antes y un después para los ciudadanos de las islas».

En este sentido, ha desgranado los puntos que Vox ha logrado incluir. Uno de ellos, que ha definido Cañadas como «victoria clave», es el que tiene que ver con lo conseguido en materia educativa: por primera vez se va a modificar la ley de Educación autonómica para incorporar el español como lengua vehicular, «garantizando los derechos lingüísticos de miles de ciudadanos». Han acordado impulsar la ejecución de ese plan piloto de libre elección de lengua para extenderlo a la Educación Secundaria el próximo curso y seguir avanzando en él.

También, que los padres tendrán garantizado el derecho a elegir la primera lengua de enseñanza de sus hijos. Asimismo, se va a rebajar la nota para obtener el título de catalán en las etapas de Educación Secundaria y Bachillerato. Y se van a estudiar cambios legislativos y otras medidas para garantizar los derechos lingüísticos y reflejar la «realidad bilingüe» de la región.

Relacionado con el bilingüismo, también han firmado que se va a garantizar que los formularios y trámites de la administración pública dirigidos a los ciudadanos estén disponibles en las dos lenguas oficiales o, por ejemplo, que el catalán «no penalice» a la hora de acceder a las bolsas públicas de empleo rebajando los niveles exigidos del idioma y estableciendo excepciones para plazas de difícil o muy difícil cobertura.

Otro punto clave incorporado en el acuerdo es el que tiene que ver con la lucha contra la inmigración ilegal. Ambas formaciones han pactado no acoger más menores inmigrantes que lleguen del reparto de otras comunidades ni financiar nuevos centros de acogida, así como elaborar un plan de retorno de estos menores a sus países de origen con sus padres. También, acabar con las subvenciones a asociaciones y ONGs que colaboren con el tráfico de personas y que colaboren con la inmigración ilegal, y con aquellas que reciben las organizaciones islamistas.

Reivindicación importante para Vox también era la derogación de la ley de memoria, que, cuando apoyaban desde fuera el Gobierno de Prohens, era una de las medidas que incorporaron en el acuerdo. Se votó dicha derogación el pasado diciembre a propuesta del partido de Abascal pero el PP se abstuvo y decayó la iniciativa. «La historia no se impone desde un despacho, se estudia, se debate y se respeta», ha afirmado Cañadas.

Además de la inmigración ilegal, otras de las condiciones principales que había puesto Vox al PP en las regiones en las que dependen de ellos para sacar los presupuestos era rechazar el Pacto Verde Europeo. Y en este punto, ambos partidos han acordado dotar una partida presupuestaria para un fondo de maniobra de forma que se compense los efectos de las políticas verdes de Bruselas. También, fomentar el relevo generacional en el sector agrario a través de medidas fiscales y aumentar la partida destinada a promover el producto local.

Y en materia fiscal, han acordado que se mantengan las medidas fiscales que introdujo Vox en los presupuestos de 2024, incluyendo la retirada de subvenciones a patronales y sindicatos, así como que se reduzcan las partidas destinadas a las políticas ideológicas. También van a llevar a cabo auditorías de los organismos, empresas y entes públicos para evitar «gasto superfluo, innecesario, duplicados o con fines ideológicos y garantizar la máxima eficiencia del gasto público».