Sánchez confía en Bolaños para blindarse frente a futuros audios: aprobar la ley que entregará las instrucciones penales a García Ortiz

Pedro Sánchez es consciente de que no podrá salvar durante mucho más tiempo su cita con la Justicia. Lejos cada ya aquella visita del juez Juan Carlos Peinado, instructor de la causa que se sigue contra su esposa, Begoña Gómez, a La Moncloa, para tomarle declaración como testigo, que fue ridiculizada por el Gobierno en pleno. Las informaciones que han ido aflorando sobre la corrupción de su guardia pretoriana, la 'banda del Peugeot', Koldo García Izaguirre, José Luis Ábalos y Santos Cerdán apuntan, cada vez más, y a partir de los indicios revelados por los investigadores, que Sánchez tendrá que visitar el Supremo, al menos, como testigo.

Sin embargo, no es esto lo que más preocupa al presidente del Ejecutivo sino que, de entre todo el material que está siendo analizado por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y, en especial los nuevos dispositivos que han sido incautados en los últimos registros, como el practicado hace una semana en la vivienda del ex ministro de Transportes, emerjan nuevos audios que le incriminen como 'el 1' de la trama. Sánchez teme su imputación y, de ahí una de las razones por las que se resiste a presentar su dimisión, para mantener el aforamiento.

Por ello, también, el presidente del Gobierno ha fiado uno de sus planes más controvertidos de esta legislatura, hasta tal punto que ha provocado una huelga de los jueces, fiscales y operadores jurídicos de todo el país: el doble proyecto legal con el que aspira a reformar la Justicia desde la base, colonizar el Poder Judicial y, esto es quizás lo más grave, entregar las instrucciones penales a una Fiscalía que, hoy por hoy, depende de un fiscal general procesado por revelación de secretos que, también, se niega a dejar su cargo.

Tal es así que el propio ministro del ramo, Félix Bolaños descartaba «tajante» que el Consejo de Ministros se abriese a cualquier posibilidad de retirar las modificaciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF). La tramitación está en marcha y continuará hasta llegar a término, dado que el futuro judicial de Pedro Sánchez, depende de ello.

Algo que, lejos de revertir las históricas deficiencias atribuidas a un Ministerio Público que depende del Gobierno que lo designa, se acentúan con esta maniobra. «El Estado de Derecho implica necesariamente el funcionamiento de un sistema de pesos y balanzas que eviten el ejercicio abusivo del poder; sin embargo, el anteproyecto no responde a esas exigencias», critican desde la Asociación mayoritaria de Fiscales (AF) tras conocerse el contenido de la norma.

Un diagnóstico desolador tras un análisis pormenorizado del contenido de una ley con la que Sánchez sólo «potencia la jerarquía y las funciones del fiscal general del Estado» que ha sido capaz, presuntamente, de revelar datos confidenciales de un particular, en el marco de una 'operación de Estado' contra una rival política de la que este ciudadano era pareja sentimental, la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso.

Un fiscal general que, además, se ha convertido en el primero en dirigir una Carrera procesado y en el que el Ejecutivo aspira a confiar la instrucción penal, en detrimento del papel que, hasta la fecha, ha correspondido a los jueces competentes para hacerlo.

«La adjudicación de asuntos al fiscal investigador por la jefatura no prevé mecanismo alguno de discrepancia ni criterios rigurosos de adjudicación», alertan desde la propia Carrera. Un escenario que tiene un nombre claro.

Es, exactamente esto lo que busca el Gobierno: controlar definitivamente la Fiscalía que, si la modificación en curso se consuma tal y como ha sido diseñada, en un futuro, por ejemplo, tendrá la potestad exclusiva de decidir si hay causa o no contra el presidente Sánchez o, en su caso, determinar el tipo de delitos en los que podría haber incurrido y, por lo tanto, la pena máxima a aplicar a cada uno de los mismos.