La Comisión Europea se posiciona contra la aplicación de la amnistía por ser una «contraprestación» política

El representante de la Comisión Europea en Luxemburgo intervenía en las dos sesiones de la vista celebrada, este martes, en la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la UE para posicionarse en contra de la aplicación de la amnistía al entender que se trató de una contraprestación política del Gobierno español a sus socios separatistas, beneficiarios directos de la misma.

Carlos Urraca Caviedes era claro en sus alegaciones: "No parece que la Ley de Amnistía responda a un interés general. Es parte de un acuerdo para la investidura». «La Comisión Europea cree que este asunto suscita una cuestión importante: si es compatible con valores de la UE conceder la amnistía a cambio de apoyo a la investidura de un Gobierno (...) la respuesta tiene que ser negativa», concluía Urraca.

No en vano, siguiendo las consideraciones de la Comisión de Venecia, el letrado de la UE apostillaba que se dan las circunstancias para considerar «autoamnistías» aquellas en las que «quien ostenta el poder político pretende blindarse, garantizándose su inmunidad jurídica» y que, por lo tanto, «son contrarias al principio del Estado de Derecho».

A lo largo de las más de ocho horas durante las que se prolongó la primera aproximación del TJUE a la polémica norma españoles de borrado del procés, Urraca aseguraba que el principio de proporcionalidad exige que la amnistía propuesta sea un «medio adecuado para alcanzar, en última instancia, un objetivo legítimo» y apuntaba, al respecto, que en el caso de la denuncia planteada por Sociedad Civil Catalana contra la malversación de los fondos públicos catalanes, por la que fueron condenados varios cabecillas separatistas, corresponde al Tribunal de Cuentas determinar si las «limitaciones» que la ley introduce a los «principios de seguridad jurídica y de igualdad ante la ley» cumplen con estos requisitos.

Del mismo modo, el equipo legal de la Comisión se pronunciaba acerca de las «dudas» sobre el requisito de que las disposiciones de la ley sean «claras y precisas» respecto de su alcance que también recomendó la comisión de Venecia, en particular, ha explicado Urriaca Caviedes, si como sostiene el Tribunal de Cuentas la amnistía da lugar a exenciones de responsabilidad de personas que normalmente no deberían ser contempladas por el objeto de la ley,

El Ejecutivo comunitario defendía, además, la competencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sobre las cuestiones remitidas porque incluso cuando los Estados miembro retienen la competencia de una norma deben ejercer las prerrogativas en pleno cumplimiento de las disposiciones que le impone el Derecho comunitario.

Otra de las cuestiones que el abogado de la Comisión ha abordado en la primera vista en la que el Alto Tribunal examina la ley de amnistía ha sido la de los dos meses de plazo para decidir sobre la aplicación de la amnistía y lo ha hecho para advertir de que tal norma es contraria al Derecho europeo, si este plazo no permite a los órganos competentes la adopción de las medidas procesales que considere necesarias para evaluar el fondo.