Vox reclama en el Pleno eliminar el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso

El grupo parlamentario de Vox defiende este martes en el Pleno de esta tarde su enmienda a la totalidad con texto alternativo de la reforma del Reglamento del Congreso presentada por el PSOE y el PNV –que fue aceptada a trámite en la Cámara Baja el pasado mayo y que entre otras cosas contempla sanciones para periodistas que cubren la información parlamentaria– con la que la formación de Abascal por un lado rechaza «totalmente» esas propuestas de los socialistas y sus socios para regular la actividad de los medios en el Congreso y, por otro, plantea a su vez una «contrarreforma» del Reglamento.

En esa propuesta, una de las cosas que reclama Vox es eliminar el uso de las lenguas cooficiales en la actividad de la Cámara Baja, que se implantó al principio de esta legislatura como una nueva cesión del PSOE a los partidos independentistas y que ha provocado que sea necesario el uso de pinganillos para entender las intervenciones de los diputados que optan por hablar catalán, euskera o gallego.

El partido de Abascal señala que esta reforma supone «un ataque a la lengua española como elemento de cohesión política y territorial» y por consiguiente una «agresión a la unidad de España, en aras de intereses partidistas y divisores». También denuncia que vulnera el derecho constitucional de emplear el castellano, lengua oficial del Estado, y critica que pone trabas al diálogo parlamentario.

Otro de los puntos del planteamiento de Vox es acabar con los intentos del Gobierno de «silenciar y evitar» posibles informes negativos de los órganos consultivos sobre determinadas iniciativas a través del uso de proposiciones de ley, presentados por los grupos parlamentarios del Ejecutivo, en vez de proyectos de ley. Un uso «abusivo» que la oposición ha denunciado desde la pasada legislatura.

Como recuerda la formación, presentar un proyecto de ley, en virtud de la Ley del Gobierno, del año 1997, conlleva unas requisitos, como que se hagan estudios o haya una consulta pública antes de que se elabore la norma o que se recaben informes preceptivos de órganos consultivos del Estado, unas formalidades que con las proposiciones de ley no son necesarias. Vox subraya que recurrir a esta figura para acelerar los trámites es «un fraude de ley que quebranta el espíritu de la Constitución y que subordina el bien común al interés político», e impide que los ciudadanos conozcan la ley o que los diputados tengan informes para valorar el texto. Por ello quiere que se reforme el Reglamento para que las proposiciones de ley que presenten los diputados y los grupos del Gobierno estén sujetas a los mismos requisitos que los proyectos de ley.

Asimismo, cree que es necesario que se garantice y se agilice la distribución a los grupos por parte de la Mesa de la Cámara de los informes que los letrados realicen sobre una iniciativa, porque, según critica el partido, en ocasiones hay grupos que no saben de la existencia de dichos informes o que solo llegan a ellos si los piden.

Menos comisiones legislativas

Por otra parte, Vox propone disminuir el número de comisiones permanentes legislativas previa reducción del número de ministerios, para reducir el gasto político, y poner fin a la «ideologización» por parte de algunos de ellos. Así, plantea pasar de 22 ministerios a 12 : de Exteriores y Cooperación Internacional, de Justicia, de Defensa, de Hacienda, del Interior, de Fomento, de Educación y Cultura, de Trabajo y Seguridad Social, de Agricultura y Medio Ambiente, de Presidencia y Administración Pública, de Economía, Energía, Industria y Transformación Digital y de Sanidad, Familia y Servicios Sociales, con el consiguiente cambio de las comisiones permanentes.

En cuanto a las que no legislativas y las mixtas, son partidarios de mantener mantenimiento la de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo, la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, la Comisión sobre Seguridad Vial y la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades.

Juramento o promesa de acatar la Constitución

La formación de Abascal critica que en los últimos años a la hora de constituirse las Cortes se emplean por parte de varios diputados «fórmulas inválidas» de prestar juramento o promesa de acatar la Constitución que «alteran, condicionan o limitan el acatamiento a la norma fundamental» y «vacían de contenido la promesa o el juramento». Y por ello quiere incluir en su reforma una única fórmula para prestar juramento.

Vox también pretende prohibir que se cedan diputados para alcanzar el mínimo legal y constituir un grupo, dado que, como denuncia, supone un «fraude» del Reglamento y una «deformación de la representatividad que los ciudadanos habían querido conceder a las distintas formaciones políticas en las elecciones respectivas». Además, por otra parte, propone una reforma para añadir los motivos de ausencia laboral justificada recogidos en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores para «clarificar en qué condiciones podrá ejercitarse el voto de manera telemática».

Y por otro lado, incluye Vox una propuesta de incorporar un nuevo artículo en el Reglamento para hacer que sea obligatorio para el Gobierno emitir «en un plazo tasado» un informe sobre el propio cumplimiento de la resolución de una proposición de ley aprobada en la Cámara, con la que se le insta a tomar medidas o fija la posición de un grupo sobre un tema, ya que, subraya el partido, el hecho de que el Ejecutivo «no se encuentre jurídicamente obligado hacerlo, no debería implicar que su pasividad a la hora de hacerse eco de la opinión de la Cámara pueda pasar desapercibida».