Las pruebas que acreditan que el 'tres' de Montero ha dimitido por cobrar de empresarios a los que eliminaba deudas de Hacienda

La dimisión de José Antonio Marco Sanjuán, hasta ahora presidente del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), ha sacudido el Ministerio de Hacienda. El ya ex alto cargo, considerado el número tres de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha abandonado el puesto tras las revelaciones de El Debate, que ha desvelado episodios de corrupción entre los que se encuentra el testimonio de un empresario que admite haberle entregado más de 100.000 euros en efectivo a cambio de que le anulara sanciones fiscales.

«Le he dado ciento y pico mil euros», reconoce el empresario, cuya identidad este periódico mantiene en el anonimato por razones de seguridad. Las entregas, siempre en metálico, se producían en la cafetería de un hotel cercano al despacho oficial de Marco Sanjuán, en la calle Panamá de Madrid. A cambio, el presidente del TEAC resolvía a su favor reclamaciones millonarias que el empresario había presentado contra Hacienda. Es decir, evitaba que el Estado ingresara importantes sumas mientras se enriquecía personalmente.

La investigación de El Debate, fruto de meses de trabajo, ha aflorado un entramado de cobro de comisiones ilegales y el uso de testaferros. En la documentación que obran en poder de este periódico figuran múltiples conversaciones entre el empresario y Marco Sanjuán. En ellas se aprecia cómo el entonces presidente del TEAC solicitaba dinero, coordinaba las entregas e incluso mostraba impaciencia. «Hoy me ha llamado cinco veces», relata el empresario, visiblemente nervioso. «No quiero avisarle. Le llamo con un rato de antelación», explica, consciente de que podía estar siendo vigilado por la Policía o la Guardia Civil.

El empresario revela que los pagos no fueron puntuales, sino una práctica continuada a lo largo del tiempo. Según su testimonio, Marco Sanjuán incluso justificaba las exigencias económicas alegando que debía repartir el dinero entre otros funcionarios del ministerio: «Me tienes que seguir dando porque los demás ya han cobrado todos», le dijo en una ocasión. Tres meses después, el argumento se repitió: «Tengo que seguir dando a los demás». A ojos del empresario, se trataba de una coartada para seguir exprimiéndolo. «Usaba a la cúpula del Ministerio como pantalla», sospecha.

La ministra Montero, durante meses, evitó pronunciarse sobre su subordinado. Sin embargo, la situación se volvió insostenible tras la publicación de los testimonios y documentos en El Debate. El pasado lunes, a última hora de la tarde, Marco Sanjuán presentó su dimisión después de que Jesús Gascón, secretario de Estado de Hacienda, le pidiera explicaciones en nombre de la ministra. La renuncia se formalizó pocas horas después y el Consejo de Ministros certificó ha cese su cese este martes. Su sustituto será José Ignacio Ruiz Toledano, vocal del propio TEAC e inspector de Hacienda, como él.

Este episodio, uno más en la larga lista de escándalos que afectan al entorno del Gobierno, representa un golpe directo a la línea de flotación del Ministerio de Hacienda. Montero, que evitó defender a Marco Sanjuán en sede parlamentaria tras las primeras revelaciones, se ha visto forzada a actuar solo cuando el escándalo se ha hecho insostenible. Como reconocía el propio empresario, la situación se había vuelto tan tensa que temía ser grabado, interceptado o detenido: «Tengo miedo porque nos pueden estar haciendo algún seguimiento o escuchas telefónicas. Lo mismo somos ya dos pardillos».No obstante, los comportamientos irregulares de José Antonio Marco Sanjuán no comenzaron con su etapa en el Gobierno de Pedro Sánchez.

Sus antecedentes se remontan a su época como presidente del Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) de Castilla y León, cargo que ocupó durante diez años. Ya entonces, según consta en la investigación, habría recibido pagos de determinadas empresas a las que benefició mediante decisiones favorables en procesos fiscales. Entre las compañías implicadas figura Discomtes Valladolid SL, a la que se le anuló una sanción impuesta por el área de Aduanas valorada en 64.000 euros. Otro caso llamativo es el de Refinería Olmedo SA, empresa relacionada con la azucarera Acor, que fue eximida del pago de 1,2 millones de euros tras un litigio con Hacienda. En esta última operación, Marco Sanjuán utilizó como intermediarios a dos de sus socios, Enrique Lahuerta Tornos y Gonzalo Perdrix Ecequiel, para recibir el dinero sin aparecer directamente vinculado.