García Ortiz, la caída a los infiernos del amigo de Lola

«Hay que sacar la nota. Si dejamos pasar el momento nos van a ganar el relato. Es imperativo sacarla». Diecinueve palabras escritas por el fiscal general del Estado del Reino de España la mañana del 14 de marzo de 2024 dirigidas a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, le han mandado a los infiernos y convertido en el primer titular del Ministerio Público procesado y al borde de ocupar, por méritos propios y blanqueamientos ajenos, el banquillo de los acusados. Cuando creíamos que Álvaro García Ortiz (Lumbrales, Salamanca, 1967), al que había colocado Pedro Sánchez el 1 de agosto de 2022 en la cúspide de la Fiscalía, recomendado por Dolores Delgado, se dedicaba, como manda su estatuto, a meter a los chorizos en la cárcel, aquella mañana tuvimos conocimiento de su propio puño y WhatsApp de que las horas que le pagábamos tan generosamente las empleaba en ser un agente político de los intereses electorales del presidente del Gobierno. Para ello, según apunta ahora el magistrado del Tribunal Supremo Ángel Luis Hurtado que le envía a juicio, filtró el correo electrónico en el que un mes antes la defensa de Alberto González Amador, pareja de la presidenta Díaz Ayuso, ofrecía el reconocimiento de sus delitos fiscales a cambio de un pacto de conformidad.

Todo empezó un caluroso 28 de julio de 2022. García Ortiz compareció ese día en el Congreso para pasar el examen ante Sus Señorías trámite previo a su nombramiento como fiscal general tras la renuncia de Dolores Delgado, de quien había sido mano derecha. Cuando llegó a la carrera de San Jerónimo, le acompañaba ya una sombra muy oscura: la prescripción en la investigación del asesinato por ETA de Miguel Ángel Blanco. En 2017 el fiscal jefe de la Audiencia Nacional recibió una instrucción del propio García Ortiz, cuando llevaba el gabinete de Delgado, para que, de forma precipitada, cerrara la causa donde se investigaba a miembros de ETA por el asesinato del edil del PP. Fue la avanzadilla de las muchas contribuciones al sanchismo que estaban por llegar y que allanaban a García Ortiz el camino para alcanzar la cúspide fiscal.

Jamás escondió sus simpatías políticas, puesto que participó sin sonrojo en actos del PSOE en la precampaña gallega de 2020

Ese día del caluroso julio madrileño, ante la Comisión de Justicia, García Ortiz dijo que iba a trabajar con «humildad». Procedía de la Secretaría Técnica. Su entonces jefa renunciaba al cargo por motivos médicos y le dejaba a él con el desempeño, como todo el mundo imaginaba. Ambos habían cultivado una estrecha amistad que databa de 2013 cuando García Ortiz fue presidente de la Unión Progresista de Fiscales. Pero el relevo nació envuelto en polémicas inacabables. Tras su designación por Sánchez a instancias de Lola, el CGPJ resolvió que Ortiz «no era idóneo» para el cargo. Luego, cuando el discípulo quiso compensar a su madrina como fiscal de Sala de lo Militar, el Supremo que ahora lo procesa anuló la decisión al apreciar «desvío de poder». Nada le salía bien a García Ortiz en los albores de su puesto.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid, Álvaro había estado destinado en Menorca y, ya a comienzos de este milenio fue trasladado a Santiago de Compostela, donde el salmantino se labró una fama de profesional afable, riguroso y buen caricaturista, como recuerdan con humor sus compañeros. Fue delegado de Medio Ambiente e incendios forestales en Galicia, Comunidad donde asumió el sumario del Prestige, en el que se afanó por acusar a todo el PP. En esos años, protagonizó sonoros pulsos con el entonces presidente de la Xunta, Alberto Núñez-Feijóo, a cuenta de las tramas de incendiarios, que el hoy procesado siempre negó. Además, jamás escondió sus simpatías políticas, puesto que participó sin sonrojo en actos del PSOE en la precampaña gallega de 2020. Esa adscripción partidista a buen seguro le sumó muchos enteros para, al correr el tiempo, ser ascendido en Madrid, al igual que la medalla que se colgó batallando duramente contra su compañero de profesión Alberto Ruiz-Gallardón, cuando como ministro de Justicia del PP intentó reformar la carrera fiscal.

