
Pedro Sánchez interviene durante una sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados
Fundación Hay Derecho
Un informe alerta sobre el uso abusivo del Congreso: «No puede ser una notaría de las decisiones del Gobierno, sin debate, ni control»
En 2024, el 34 % de las proposiciones
registradas en el Congreso procedían de alguno o ambos partidos del Ejecutivo. Una suerte de «proyectos de ley encubiertos» que eluden «deliberadamente» los controles previos
La Fundación Hay Derecho ha presentado este jueves un estudio inédito hasta la fecha en España, un Informe Parlamento en el que analiza, con toto detalle desde una doble perspectiva cualitativa y cuantitativa, y de manera independiente, el funcionamiento real del Congreso de los Diputados y el Senado, y la salud de la que disfrutan ambos. El diagnóstico es demoledor, en el dictamen se identifican importantes «disfunciones estructurales» que afectan a las competencias constitucionales del Poder Legislativo.
En definitiva, «el deterioro progresivo de nuestras Cámaras como espacios de deliberación, representación y control», concluye el profesor Germán Teruel, constitucionalista y director adjunto de Investigación de la Fundación Hay Derecho, quien ha coordinado este estudio prestando, especial atención a la actual legislatura y la pasada, desde 2019.
No en vano, uno de los hallazgos más preocupantes del informe es el uso creciente de las proposiciones de ley por parte de los partidos del Gobierno para registrar iniciativas que, en realidad, deberían tramitarse como proyectos de ley. «En 2024, el 34 % de las proposiciones registradas en el Congreso procedían de alguno o ambos partidos del Ejecutivo» -PSOE o Sumar-, recoge el dossier.
Lo que en la práctica, permite a las formaciones «eludir trámites previos» imprescindibles para garantizar el procedimiento legislativo, tales como «la consulta pública o la solicitud de los preceptivos informes a órganos consultivos» como el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o el Consejo Fiscal.
«Esta utilización partidista de las proposiciones de ley no es inocua. Elude deliberadamente los controles previos que aseguran la calidad normativa y la participación ciudadana. Es una forma de desinstitucionalización que debilita el Estado de derecho», ha subrayado Elisa de la Nuez, secretaria general de Hay Derecho y codirectora de la investigación.
«Filibusterismo» parlamentario
El informe denuncia, además, «el uso abusivo» de la prórroga de los plazos de las enmiendas parlamentarias, una práctica que« bloquea la tramitación de leyes durante meses o incluso años». De hecho, el la pasada Legislatura, tan sólo «siete de cuarenta y una de las proposiciones presentadas por los grupos parlamentarios han superado esta fase», sostiene el dictamen, y «todas fueron impulsadas por el Grupo Parlamentario Socialista».
Mientras tanto, "las dieciséis proposiciones remitidas desde el Senado —todas del Grupo Parlamentario del Partido Popular— permanecen congeladas.
«Un ejemplo paradigmático es la reforma de la Ley de secretos oficiales, prorrogada 33 veces desde su presentación en marzo de 2024, hasta febrero de 2025». Una suspensión legislativa que, además, «ha sido objeto de advertencia por parte de la Comisión Europea» a nuestro país.
Abuso de los decretos leyes 'exprés'
El estudio constata, también, cómo «el uso de decretos-leyes ha superado al de leyes ordinarias» en los últimos años, «consolidando una grave anomalía institucional».
Además, «esta tendencia» se ha venido agravando «con la utilización de decretos-leyes ómnibus, que agrupan medidas heterogéneas y dificultan un debate parlamentario riguroso». Asimismo, apunta el informe de Hay Derecho, «se ha incrementado notablemente la tramitación de urgencia por lectura única, reduciendo los espacios de deliberación» que son no sólo deseables sino, por descontado, necesarios en toda sociedad democrática.
«Estamos ante un desequilibrio alarmante entre Ejecutivo y Legislativo. El Congreso no puede ser una notaría que valida decisiones del Gobierno sin debate ni control. Es urgente recuperar la centralidad del Parlamento», ha defendido Safira Cantos, directora general de la Fundación.
Sin Presupuestos Generales del Estado
«Desde el año 2020, el Gobierno ha incumplido su obligación constitucional de presentar los Presupuestos Generales del Estado en tres ocasiones (2020, 2024 y 2025), algo sin precedentes en democracia. Este incumplimiento impide el debate parlamentario sobre las cuentas públicas y debilita el control financiero sobre el Ejecutivo», concluye el dictamen.
Un control parlamentario que, por añadidura, se ve comprometido «por la escasa eficacia de los mecanismos existentes: el 80 % de las comisiones de investigación desde 1979 han concluido sin acuerdo; las mociones de reprobación a ministros, incluso cuando prosperan, no tienen consecuencias; y solo dos presidentes de Gobierno han recurrido a la cuestión de confianza».
Con todos estos datos sobre la mesa, el Informe Parlamento de la fundación Hay Derecho denuncia el déficit de transparencia y rendición de cuentas en España, donde «menos del 18 % de los parlamentarios publica reuniones con grupos de interés, pese a estar obligados por el Código de Conducta».
La mayoría «se limita a compartir su agenda institucional, sin recoger encuentros con lobbies o representantes sectoriales» y, por si fuera poco, «el Congreso se ha negado a revelar información básica» sobre el cálculo del denominado «cupo parlamentario» —el mecanismo que asigna a cada grupo el número de iniciativas que puede presentar—, lo que limita la fiscalización ciudadana».
«Los grupos parlamentarios, por su parte, operan con gran opacidad: no publican reglamentos internos, organigramas ni justificación detallada del uso de fondos públicos», sentencia el dictamen.
La necesidad de una «regeneración»
Frente a esta situación, Hay Derecho, al término de su análisis, ha planteado un conjunto de reformas estructurales, que abarcan desde «erradicar el uso de proposiciones de ley para iniciativas gubernamentales» hasta «limitar los decretos-leyes ómnibus», pasando por «establecer obligaciones de transparencia específicas para grupos parlamentarios y agendas públicas de reuniones con lobbies».
Unas propuestas que van de la mano de una iniciativa independiente de la Fundación que ha confeccionado el Informe Parlamento «sin subvenciones y financiado íntegramente con fondos propios».