El rodillo de Conde-Pumpido al servicio de Moncloa para ganar el relato de la amnistía

«De mí, ¿qué dirán?. ¿Qué dirá de mí la historia?», preguntó Pedro Sánchez al que fuera ministro de Justicia, el periodista Maxim Huerta, cuando éste le visitó para presentarle su dimisión. Algo similar debió pensar Cándido Conde-Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional, por obra y gracia del propio Sánchez, mientras decidía la maniobra necesaria para expulsar del Pleno, en todos los asuntos de la amnistía, a un recién llegado José María Macías al que el sistema ordinario de turnos de la Corte premió con el recurso cabecera de la polémica norma. Desde un primer momento, a Cándido no le gustó la idea de perder el control sobre el asunto que lo cambiaría todo en el borrado penal del procés, como así ha resultado ser finalmente; ni, tampoco, lo de pasar a la posteridad como el propietario del voto del desempate que avalaría la impunidad del prófugo Carles Puigdemont.

Sin embargo, y muy a su pesar, el paso del tiempo recordará al ex fiscal general de José Luis Rodríguez Zapatero como aquel presidente del TC afín al PSOE, en el Gobierno de turno, que no dudó en «eludir el contacto» de su toga «con el polvo del camino» para salvar los planes de Sánchez que, con los siete votos de sus socios separatistas de investidura, le permitirán continuar en La Moncloa, unos meses más.

Conde-Pumpido no ha tenido reparo alguno en alterar la práctica habitual del Constitucional en la tramitación de las recusaciones de sus magistrados, admitiendo un escrito de la Fiscalía fuera de plazo, con el propósito de orillar al magistrado Macías, compensar con ello la abstención voluntaria del magistrado Juan Carlos Campo, y asegurarse un mínimo de dos votos de diferencia en el fallo heredado tras la purga por su mano derecha, Inmaculada Montalbán.

Tampoco ha dudado en hurtar al Pleno la posibilidad de pronunciarse sobre la amnistía –en un debate jurídico real que trascendiese más allá de tres encuentros monográficos de tres horas cada uno, nueve en total– para liquidar algo que nacía anunciado y previsible antes, incluso, de que arrancase la deliberación: seis a cuatro.

Ni tan siquiera ha escatimado un ápice a su empeño personal «por resolver a toda prisa» el primer recurso de inconstitucionalidad de la amnistía, «sin esperar al pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea». Una temeridad que «podría terminar en una desautorización de la sentencia del Tribunal Constitucional por un posterior pronunciamiento del Tribunal de Justicia», tal y como reza uno de los votos particulares emitidos contra la sentencia definitiva.

Cándido ha plantado la semilla de un eventual conflicto entre jurisdicciones «constitucional y comunitaria» que no sólo podría haberse «evitado» sino que, además, debió evitarse. Hubiera bastado con seguir la que, hasta ahora, era la posición habitual del órgano: si hay cuestiones prejudiciales pendientes de resolverse sobre una materia, esperar a que la Justicia europea se pronuncie.

Fue el propio Conde-Pumpido quien en el número 9 de la Revista Española de Derecho Europeo, «no hace siquiera un año», pontificaba en un ejercicio de «verdad incontestable» sobre cómo «el Tribunal Constitucional coopera de forma muy relevante a la implementación del Derecho de la Unión en el ordenamiento jurídico español». Una tesis que «contrasta vivamente» con la forma de proceder que ha tenido, precisamente, en la única ocasión (perdida) que ha tenido para demostrarlo. Maldita hemeroteca.

Quizás por eso mismo ahora resulta especialmente hiriente e inexplicable que el Tribunal que encabeza, el máximo garante e intérprete de la Constitución española y, en consecuencia, quien ha de reafirmar el respeto a sus límites, en el ejercicio del control de constitucionalidad de las leyes –tanto a través del recurso, como de la cuestión de inconstitucionalidad–,haya sido el único y principal responsable de que los marcos hayan saltado por los aires. Gracias a Conde-Pumpido no sólo se ha dinamitado «la supremacía de la Constitución» como vértice del ordenamiento interno; sino que, en el mismo acto, ha quedado comprometido nuestro Estado en «el respeto y la correcta aplicación del Derecho de la Unión».

No en vano, como dijo uno de sus más ilustres antecesores en el cargo, Francisco Tomás y Valiente, cuyo retrato preside el salón de Plenos en el que se ha perpetrado el enjuague de la legalidad de la amnistía, el TC no puede «obsesionarse por el eco de sus resoluciones», ni tomarlas a espaldas de la doctrina académica unánime, ni pensando en los favores debidos o las palmaditas en la espalda de quienes te han elegido para el puesto con la certeza de que cumplirás con lo que sea necesario para agradarles. Y, Pedro Sánchez aseguraba, nada más conocer la luz verde del fallo, que nunca había tenido ninguna duda sobre el Constitucional y su Ley de Amnistía.