La nueva asociación de Abogados del Estado se suma a la huelga de jueces y fiscales contra la 'Ley Bolaños'

La nueva Asociación de Abogados del Estado por el Estado de Derecho ha exigido la «retirada inmediata del Proyecto de Ley» con el que el Gobierno pretende modificar las bases del Poder Judicial en España, así como entregar la instrucción penal a una Fiscalía dependiente del Ejecutivo y cuyo titular está procesado en el Supremo. En un comunicado emitido, esta misma tarde, la Junta Directiva de la entidad alerta del «grave peligro» que sendas reformas suponen para la «independencia del Poder Judicial» y, con ello, para nuestro actual «régimen de libertades».

«Nuestro sistema político pivota sobre la idea de limitación (control) del Poder Ejecutivo (separación de poderes), por lo que minar los controles equivale, en su consecuencia, a mellar su misma base», arranca la nota a la que ha tenido acceso El Debate.

«Durante los últimos años el Ejecutivo español ha dedicado ingentes esfuerzos a debilitar resortes institucionales llamados a perimetrar su poder. Ha socavado la independencia de instituciones que, aunque bajo su influencia, han sido creadas para guiar y controlar su desempeño, tales como el Consejo de Estado o el Banco de España. Ha puesto a organismos, cuyo estatuto se define por la neutralidad, al servicio de intereses partidistas, caso del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la Fiscalía General del Estado (FGE) o RTVE. Y, aún más grave, ha pugnado contra la garantía última de la limitación de su poder, un poder judicial independiente», continúa el texto.

Y, todo ello, en un contexto en el que «la Fiscalía General del Estado ha mostrado conductas incompatibles con su Estatuto y su dignidad institucional». No en vano, «la permanencia en su puesto del Fiscal General del Estado, tras la decisión del Tribunal Supremo de dictar Auto de prosecución de Procedimiento Abreviado hacia el posible Juicio Oral por graves delitos, mina dramáticamente la credibilidad de la Institución, tensionando su funcionamiento de un modo sin precedentes».

«Es notorio ya el error de la Abogacía del Estado al asumir su defensa en el momento inicial de la investigación», como señaló expresamente esta Asociación. «Tal decisión, tras su procesamiento, resulta ya completamente indefendible y debe, por ello, ser revocada de inmediato. Lo exigimos en nombre de nuestra propia dignidad institucional», añaden desde la entidad profesional de reciente creación.

«En todo caso, nada hay más grave en un Estado social y democrático de Derecho que el ataque a la independencia del Poder Judicial (pilar del principio de separación de poderes)». De ahí que, «la inaudita descalificación de las actuaciones judiciales dirigidas a investigar actos presuntamente delictivos llevados a cabo bajo el paraguas del poder ejecutivo y la deslegitimación de los Jueces o Magistrados responsables han escalado hasta desembocar en iniciativas legislativas manifiestamente dirigidas a limitar la independencia del Poder Judicial y de quienes lo ejercen. La protesta de la inmensa mayoría de la judicatura es prueba evidente de lo descarriado de semejante iniciativa, constituyendo un ataque sin paliativos al Estado de Derecho».

En consecuencia, los «Abogados del Estado por el Estado de Derecho, manifiestan su total apoyo a la Concentración-protesta del 28 de junio; su solidaridad y comprensión con las razones para convocar la Huelga de Jueces, Magistrados y Fiscales prevista para los próximos días 1, 2 y 3 de julio 2025; al tiempo que se une a su petición de que se abandone de inmediato» la denominada 'Ley Bolaños'. Esto es, «el Proyecto de Ley Orgánica Modificadora de la LOPJ y Estatuto Orgánico Ministerio Fiscal, así como el Anteproyecto que pretende modificar la Ley 50/ 1981 del Estatuto del Ministerio Fiscal».