La anterior Conferencia de Presidentes, que se celebró en Santander en diciembre
El Gobierno anticipa el fracaso de la Conferencia de Presidentes y culpará al PP de la falta de acuerdos
Los presidentes del PP también acuden con pocas expectativas y dispuestos a dar la batalla contra el cupo catalán, que Illa defenderá. La manifestación del domingo enrarece aún más el ambiente
Harán falta más que pinganillos —Isabel Díaz Ayuso ya ha anunciado que no lo usará— para que Pedro Sánchez y sus ministros, Salvador Illa y los presidentes del PP se entiendan entre ellos. De ahí que todas las partes acudan este viernes a la Conferencia de Presidentes de Barcelona sin ninguna expectativa de acuerdo.
En la Moncloa señalan que cómo va a haberlo si dos días después Alberto Núñez Feijóo ha convocado una manifestación «contra la mafia». Y recuerdan que los populares amagaron días atrás con plantarla si el Ejecutivo no ampliaba el orden del día (algo a lo que, por otra parte, está obligado legalmente si lo solicitan diez presidentes autonómicos).
Los 11 presidentes autonómicos del PP, más los de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, por su parte, llevan el cupo catalán y la financiación autonómica debajo del brazo. Illa está negociando con ERC tener listo el nuevo modelo de financiación privilegiada para Cataluña el 30 de junio, con el aval del Ministerio de Hacienda. Los populares dejarán claro su rechazo a cualquier cambalache fiscal.
Cada uno tendrá únicamente diez minutos de intervención, cuando la agenda incluye 16 temas estratégicos. Desde vivienda a financiación, pasando por política energética, inmigración, sanidad, educación, red ferroviaria y reforma de la Justicia, entre otros. Como para profundizar en alguno. Aunque los populares están en amplia mayoría, Sánchez se ha hecho acompañar de medio Gobierno, incluidas sus tres vicepresidentas, para equilibrar la balanza.
Sánchez y el resto de la delegación gubernamental en la anterior Conferencia de Presidentes
En vista del previsible diálogo de sordos, la principal intención del presidente es echar la culpa de la falta de acuerdos a los barones regionales del PP, a pesar —dirán en el Gobierno— de la buena predisposición de Sánchez. Y, sobre todo, socializar el fracaso de la política de vivienda del Ejecutivo central, con una Ley de Vivienda de resultados adversos y una reforma de la Ley del Suelo encallada por completo.
La propuesta de Sánchez
De ahí que, el miércoles, Sánchez enviara una carta a los presidentes del PP proponiendo triplicar la inversión pública en vivienda, elevándola hasta los 7.000 millones de euros para el periodo 2026-2030. Su Gobierno pondría 4.000 millones y las comunidades 2.700 millones como mínimo. Eso sin tener Presupuestos ni de momento visos de que los haya tampoco en 2026. «Le hemos oído tantas veces hablar de cifras de vivienda que luego no se han convertido en realidad que yo confío poco en lo que son las palabras. Quiero ver los hechos», señaló este jueves el presidente de Aragón, Jorge Azcón, escéptico.
Lo es Azcón y lo son todos los demás. Porque tienen el precedente de la Conferencia de Presidentes de Santander en diciembre, que fue una concatenación de discursos y poco más. No votaron nada, no hubo un mínimo común. Básicamente Sánchez la convocó (obligado por el Tribunal Supremo, por la tardanza) para iniciar los trámites para condonar una parte de la deuda de las comunidades del régimen común. Con el fin de blanquear el compromiso que adquirió con ERC para la investidura —una quita de 15.000 millones a Cataluña— a base de café para todos. Aun cuando los presidentes del PP le trasladaron que sus problemas no eran de deuda, sino de financiación de los servicios públicos con un modelo caducado desde 2014.
El mayor morbo lo pondrá no un presidente —o presidenta— del PP, sino uno del PSOE: Emiliano García-Page, puesto que esta semana el barón castellano-manchego ha pedido abiertamente a Sánchez que adelante las elecciones generales para que el tortazo no se lo lleven los candidatos de las municipales y autonómicas. Que fue precisamente lo que pasó en 2023.
El también socialista Adrián Barbón, presidente del Principado de Asturias, no llega a Barcelona en su mejor momento: los docentes de todas las etapas educativas no universitarias están en huelga indefinida, lo que el lunes motivó la dimisión de la consejera del ramo. A Illa, por el contrario, le viene bien para su parroquia escenificar que defiende los intereses de Cataluña y su «financiación singular» frente a todo y frente a todos. Básicamente, frente al PP.
Si el debate sobre financiación no augura nada bueno, tampoco el migratorio. Canarias y el País Vasco propondrán un plan de integral y estructural de la materia, pero también lo hicieron hace seis meses y pregonaron en el desierto. Ahora, la Comunidad de Madrid, Aragón, Cantabria y Extremadura tienen recurrido ante el Tribunal Constitucional el decreto ley del reparto obligatorio de menores extranjeros no acompañados, así que la situación no es mejor.
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, recordó esta semana que la Conferencia de Presidentes es «un órgano de diálogo, colaboración, cogobernaza y lealtad institucional», y confió en que se mantenga ese espíritu este viernes. «No es un órgano de disenso y enfrentamiento», advirtió. Pero el ambiente de crispación no ayuda.
