Sánchez empuja a sus socios a un sucedáneo de cuestión de confianza sin votación

Pedro Sánchez se enfrenta este miércoles a un doble Pleno en el Congreso que, a diferencia del Comité Federal del PSOE del pasado sábado, no estará preparado y controlado por Ferraz. La Moncloa ha guardado silencio absoluto hasta el último momento en torno a las medidas contra la corrupción que el presidente prevé anunciar, para jugar con el factor sorpresa. Eso sí, tanto el ministro de Justicia el lunes como la portavoz del Ejecutivo ayer pusieron muy altas las expectativas, frente al escepticismo de sus socios. Únicamente se sabe que irán en tres direcciones: instituciones, partidos y empresas.

Sánchez quiere convertir su comparecencia en un sucedáneo de la cuestión de confianza que se niega a convocar. Porque en una comparecencia como la de hoy no se vota nada. El paquete de medidas incluirá varias de las que le han propuesto los distintos partidos en sus últimos contactos, para ganárselos. Pero la última palabra la tienen estos, que desde el informe Cerdán han venido mostrando su incomodidad. Salvo Arnaldo Otegi, que no ha tenido problema en confirmar que Antxon Alonso -administrador único de Servinabar- fue el que le puso en contacto con Santos Cerdán para negociar la investidura de Sánchez en el otoño de 2023. Si Alegría reconoció hace unas semanas que no saben si saldrán más nombres ni la magnitud de la trama, menos aún pueden saberlo formaciones como ERC, el PNV y Junts.

El Ejecutivo asume que los partidos de la mayoría de investidura tienen que mantener una postura dura, pero matizan que hasta cierto punto. En las últimas horas, desde el Gobierno han emitido señales a sus socios para que no se pasen de frenada, porque todos van en el mismo barco. «Cada uno tendrá que elegir el tono, las consecuencias y el bando en el que su tono le sitúa», advierten desde la Moncloa, donde les recuerdan que todos tienen «una gran responsabilidad», y no solo el PSOE. En otras palabras: si cae Sánchez, caen todos.

La vicepresidenta segunda y socia de Sánchez, Yolanda Díaz, será quien dará la réplica en nombre del grupo parlamentario de Sumar, a pesar dela muerte de su padre, Suso Díaz, este lunes. Fuentes gubernamentales restan importancia a este hecho, señalan que la también ministra de Trabajo avisó al PSOE de antemano de sus planes y entienden que está en su papel. En cualquier caso, Yolanda Díaz es quien menos preocupa a los socialistas, porque están convencidos de que bajo ningún concepto pondrá en riesgo el Ejecutivo de coalición. La semana pasada en Onda Cero, la vicepresidenta segunda afirmó que su línea roja sería que la UCO descubra una caja B en el PSOE y después empezó a titubear.

La vicepresidenta María Jesús Montero y el ministro Félix Bolaños se reunieron el miércoles pasado con representantes de Sumar, que les entregaron un documento con propuestas para embridar la corrupción. Entre ellas, la creación de una oficina anticorrupción, la prohibición a las empresas condenadas por corrupción de concurrir a concursos públicos durante 20 años y una «ley expropiatoria de bienes o beneficios adquiridos mediante prácticas corruptas». Eso y un nuevo impulso a la agenda social que pactó la coalición al principio de la legislatura para «resetear» ésta.

Sobre todo Podemos, pero no solo

Se espera que las críticas más virulentas vengas de la líder de Podemos. Este martes, Ione Belarra ya fue abriendo boca: «Me temo que va a ser una jornada enormemente decepcionante para toda la gente que confió en Pedro Sánchez y que le votó el 23 de julio de 2023 (…). No tiene un compromiso real con terminar con la corrupción en su partido y en España. Tiene una tasa del 100 % de acierto nombrando a número dos corruptos», lamentó.

Coalición Canaria es el único socio de investidura de Sánchez que ya ha pedido públicamente la convocatoria de esa cuestión de confianza. Compromís ha dejado la puerta abierta. Y los demás prefieren escuchar al presidente primero, sin cerrarse a nada. Apretar sin ahogar, he ahí el difícil equilibrio. En cualquier caso, una cosa serán los anuncios de este miércoles y, otra, en qué queden: las medidas tienen que traducirse en proyectos y/o proposiciones de ley, para cuya aprobación (que no será inmediata, por otra parte) el Ejecutivo necesitará el voto de sus aliados parlamentarios. Así pues, y como contó El Debate, el paquete contra la corrupción puede nacer tan torcido como lo está el Plan de Acción por la Democracia que el PSOE y Sumar pactaron el pasado septiembre. O como la reforma judicial de Bolaños, bloqueada por las exigencias de máximos de Junts.

Pese a todo, en la Moncloa son optimistas respecto al doble Pleno de este miércoles (por la mañana corrupción, por la tarde gasto en defensa). Y también sobre el Pleno del día 22 de julio, en el que el Ejecutivo debe someter a votación la convalidación de dos reales decretos leyes y algún proyecto de ley más que esté avanzado. Creen que, si les sale bien, habrán conseguido capear el temporal de cara al verano.