Después, protagonizó otra controvertida intervención en el caso Stampa, nombre del fiscal anticorrupción que no fue renovado en su puesto y no pudo continuar al frente de la investigación del escándalo Villarejo, el viejo amigo de Lola Delgado. Ese movimiento le granjeó el odio eterno de Pablo Iglesias. Casado con una fiscal especializada en violencia de género y padre de dos hijos, Ortiz ha tenido en el Consejo Fiscal el único dique contra sus decisiones, muchas marcadas por la nueva religión del cambio climático, el feminismo podemita y la justicia universal. De ese Consejo Fiscal surgió una rotunda oposición a la propuesta de que su antecesora, Lola Delgado, fuera nombrada fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, una plaza de nueva creación —tan próxima a los negocios de su marido— que le correspondía cubrir de forma discrecional.

Ortiz ha sido reprobado por el Supremo por «desviación de poder», rechazado por la cúpula de la carrera fiscal y su penúltimo servicio a la causa fue hace unos meses cuando solicitó el archivo a la velocidad del rayo de la investigación penal contra Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en el sector privado. Hasta el instructor Peinado tuvo que apercibir públicamente al Ministerio Público por las constantes visitas a su juzgado: desde Moncloa estaban preocupados por las diligencias y Álvaro puso en guardia a su subordinado de obediencia debida. Pero esta hoja de servicios alcanza la cúspide cuando García Ortiz hizo cambiar de criterio al fiscal-jefe de la Audiencia Nacional que antes de las elecciones había dado por bueno un informe del Ministerio Público que calificaba como terrorismo la actuación del brazo armado separatista Tsunami —por el que está imputado Puigdemont, el casero de Sánchez—. La razón estaba en Waterloo: una de las exigencias que había puesto el forajido, tras los comicios de 2023, para prestar sus siete votos en el Congreso es que Sánchez concediera la amnistía a los miembros de Tsunami y de los CDR. Así que el Ministerio Público descartó el delito. Misión cumplida.

El siempre sonriente fiscal continuará en el cargo sin que Sánchez le vaya a cesar. Su continuidad garantiza probablemente su silencio

Pero la madre de todas las misiones vino a mediados de marzo de 2024: el diario El Mundo había publicado una información parcial sobre los correos entre el abogado del novio de Ayuso y la fiscalía para llegar a un acuerdo de conformidad; García Ortiz movió Roma con Santiago, con el concurso de su fiscal en Madrid, Pilar Rodríguez (a la que también le espera el banquillo y probablemente el cese), para que se filtrara el correo original en el que se podía leer que era la defensa de Amador la que solicitaba el acuerdo. Era imperativo sacar la filtración para que no les ganaran el relato, advirtió el fiscal general. ¿A quién se lo iban a ganar? A Pedro Sánchez, que quería matar políticamente a Ayuso. Pero García Ortiz todavía agrandaría más el oprobio: durante la instrucción del caso, el Supremo se topó con que el fiscal, que se negó a contestar al juez, había destruido todos los mensajes de sus dispositivos para que no se pudiera comprobar su maniobra. Ayer supimos que el instructor ha llegado a la conclusión de que tanto los mensajes que hallaron en el móvil de Rodríguez como las declaraciones de los testigos han sido suficientes para enviarle al banquillo por revelación de secretos.

Aunque varios periodistas han testificado que ellos ya contaban con esa información, el magistrado apunta que fue precisamente García Ortiz el que envió el correo, por ejemplo, a la Cadena SER «para que le diera publicidad». El siempre sonriente fiscal, que parece que en la intimidad no está tan feliz como aparenta, continuará en el cargo sin que Sánchez le vaya a cesar. Su continuidad garantiza probablemente su silencio. Si llega a juicio, podría enfrentarse hasta a cuatro años de cárcel, como establece para el delito de revelación de secretos el artículo 197 del Código Penal. No es una distopía: el fiscal que acusa a los delincuentes se podría sentar a su vera.