Las medidas que Feijóo quiere acometer en los primeros 100 días si llega a Moncloa

Alberto Núñez Feijóo señaló este miércoles que si hay un cambio de Gobierno y el PP llega a la Moncloa después de las elecciones, la próxima legislatura no será «al uso», sino que en ella tratarán de «recuperar la normalidad política» y volver a las políticas de Estado.

En el coloquio que mantuvo con Bieito Rubido, el director de El Debate, en los cursos de verano CEU-María Cristina, el presidente de los populares indicó que había pedido al comité de dirección del partido empezar en este momento a trabajar «leyes que deroguen buena parte del cuerpo legislativo sanchista y también otras que reformen en parte las leyes de estas últimas dos legislaturas». La hoja de ruta está articulada en la ponencia política que su formación presentó en el Congreso Nacional a principios de este mes.

Feijóo desgranó que si gobierna, en los primeros 100 días pondrá en marcha un plan de regeneración institucional y democrática. Este incluirá una reforma del Código Penal, para recuperar el delito de sedición y el de referéndum ilegal, aumentar las penas por malversación, «delimitar» las capacidades del Gobierno en los indultos e «imposibilitar» que el Ejecutivo pueda indultar por corrupción política a políticos condenados con sentencia firme.

Asimismo, propone que haya una consecuencia jurídica si no se presentan en la Cámara presupuestos generales del Estado, bien una moción de confianza o bien convocatoria de elecciones si esto sucede varios años seguidos, recordando que actualmente están prorrogadas las cuentas aprobadas en 2022 para 2023. E igualmente quiere llevar a cabo una reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal para preservar las instituciones de la «contaminación política y el manejo del Gobierno», estableciendo, por ejemplo, que hayan tenido que pasar mínimo cinco años sin cargo público en ninguna administración pública para incorporarse a la Fiscalía, al TC, al CGPJ o al Banco de España, entre otras instituciones del Estado.

Indicó que están analizando las leyes aprobadas una por una «para su derogación», y entre esas cosas que pretende llevar a cabo los primeros meses en el poder es «reponer la igualdad de los ciudadanos ante la ley». Calificó, en este sentido, de «inaudito» que este martes la Abogacía del Estado y la Fiscalía General, que defendieron en el Supremo la unidad nacional y acusaron a los líderes del procés, se hayan convertido «en los abogados defensores del procés en Europa».

Por otro lado, Feijóo quiere aprobar un plan de vivienda. «Tenemos 600.000 viviendas acumuladas de déficit y unas 150.000 de déficit anual de construcción de las mismas», explicó. También en materia económica, señaló que, ante las 97 subidas de impuestos que ha aplicado el Gobierno de Sánchez, pretende llevar a cano una «auditoría impuesto por impuesto para ver si son razonables». Criticó que por primera vez no se haya deflactado la tarifa del IRPF para «adecuarla a la inflación» y que el SMI pague impuestos. «Los españoles hemos perdido poder adquisitivo y hemos ampliado la brecha de la renta per cápita media con respecto a la UE un 15 %», dijo cuestionando, como dice el Ejecutivo, que la economía vaya bien. Y, por otro lado, apuntó la necesidad de un Plan Nacional del Agua.

Habló también de desarrollar una política migratoria, que a su juicio hoy no existe en España, pese a que este es el país en que, según denunció, más inmigración irregular entró en 2023 y 2024, a la espera de conocer los datos de 2025. Y cree, además, que estas políticas deben ser de Estado. «Tenemos una política migratoria europea, tenemos muy claro que aquí se viene a trabajar y a insertarse en la población española, y los que no se insertan en la población española y no vienen a trabajar no les podemos admitir. Un inmigrante irregular que delinque en España tiene que ser deportado de forma inmediata. Un señor que está de forma irregular además si delinque, comprenderán que no cabe más que la deportación y la expulsión del país», sostuvo Feijóo.

El presidente del PP pretende también «clarificar» la política de defensa y hacer que España vuelva a ser «un país fiable». A su juicio, nuestro país no lo es porque, entre otras cosas, «ha roto un principio básico», al firmar y acordar en la cumbre de la OTAN e incumplir lo acordado, en relación al gasto en defensa.

Por otro lado, aboga por impulsar una ley de lenguas. «Tenemos una lengua oficial, con 600 millones de hablantes en el mundo. Es necesario que al menos las sentencias del Tribunal Supremo y las de los tribunales superiores de Justicia, cuando agotan agotan la vía jurisdiccional, se cumplan en las comunidades autónomas bilingües», expresó ayer. En su ponencia política, los populares se comprometen a asegurar que en la legislación nacional se garantice el aprendizaje del español en todas las etapas y el derecho a usarlo y defienden un «bilingüismo cordial que busque la convivencia equilibrada» entre las lenguas cooficiales en sus territorios.

E igualmente quiere aprobar la veintena de leyes que han recibido luz verde en el Senado y, sin embargo, como han venido denunciado, están bloqueadas en el Congreso. Entre ellas, la de la ley antiokupación, que, según explicó Feijóo, cuenta con votos suficientes para su aprobación pero como el Gobierno no quiere que salga adelante «la bloquea» en la Cámara Baja.