El Gobierno abona el terreno para una Justicia inquisitorial: perseguir al disidente y dejar impune su corrupción

Una reforma anunciada por el ministro Félix Bolaños, para adaptarnos a los estándares europeos que, en realidad, devuelve la Justicia española a prácticas más propias de la Edad Media. El proyecto de ley aprobado por el Gobierno para la modificación del Poder Judicial, lejos de ofrecer una solución integral a los problemas que afectan a los operadores jurídicos de nuestro país, desde hace años, pondrá en riesgo el acceso a un servicio público independiente e imparcial para millones de ciudadanos.

Y es que mientras el último informe emitido en 2024 por la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho en España criticaba, ampliamente, nuestra falta de transparencia institucional, el régimen de los aforamientos, el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o la falta de autonomía del fiscal general del Estado frente al Ejecutivo que lo designa, el actual Gobierno ha decidido abordar un cambio del sistema judicial, vigente hasta la fecha, para acercarlo a prácticas más propias de regímenes autoritarios que de una democracia moderna.

No en vano, desde que Pedro Sánchez renovase su mandato, tras las últimas elecciones generales del 23-J, se han incrementado los ataques a los jueces desde el Consejo de Ministros y sus socios de legislatura, bajo la excusa del lawfare.

Al mismo tiempo que se ha dejado claro cómo la Fiscalía, lejos de ser una Institución separada de intereses políticos, está al servicio de los intereses del político de turno, actuando como abogada defensora en las causas más polémicas por corrupción que salpican al actual Gobierno, por no hablar de que su titular continúa imputado ante el Supremo por, presuntamente, revelar datos confidenciales de un particular, como parte de una operación de Estado diseñada para desgastar a una adversaria.

Ni rastro, por el contrario, del cambio del sistema en la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que tanto Gobierno como oposición pactaron, con el aval de Europa, que una vez renovado debía orientarse a que fuesen los propios jueces y magistrados quienes eligiesen a sus representantes. Ni, tampoco, del incremento del número de plazas de judicatura que, en España sigue teniendo la ratio de jueces y fiscales más baja por habitante de toda la UE.

A cambio, el Gobierno ha pensado que lo más conveniente, dadas las circunstancias, es vender como algo positivo una campaña de inyección de jueces, magistrados y fiscales interinos, sin oposición, que a partir de la entrada en vigor del nuevo texto legal cocinado en Moncloa, permitirán colonizar sendas Carreras.

El proceso supondrá la incorporación inmediata de una cuarta parte de nuevos profesionales, del total de los actuantes, que no habrán superado una prueba objetiva pero que podrán ser seleccionados, ideológicamente, por la afinidad e intereses de quien los califica. Un método «único» de «estabilización de empleo temporal en las carreras judicial y fiscal» en España, en base a la que se tomarán decisiones «subjetivas» y «sin ningún control» que, de entrada, «atentan» contra los principios de «mérito y capacidad» previstos en la Constitución.

La ya conocida como 'Ley Bolaños', con la que el Gobierno español aspira a controlar nuestra Justicia por el 'quinto turno', bajo la falsa bandera de mejorarla, inoculará más de mil nuevos jueces, de golpe, en un sistema mermado de efectivos y cuya tasa de reposición por jubilaciones es insuficiente, desde hace muchos años, con la única exigencia de que acrediten ser graduados en Derecho y contar con cinco años de trabajo, sin concretar de qué tipo, especialidad o en qué ámbito.

Un proceso «arbitrario y bolivariano» pergeñado por los socialistas para la 'democratización' de la Justicia en nuestro país, que nace de ese delirio zurdo por el cual aquellos que estudian una oposición a jueces o fiscales son necesariamente ricos y, por lo tanto, de derechas. Un relato que, si nada lo impide, permitirá al Gobierno incluir como potenciales candidatos a magistrados y fiscales, a quienes acreditando su condición de graduados en la disciplina, superen un simple «dictamen práctico».

Jueces, magistrados y fiscales se han movilizado ya, dentro y fuera del ámbito asociativo para alertar a Europa, donde han activado los mecanismos de supervisión, y a los españoles, con un paro general el próximo día 11 de junio, del grave riesgo que supondría para nuestro Estado de Derecho la puesta en marcha de los planes del Gobierno en relación a la Justicia. Que los políticos saquen sus sucias manos del Poder Judicial. Dejen trabajar a los profesionales en paz.